Dos años después de la contaminación por terbutilazina del embalse de Iznájar -que provocó que Salud prohibiera el uso de agua para consumo humano a unos 200.000 cordobeses-, las empresas gestoras del agua en la provincia han desarrollado una serie de medidas para evitar que se vuelva a producir un caso similar.

Entre esas medidas destaca un mayor control de la calidad del agua de los embalses, tal y como puntualizó la jefa de Sanidad Ambiental de la Delegación Provincial de Salud, María Teresa Gallego. 'Las gestoras tienen disponible en todos los embalses carbón activo y siempre lo tienen a mano para, en caso de necesidad, usarlo sin la menor dilación', sentenció.

Precisamente, el carbón activo fue hace dos años el remedio eficaz aplicado por la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) de la Diputación a la hora de bajar los niveles de la terbutilazina -plaguicida que se utiliza para tratar olivos- en el pantano iznajeño. En cinco días, y tras la aplicación del carbón, esos 200.000 cordobeses repartidos por los municipios del Sur cordobés pudieron volver a beber del que es el embalse más grande de Andalucía.

El control exhaustivo de todo el agua que se consume en la provincia se lleva a cabo a través del Sistema Nacional de Aguas de Consumo (Sinac), organismo que recibe el resultado de los análisis que los gestores realizan de ese líquido elemento para consumo. Para ello, el Sinac dispone de un sistema informatizado que identifica la calidad sanitaria de las muestras recibidas, así como de las infraestructuras de los sistemas de abastecimiento -desde la captación hasta la distribución del agua-, ya sea a través de las redes de distribución públicas o privadas, cisternas y depósitos móviles o fijos, y de los propios laboratorios que realizan el control. Tal y como destacó Gallego, Córdoba 'es la provincia que más adelantada está' en lo que respecta a ese envío de análisis de los gestores al Sinac, lo que redunda, según recalcó, en que en estos momentos la calidad de las aguas de los embalses cordobeses 'es buena, mejor que hace unos años y no presenta ningún problema'. Y es que la contaminación del embalse iznajeño disparó todo tipo de alarmas tanto en las empresas gestoras como en la propia Administración.

En un principio, la Dirección Andaluza de Salud Pública de la Junta solicitó a Emproacsa que intensificara los análisis para detectar la presencia de herbicidas en todos los sistemas de captación y abastecimiento de la provincia. El organismo del Ejecutivo regional instaba a la empresa provincial a que realizara cada 15 días análisis para detectar la presencia global de plaguicidas en el agua potable recordando que la suma de todas las sustancias herbicidas detectadas en el líquido elemento no puede superar los 0,5 microgramos por litro. Además, la petición de la Junta establecía también que la empresa provincial debería realizar análisis mensuales para detectar los plaguicidas de manera individual e insistía en que, según la normativa sanitaria vigente, un herbicida en solitario no puede superar los 0,1 microgramos por litro. De momento, todos esos controles se llevan a cabo periódicamente. También, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está poniendo los medios vigilantes para que no vuelva a ocurrir un caso similar al de Iznájar. El organismo regulador de la cuenca ha encargado varios estudios para determinar el efecto de los plaguicidas en los pantanos andaluces 'como base para la valoración de presiones e impactos' en el ámbito de actuación de la propia CHG.

Y es que al margen de esa contaminación de las aguas en Iznájar por terbutilazina, los responsables del organismo han reconocido en varias ocasiones que la presencia de plaguicida en las aguas almacenadas en Andalucía es un problema que hay que atajar. Hace apenas un mes, la Confederación encargó el último de estos estudios 'para el control intensivo de los plaguicidas en embalses con captaciones de agua para consumo humano' a los Laboratorios Cavendish, que recogerán en un documento el nivel de contaminación de los embalses cordobeses durante un año, por lo que recibirán de la CHG una cantidad de más de 215.000 euros. En los últimos dos años, la CHG ha puesto en marcha tres estudios sobre plaguicidas en embalses, siempre con la finalidad de evitar un nuevo caso Iznájar. De hecho, este suceso suscitó un amplio debate político tanto en el Parlamento andaluz como en la Diputación de Córdoba, ya que la empresa provincial Emproacsa es la responsable en alta del líquido que sale del embalse de la comarca de la Subbética.

Las conclusiones de la comisión investigadora que se creó en la institución provincial ya avisaban de la necesidad de acentuar los controles sobre las aguas, sobre todo en los pantanos destinados para el consumo humano.

Córdoba 'es la provincia que más adelantada está' en lo que respecta al envío de análisis de agua al Sinac