Un tercio de los regadíos y 12 millones de habitantes se abastecen de las aguas subterráneas en España, según explicó a Efe Fernando López Vera, coordinador del Grupo de Trabajo del Agua Subterránea de la Universidad Autónoma de Madrid.
Además, Lopez Vera indicó que, según el Ministerio de Medio Ambiente, son cerca de un millón los pozos de los que se extrae agua de una forma "irregular" o "no controlada", aunque aseguró que "eso no quiere decir que se extraiga de forma ilegal".
En volumen, el agua extraída de forma "irregular" equivaldría al torrente necesario para abastecer a una ciudad de gran tamaño durante todo el año.
Esta extracción masiva -explicó- lleva a muchos acuíferos a un estado de sobreexplotación, con todos los efectos negativos que esto conlleva: descenso del nivel freático con la consiguiente desconexión con la red superficial, encarecimiento de la extracción, disminución del caudal de los pozos o salinización de los acuíferos con pérdida en la calidad de las aguas.
Según el catedrático de Hidrogeología, la sobreexplotación de los acuíferos, "que tiende a aumentar", es una situación heredera de la Ley de Aguas de 1879.
Esta ley establecía que las aguas subterráneas eran de carácter privado, de manera que "todo el mundo podía perforar pozos".
Este problema intentó subsanarlo la Ley de Aguas vigente, de 1985, que estableció que las aguas del subsuelo eran públicas pero respetó los derechos adquiridos con anterioridad.
La medida provocó, según López Vera, "una gran confusión administrativa", puesto que comenzaron a gestionarse aguas con dos consideraciones diferentes: "pública y privada".
Además, "algunas confederaciones hidrográficas no han llevado un control adecuado de estas aguas", comentó.
Para el profesor de la UAM la solución pasa por un mejor control y gestión de las aguas subterráneas, que tiene que ser "compartida entre la administración y los propios usuarios".
La "mayor dificultad" de esta gestión compartida estriba en que, a diferencia de las comunidades de regantes, que extraen el agua de una toma única (un canal o un embalse), los usuarios de aguas subterráneas disponen de miles de tomas distribuidas por una gran superficie del territorio, lo que dificulta el control por parte de la Administración.
Según López Vera, medidas como la gestión compartida han sido abordadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el borrador de reforma de la Ley de Aguas, que "aunque ya está elaborado, no llega al Parlamento".
"En torno a las aguas subterráneas existe mucha incertidumbre, por lo que administración, ecologistas y usuarios están de acuerdo en que es un problema que hay que resolver", dijo López Vera.
El investigador afirmó que lo fundamental es "regularizar los usos regularizables", siempre que no haya impactos ambientales o perjuicios a terceros, y aplicar la ley en la extracciones "claramente dolosas".
Tanto es así que "voluntariamente algunas comunidades de regantes están dispuestas a reducir la superficie de regadío y a establecer controles para tener una garantía de suministro", añadió.