Más de medio centenar de municipios de la provincia de Alicante, en concreto 52, tienen un riesgo medio-alto de sufrir inundaciones a partir del próximo mes de septiembre, según la Conselleria de Gobernación. Por este motivo, está manteniendo varias reuniones con responsables de estas localidades «para informarles de las medidas que deben tomar y se les han dado unas indicaciones básicas para que puedan desarrollar sus propios planes municipales» de actuación, según el director general de Prevención, Miguel Espinosa. Todos los años se suelen producir dos o tres episodios de lluvias y crecidas extremas en la provincia por lo que es importante que cada municipio sea consciente del riesgo que sufre y esté preparado para afrontar una situación de inundaciones, bien directamente o por el desbordamiento de ríos o barrancos. Los expertos han logrado esquematizar y definir el comportamiento de estos episodios. En la memoria de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre el protocolo de actuación en caso de avenidas, describe la llamada gota fría como episodios lluviosos especialmente peligrosos, «puesto que descargan grandes intensidades de precipitación (superiores a 60 litros por metro cuadrado a la hora), en zonas muy localizadas, no muy extensas». El daño está muy focalizado, por lo que tiene un «gran potencial de afección en su tránsito próximo», evidentemente menor según se aleja de la zona. ¿Cuándo será? El problema que se encuentran los expertos metereológicos y los responsables de Emergencias es que son muy irregulares cuantitativa, espacial y temporalmente. Las autoridades sólo se atreven a pronosticar un lapso de cinco años entre cada episodio de mayor virulencia, aunque todos los años se producen «dos o tres episodios de lluvias y crecidas extremas», según la CHS. El catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante Antonio Gil Olcina aún va más allá y tiene determinado que Alicante ciudad sufre un episodio de inundaciones cada 19 años. El problema no es ir tachando hojas de calendario para saber si se va a producir una gran inundación, o no, sino que existen otras precipitaciones «no necesariamente torrenciales, pero sí con suficiente intensidad y duración que han llegado a producir inundaciones en extensiones más generalizadas», explica el organismo de cuenca del Segura. Sea por intensidad localizada o por duración temporal, la provincia siempre está en riesgo de padecer lluvias peligrosas en otoño. No toda. La Conselleria de Gobernación tiene controlado un mapa de riesgos de zonas inundables de toda la Comunidad Valenciana en el que se basa para mantener estos encuentros preventivos antes del otoño. En toda la autonomía son 542 localidades, según indicaron fuentes de la Conselleria de Gobernación. El propio Espinosa ha mantenido dos reuniones con representantes de las dos cuencas hidrográficas en las que se divide la provincia; Júcar y Segura. Son 27 las poblaciones que dependen de la Confederación Hidrográfica del Júcar que han entrado en esta ronda de contactos por su riesgo. Nueve poblaciones viven pendientes de las evoluciones del río Gorgos y los barrancos que desembocan en el Mediterráneo y que cruzan las comarcas de la Marina Alta y Marina Baja, entre ellas algunas tan importantes como Benidorm, Altea o Dénia. Las dos poblaciones más importantes de la provincia, Elche y Alicante, dependen de la evolución del río Vinalopó junto con otras seis. Alicante ya ha padecido en sus calles los destrozos de las inundaciones, pero con el plan antirriadas (que tuvo una inversión de 20 millones de euros en canalizaciones) esperan no volver a sufrir episodios similares. Pero, sin duda, la zona más expuesta es la Vega Baja. En ambos márgenes del Segura, las poblaciones tienen un riesgo medio o alto de sufrir problemas de inundaciones o de episodios torrenciales. Más en la zonas litorales, donde la proliferación de urbanizaciones ha limitado el desagüe de barrancos. La CHS está tramitando en la actualidad el protocolo de actuación ante situaciones de emergencia por avenidas en toda la cuenca. Este documento permitirá a las autoridades saber cómo actuar en estos casos, y contar con los instrumentos adecuados para movilizar las unidades necesarias en caso de intervención. Salió a licitación hace un mes por un importe de 117.000 euros aproximadamente. Quien se lleve el concurso dispondrá de cuatro meses para ponerlo en marcha. Las reuniones de Gobernación fueron meramente informativas, y con el objetivo de que los miembros de Protección Civil y las autoridades estén alerta. Ahora, sólo queda mirar al cielo y que éste sea compasivo.