La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró hoy, durante su visita a las obras de la planta desalinizadora de Torrevieja, que el Gobierno seguirá trabajando por los valencianos, "a pesar de todas las dificultades" puestas "en el camino" por la Generalitat.
Narbona se refirió así a la queja interpuesta por el Consell ante la Comisión Europea por una posible infracción del derecho comunitario en la construcción de esa infraestructura y a la orden dada por la Generalitat de paralizar las obras de la desalinizadora.
Destacó que la Comisión Europea no admitió a trámite la queja "porque no existe ninguna razón ambiental" y que el Tribunal Constitucional (TC) tampoco le dio la razón al Gobierno valenciano al apuntar que "no hay una imprudencia ambiental significativa" para paralizar la obra.
Anunció que su departamento utilizará "todos los cauces del Estado de Derecho" para que se autorice el vertido al mar de la salmuera procedente de esa infraestructura, después de que la Generalitat haya rechazado la autorización de vertido solicitada por la sociedad estatal ACUAMED.
La planta desalinizadora de Torrevieja, en fase de construcción, tendrá una producción anual de 80 hectómetros cúbicos de agua que se repartirán a partes iguales entre el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Este agua desalada permitirá abastecer a tres millones de personas en la provincia de Alicante y la Región de Murcia, al tiempo que asegurará los regadíos de 65.000 agricultores del trasvase Tajo-Segura.
Esta actuación, incluida en el programa A.G.U.A., supone una inversión de 215 millones de euros, de los cuales 55 estarán financiados con Fondos Europeos, mientras que los costes de operación y mantenimiento de la planta durante 15 años implicarán 82 millones de euros más.
El programa A.G.U.A. tiene por objetivo incrementar la disponibilidad de recursos hídricos y mejorar el saneamiento y depuración de aguas residuales, a través de la adecuación de las infraestructuras existentes y la apuesta por la desalinización, entre otras actuaciones.
En este sentido, Narbona se refirió al trasvase Tajo-Segura que, "en el peor momento de sequía, ha seguido funcionado en favor de los alicantinos", y reiteró que esa conducción, "gestionada por el Gobierno pensando en el interés de los ciudadanos de las cuencas del Tajo y el Segura", no tiene "fecha de caducidad".
Añadió que las Cortes modificarán el Estatuto de Castilla-La Mancha, en el que se fija el fin de ese trasvase para 2015, "en todo aquello que no se atenga al ordenamiento constitucional" y recordó que, según este ordenamiento, la gestión de la conducción corresponde "exclusivamente" al Gobierno.
Resaltó también la puesta en marcha del último tramo del Júcar-Vinalopó, un trasvase que dotará de hasta 80 hectómetros cúbicos de agua a los regadíos del Vinalopó.
Sobre la apuesta del Gobierno por la creación y desarrollo de plantas desalinizadoras, Narbona aseguró que las infraestructuras ubicadas en la provincia de Alicante han permitido "garantizar el consumo de agua a todo el mundo" durante el verano en "el peor año de sequía que ha sufrido España".
Durante su visita a la localidad alicantina de Guardamar del Segura para presentar la campaña informativa sobre la calidad del agua desalada, la ministra subrayó que este agua es de "magnífica calidad" y que "ya se está bebiendo en muchos hogares de Alicante".
Narbona afirmó que el agua obtenida en las plantas desalinizadoras está "totalmente controlada" y es "saludable", y destacó que "está disponible, llueva o no llueva".
La citada campaña informativa se desarrollará bajo el lema "El mar, fuente inagotable de vida" en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía entre el 8 de agosto y el 2 de septiembre, y permitirá el reparto de agua embotellada en cerca de 150 playas de estas regiones.