Entre los objetivos de la nueva empresa figura la gestión y explotación del abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos, saneamiento, evacuación y depuración de aguas residuales, y la regeneración de éstas para su uso directo o indirecto.

Asimismo, Sagapyr se dedicará al suministro de agua para usos agrícolas e industriales, a la potabilización, desalinización y captación de aguas de dominio hidráulico o marinas; y a la realización de estudios y proyectos y la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y limpieza viaria, así como recogida, tratamiento y recuperación de residuos. Según Marina d'Or, «el propósito de Sagapyr es participar en las convocatorias de ayuntamientos y entidades públicas dedicadas a la adjudicación de abastecimiento de agua potable, así como los concursos de recogida y tratamiento de residuos». De este modo, el grupo castellonense inmobiliario entra en competencia directa con la empresa Facsa, que gestiona de forma mayoritaria el negocio del agua en Castelló y que también participa, a través de una filial, en la compañía Aguas de Valencia.

Además, se da la circunstancia de que Marina d'Or y Facsa mantienen un enfrentamiento, tal como publicó ayer Levante de Castelló . En concreto, Facsa ha advertido que podría ejercitar acciones legales contra la concesión del suministro de agua a Marina d'Or en una urbanización de Cabanes, concesión que se consumó el jueves en el pleno del ayuntamiento de dicho municipio.

Facsa es la actual concesionaria de la gestión del servicio público de abastecimiento en todo el término municipal de Cabanes, en virtud del contrato suscrito con el ayuntamiento en 1975, que le encargaba el servicio por un plazo inicial de 50 años (hasta 2025), prorrogable en plazos de cinco años.

El conflicto llega con la aprobación del plan parcial del sector Torre la Sal, cuya viabilidad la Conselleria de Territorio y Vivienda supedita a la construcción de una desaladora que garantice el aporte hídrico necesario. Esta desaladora correría a cargo del agente urbanizador -Marina d'Or-, y es imprescindible, pues en el marco de la legislación urbanística vigente no se pueden conceder las licencias si no se garantiza previamente la disposición de los recursos hídricos suficientes.

Sin embargo, hacerse cargo de esa desaladora no significa que haya de asumir el servicio de abastecimiento, algo que Facsa ha calificado de «barbaridad jurídica».