En los tiempos que nos ha tocado vivir, la naturaleza nos está obligando a que nos planteemos una verdadera reorientación en la manera de concebir y utilizar los recursos hídricos. El delicado balance hídrico que hemos presenciado a lo largo de la historia es ahora más precario, y las situaciones de escasez y sequía se suceden, agravadas por el cambio climático. Esto ha hecho que nos veamos en la necesidad de dar un giro a la planificación hidrológica y también apreciar al máximo el valor ambiental de nuestros recursos, tan vitales en todos los aspectos de la vida.
Poco a poco, nos hemos concienciado sobre la necesidad de salvaguardar el medio ambiente de manera sostenible, para crecer sin sobreexplotar los recursos y avanzar sin desestimar la huella humana que producen nuestras acciones.
El agua es, sin duda, uno de los recursos naturales más vitales para la subsistencia de todos los sistemas naturales, y a la vez más frágiles, dada su limitada disponibilidad y calidad y estado requeridos para todos sus usos, incluido el medioambiental.
España cuenta con una larga tradición en planificación hidrológica y, además, con una gran capacidad hidráulica, pero debido a la gran variabilidad temporal y espacial de la distribución de los recursos, hemos vivido dificultades en abastecer las demandas racionales. Desde siempre y debido a la escasez aguda presente en ciertas zonas, hemos estado fuertemente implicados en la gestión del agua e invertido grandes sumas económicas, tradicionalmente en infraestructuras, como presas y embalses, para lograr el máximo aprovechamiento del agua.
Antes de los años ochenta, la planificación se basaba en la construcción de obras hidráulicas y su explotación, y el agua se concebía como un recurso ilimitado. Con la entrada en vigor de la Ley de Aguas en 1985, la planificación se comenzó a percibir de manera diferente y no sólo como un catálogo de obras. Surgieron nuevos principios de protección del medio ambiente, de los recursos hídricos y su racionalización. Con el tiempo, se fueron consolidando las Confederaciones hidrográficas y surgieron los Planes Hidrológicos de Cuenca (Real Decreto 650/1987) y el Plan Hidrológico Nacional.
La participación pública se perfilaba como un elemento a tener en cuenta en la planificación, aunque no se integraba a toda la sociedad plenamente en el proceso.
Aumento de la demanda
Surgieron problemas territoriales y se acentuaron las diferencias de los recursos disponibles en nuestra geografía debido al aumento de la demanda en las zonas de auge con fuerte desarrollo económico y urbanístico. En 1998, se aprobaron los primeros planes hidrológicos de cuenca con carácter normativo, vinculante y público. A pesar de su amplio contenido y de su desarrollo, se han considerado en los últimos años algo limitados, para afrontar los retos hídricos actuales y futuros, y las nuevas exigencias introducidas por la Directiva Marco Europea del Agua (DMA).

El desarrollo y la entrada en vigor del Plan Hidrológico Nacional de 2001 provocaron una serie de intensos enfrentamientos, cuestionándose sus resultados y causando una división política y social que continúa hasta el presente. La falta de participación pública directa y de implicación social en la toma de decisiones fue una de las mayores críticas. Estos problemas y la entrada en vigor de la Directiva Marco han recalcado la necesidad del desarrollo de un nuevo ciclo en la planificación hidrológica con un mayor peso de las administraciones autonómicas.
La DMA supone un avance político común en la protección de todas las masas de agua continentales y costeras de ámbito europeo, ya que establece, para todos los Estados miembros, un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y defiende, como prioridad y objetivo fundamental, alcanzar el buen estado de las aguas para el año 2015.
Las jornadas que organiza EXPANSION introducirán los ejes de la nueva política y detallarán las próximas etapas para que el nuevo ciclo de la planificación hidrológica sea una realidad.