El proyecto de Informe Camps, presentado recientemente en Bruselas, nos convierte en portavoces de las necesidades hídricas de las regiones europeas, contribuyendo así a la confección de una nueva política europea del agua. Se trata de una tarea complicada teniendo en cuenta las distintas situaciones en que se encuentran las regiones del Norte y del Sur de Europa, pero también de una gran oportunidad para compartir nuestra experiencia y los principios esenciales sobre los que consideramos se ha de construir una política común y eficaz frente a la escasez del agua y la sequía que amenazan al territorio europeo, especialmente al Sur. En lo que ha constituido un primer paso en el proceso de debate, el Consell ha trasladado al Comité de las Regiones sus principales propuestas para la elaboración de esta nueva política. Por un lado, el establecimiento de medidas de eficiencia máxima en el uso de los recursos hídricos, complementadas con infraestructuras adicionales de oferta de agua cuando aquéllas no resuelvan la situación de escasez, basadas en la solidaridad territorial, como los trasvases. Propiciar que las instituciones europeas sigan contemplando los trasvases como una opción real complementaria a las políticas de ahorro de agua significa aspirar a que estas infraestructuras sigan optando a financiación comunitaria como actualmente ocurre con el trasvase Júcar-Vinalopó o como estaba previsto para el Trasvase del Ebro. Por otro lado, la necesidad de la cooperación europea Norte-Sur pues la sequía en el Mediterráneo es la otra cara de la moneda de las inundaciones en Europa Central y del Norte, fenómenos directamente vinculados al cambio climático. Además, con este informe se ha querido abrir el debate del coste del agua con el fin de adaptarlo a su escasez y a su condición de recurso básico para el desarrollo económico; así como avanzar una serie de propuestas más concretas como la creación de un instrumento financiero específico europeo para el agua y de un Observatorio Permanente de la Sequía, y la extensión de la aplicación efectiva del Fondo Europeo de Solidaridad a las situaciones de sequía catastróficas. La Comunidad Valenciana está apostando por dibujar las líneas de una política europea del agua que aglutine los mecanismos que sirvan a todas las regiones europeas para gestionar el riesgo de sequía, siempre desde un prisma de prevención para así evitar tener que gestionar crisis profundas de sequía.