The hydrological shortage
Mon, 11/06/2007
La conjunción de una población creciente, el aumento del nivel y calidad de vida y una cierta estabilidad de la oferta —todavía muy dependiente de factores climáticos cíclicos— han agudizado nuestro tradicional déficit hidrológico.
Pero, aunque en varias décadas se ha hecho poco por incrementar la oferta en términos de más capacidad de acumulación, ésta sí ha aumentado mediante la extracción de acuíferos subterráneos, con resultado de sobreexplotación y el consiguiente perjuicio ambiental.
Las exigencias europeas sobre calidad de agua muestran en España una realidad muy alejada de la UE, a pesar, incluso, del esfuerzo constructor en depuradoras durante los últimos años.
Por ello, el Gobierno calcula que serán precisos unos 20.000 millones de inversión en los próximos ocho años en depuración de aguas y mejora de ríos, cuadruplicando la inversión hecha entre 1995 y 2005.
Con tal argumento, el Gobierno intenta justificar una fuerte subida del precio del agua a través del canon de saneamiento y depuración de la misma, que en la actualidad cuesta unos 770 millones anuales. Pero el Ejecutivo yerra en la forma de afrontar el problema.
EL Gobierno debe financiar las infraestructuras mediante los múltiples impuestos, incluido el citado canon del 25% del precio del agua, cuya recaudación bruta habrá aumentado con el incremento del consumo. Además, Bruselas está dispuesta a financiar ciertos proyectos de relevancia ecológica con fondos europeos (unos 3.000 millones).
Dadas las limitaciones que conlleva la desalación —alto consumo energético, emisiones de CO2, un elevado precio de producción...— y la escasa aportación que un necesario aumento de la reutilización de aguas residuales puede hacer a la oferta, la solución pasaría por una mejor gestión de la demanda, mayor eficiencia en su uso y la consideración de los costes de oportunidad.
Por todo ello, es preciso que el precio del agua refleje sus costes, pero éstos deben responder a un criterio eficiente —no pretender aumentar exclusivamente el abastecimiento mediante desalación& 8212; y a una reconsideración de las dañinas subvenciones o transferencias a determinados usos del agua, como la agricultura.
Pero, aunque en varias décadas se ha hecho poco por incrementar la oferta en términos de más capacidad de acumulación, ésta sí ha aumentado mediante la extracción de acuíferos subterráneos, con resultado de sobreexplotación y el consiguiente perjuicio ambiental.
Las exigencias europeas sobre calidad de agua muestran en España una realidad muy alejada de la UE, a pesar, incluso, del esfuerzo constructor en depuradoras durante los últimos años.
Por ello, el Gobierno calcula que serán precisos unos 20.000 millones de inversión en los próximos ocho años en depuración de aguas y mejora de ríos, cuadruplicando la inversión hecha entre 1995 y 2005.
Con tal argumento, el Gobierno intenta justificar una fuerte subida del precio del agua a través del canon de saneamiento y depuración de la misma, que en la actualidad cuesta unos 770 millones anuales. Pero el Ejecutivo yerra en la forma de afrontar el problema.
EL Gobierno debe financiar las infraestructuras mediante los múltiples impuestos, incluido el citado canon del 25% del precio del agua, cuya recaudación bruta habrá aumentado con el incremento del consumo. Además, Bruselas está dispuesta a financiar ciertos proyectos de relevancia ecológica con fondos europeos (unos 3.000 millones).
Dadas las limitaciones que conlleva la desalación —alto consumo energético, emisiones de CO2, un elevado precio de producción...— y la escasa aportación que un necesario aumento de la reutilización de aguas residuales puede hacer a la oferta, la solución pasaría por una mejor gestión de la demanda, mayor eficiencia en su uso y la consideración de los costes de oportunidad.
Por todo ello, es preciso que el precio del agua refleje sus costes, pero éstos deben responder a un criterio eficiente —no pretender aumentar exclusivamente el abastecimiento mediante desalación& 8212; y a una reconsideración de las dañinas subvenciones o transferencias a determinados usos del agua, como la agricultura.