La consejera de Medio Ambiente rechaza que la decisión de Narbona de aplazar la normativa afecte 'en absoluto' al desarrollo del Estatuto

sevilla. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, intervino ayer en la polémica surgida a raíz del anuncio de la ministra del ramo, Cristina Narbona, de retirar 'por falta de tiempo' hasta la próxima legislatura la reforma de la Ley de Aguas y aseguró que 'en absoluto' afectará a la transferencia de las aguas andaluzas de la cuenca del Guadalquivir recogida en el artículo 51 del Estatuto andaluz.

La ministra manifestó el pasado lunes que a estas alturas de la legislatura 'no hay ya tiempo' para 'plantear más proyectos de ley en el Parlamento', por lo que la reforma de la Ley del Agua, cuyo texto 'está muy avanzado', formará parte del 'compromiso' del PSOE de cara a la próxima legislatura.

Esta declaración ha motivado la reacción de las comunidades autónomas que esperaban que la reforma de la legislación vigente aclare el confuso debate territorial sobre las competencias de las aguas de las confederaciones hidrológicas, acrecentado tras la aprobación de diversos estatutos autonómicos, entre ellos, el de Andalucía.

Coves, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, garantizó que 'en absoluto' la retirada de la reforma afecta a la transferencia por parte del Estado de las competencias sobre las aguas que transcurren por la comunidad, en cumplimiento del nuevo Estatuto, y aseguró que el compromiso del presidente de la Junta, Manuel Chaves, sobre esta reclamación 'se sigue cumpliendo a día de hoy'.

Los grupos de la oposición desconfiaron de que el Gobierno cumpla con esta reivindicación de la comunidad andaluza. El presidente del PP-A, Javier Arenas, consideró que la decisión de retirar la reforma de la Ley de Aguas certifica el 'engaño' del PSOE sobre el traspaso de competencias en materia de aguas a las comunidades autónomas y, en el caso de Andalucía, criticó el 'discurso tramposo del PSOE, que ha recurrido a la retórica que es normal en Chaves para engañar a los andaluces'. Ayer, en la inauguración del curso político que el PP andaluz celebró en Nerja (Málaga) avanzó que, si gobierna, pondrá en marcha la ejecución de todas las infraestructuras hidráulicas previstas para Andalucía dentro del Plan Hidrológico Nacional.

Por su parte, IULV-CA exigió ayer a la Junta que 'obligue' al Gobierno a garantizar antes de que concluya la legislatura el traspaso de estas competencias. Para el diputado autonómico Ignacio García, el rango jurídico del Estatuto está 'por encima' de la norma que ha paralizado el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que esta razón 'debe ser suficiente' para su cumplimiento en la presente legislatura. También el PA mostró su 'total desconfianza' sobre la posibilidad de que el Gobierno y la Junta lleguen a un acuerdo. El secretario de Comunicación e Imagen del PA, Manuel Lazpiur, opinó que el 'problema' del Estatuto es que 'hace aguas'.

El borrador de la ley contó en su día con la oposición de la Junta de Andalucía porque otorgaba a las autonomías el 49 por ciento de la representación en las confederaciones cuando el Estatuto establece que las competencias sobre las aguas andaluzas del Guadalquivir serán exclusivas.