Apenas veinticuatro horas después de que el Papa Benedicto XVI lanzara ante medio millón de jóvenes, en la localidad italiana de Loreto, un firme alegato contra la «degradación irreversible» que sufre nuestro planeta, el Príncipe de Asturias manifestaba ayer que «entre las zonas áridas y la pobreza existe una correlación que es necesario mitigar» con una buena gestión «de los bosques, del acceso al agua y de la migración».

El cambio climático, la desertización y la degradación de la Tierra van calando hondo tanto entre la población como en las instituciones. Don Felipe y Doña Leticia, que retomaba sus actividades oficiales, asistieron a la apertura en Madrid de la octava Conferencia de la ONU de Lucha contra la Desertización, que reúne hasta el próximo día 14 a cerca de dos mil delegados de 191 países. El Príncipe de Asturias se mostró muy interesado por los trabajos para «proteger nuestro medio ambiente natural, y por el desarrollo sostenible de nuestros países y sociedades, que contribuye a la lucha contra la pobreza».

Un problema global El problema de la desertización afecta directamente a más de 200 millones de personas en todo el mundo, y a cerca de 2.500 de manera indirecta, un tercio de la población del planeta, que habita en el 41,3% de la superficie terrestre, afectada por la desertización. Los delegados reunidos en el Palacio de Congresos de Madrid debatirán estas dos semanas sobre las prioridades para resolver el problema y tratarán de adoptar un «plan estratégico» a desarrollar en diez años con el fin de combatir el problema con metas y plazos concretos. La desertización afecta no sólo a África, sino también a Asia central, Australia, Hispanoamérica y la cuenca mediterránea. La Convención de la ONU ha evaluado el coste económico del problema en unas pérdidas anuales de 47.600 millones de euros, teniendo en cuenta que e fenómeno obliga a grandes masas de población a emigrar. Naciones Unidas estima que durante la próxima década más de 50 millones de personas tomarán el camino de la emigración.

Esta cita de Madrid es la octava conferencia de los 191 países firmantes de la Convención para la Lucha contra la Desertización (UNCCD, en sus siglas en inglés), adoptada en París en junio de 1994 y que entró en vigor dos años más tarde. Como contrapeso a las esperanzadas declaraciones institucionales de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, sobre las buenas perspectivas de trabajo que marcan la reunión, el medio centenar de organizaciones ecologistas presentes en la cita mostraron sus dudas al respecto, fundadas en el incumplimiento de acuerdos pasados. Cumplir los compromisos

Encabezados por Adena, los ecologistas hicieron pública ayer una nota en la que exigían «a los países firmantes que cumplan los compromisos ya adquiridos, diseñen y apliquen planes de acción efectivos e inviertan los recursos económicos necesarios para frenar los actuales procesos de desertización a nivel global».

También muestran su «profunda desconfianza por el pobre nivel de compromiso que muchos países han mostrado en este proceso». Las ONG, además, han solicitado «ser incluidas en las negociaciones de la Convención, para poder ser escuchadas y tenidas en cuenta».