Sayago retomará el contacto con las distintas instituciones para conseguir que los ayuntamientos afectados por los embalses portugueses (Miranda, Picote y Bemposta) perciban una compensación económica, al igual que la reciben los municipios que cuentan con pantanos españoles en sus feudos y que, por tales ingresos, ven engordados de forma notable sus presupuestos hasta ser la envidia del resto.

En los cálculos estimativos que manejan, las empresas lusas deberían reportar a los pueblos ribereños cerca de dos millones de euros anuales, de los cuales la mitad correspondería a los núcleos zamoranos.

Es una iniciativa a la que retornan después de más de un año de esperar en balde una respuesta por parte de la Administración, y lo hacen convencidos de que la ocupación de las hidroeléctricas lusas deben compensar como toda Eléctrica, no sólo por los cuantiosos beneficios que genera la actividad, también porque consideran que sufren una clara desigualdad en relación a otros municipios afectados por ocupaciones similares.

Uno de los promotores de la iniciativa, Francisco Javier Álvarez, de Cibanal, señala que «se elaborará un dossier lo más completo posible y se remitirá a todos los organismos e instituciones para buscar el máximo apoyo» a lo que juzga como un derecho.

Sostiene que la compensación económica a los pueblos que han sacrificado parte de sus terrenos en aras a las hidroeléctricas no debe quedar ceñida únicamente a los embalsados españoles, y es un compromiso que también debe acompañar a las presas portuguesas.

La Comisión hispano-portuguesa creada para regular el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional del río Duero decretó, el 12 de febrero de 1958, «la necesidad de ocupar» parcelas de los términos municipales de Fornillos de Fermoselle (33,247 hectáreas), de Fariza (62,950), de Badilla (16,060) y de Torregamones (4,433 hectáreas).

La misma Comisión decretó el 23 de septiembre de 1963 la necesidad de ocupación de los predios de Fermoselle, de Pinilla y de Fornillos de Fermoselle que quedaban afectados por el embalse de Bemposta. Una superficie total que supera las 120 hectáreas.

En la gran mayoría de los propietarios la superficie ocupada no llegaba a una hectárea, pero destaca Elena Fermoselle e hijos, que entregó más de 24 hectáreas y también Elena Fermoselle Regojo con algo más de 8 hectáreas. Se trataba, según los datos recogidos en la relación, de terrenos de pastos con encinas y de olivar con encinas. Sólo en contados casos se ocupó zona de frutales, de huerta y de almendros.

Como ya había acordado previamente, en septiembre de 1960, la citada Comisión acordó entonces que la ocupación se hiciera «con carácter de urgencia, quedando entendido que las construcciones, plantaciones, labores, mejoras y explotaciones de cualquier género realizadas después de la fecha no podrán ser tenidas en cuenta para calcular el importe de las indemnizaciones».

Por decreto de 25 de abril de 1953 entró en vigor del Reglamento para la constitución de servidumbres, expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la realizar los aprovechamientos hidroeléctricos.

En dicha norma se habla de «la indicación del justo precio de la expropiación».

Las corporaciones de Villar del Buey, Fermoselle, Fariza, Torregamones y Villardiegua de la Ribera aprobaron en sesión plenaria, a finales de 2005 y principios de 2006, el dar traslado al Gobierno de la Nación de esta reclamación y pedían que «reconozca el perjuicio originado a los municipios como consecuencia de los acuerdos establecidos en los convenios hispano-lusos, claramente insolidarios con los municipios de la raya».

Las alcaldías pretenden, además, que se reconozca «la deuda histórica» y los municipios sean compensados «con carácter retroactivo». Su reclamación a la Administración y a las empresa hidroeléctricas es que busquen fórmulas de compensación y quede fijada, de una forma estable, «partidas presupuestarias correspondientes a Impuestos de Bienes Inmuebles e Impuestos de Actividad Económica».

Los afectados entienden que las poblaciones no deben quedar perjudicadas por los acuerdos hispano-lusos firmados a lo largo de las arduas y duras conversaciones mantenidas por ambos países hasta conseguir el reparto hidroeléctrico del Duero internacional.

Es una batalla que iniciaron hace más de diez años, cuando el Ayuntamiento de Villar del Buey, sabedor de las ganancias que proporciona el embalse de Almendra, exigió que también pagaran impuestos las presas portuguesas.

Desde entonces siempre se ha considerado de justicia que los municipios privados de terreno por exigencias de la expropiación para la construcción de las presas hidroeléctricas, tengan compensación por la actividad y la ocupación que registran.

Las corporaciones de los municipios se consideran con derecho a la compensación, de ahí la unanimidad a la hora de aprobar la petición. Y lo hacen conscientes de que habitan una zona fronteriza, necesitada de recursos para mantener la población, desarrollarse y prosperar.

Contentos y descontentos

Eduardo González Fermoselle, hijo de Elena Fermoselle, la familia fermosellana que más terreno cedió a la expropiación, señala que «fue un chanchullo completo y hubo falta de generosidad. Mi madre dio facilidades para la construcción y cedió dos kilómetros en la margen del río Duero que fueron utilizados para echar los escombros. En la zona pusieron una bomba de bombeo y se la llevaron luego, que podían haberla dejado».

Otros afectados recuerdan que la empresa «pagó por árboles» y sostienen que lo hicieron con sobranza, «a 150 ó 200 pesetas por ejemplar», sin escatimar que fueran, en algunos casos, brotes que no tenían ninguna producción. «Lo más pagado eran las higueras» precisan.