Grants given due to last Ebro overflow will be paid from next 18th May

Wed, 09/05/2007

Europa Press

(EUROPA PRESS) -

Las indemnizaciones por la última riada de Ebro comenzarán a pagarse el próximo 18 de mayo, según explicó hoy el consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno aragonés, Gonzalo Arguilé, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se aprobó un decreto ley por el que se establecen las medidas urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en Aragón por las tres avenidas del Ebro que tuvieron lugar en la última semana de marzo y la primera de abril.

El Ejecutivo, a través de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito, destinará seis millones de euros para sufragar la ejecución de las actuaciones que deben acometerse, cinco a través del Departamento de Agricultura y uno a través del de Medio Ambiente, precisó el consejero Arguilé.

El responsable del Departamento de Agricultura anunció que ya está preparada la orden que va a desarrollar el decreto ley aprobado hoy, que se publicará el 14 de mayo, lo que permitirá hacer efectivas las ayudas una vez que el próximo 18 de mayo hayan terminado los trabajos de evaluación de los daños que se están haciendo "propiedad a propiedad".

Gonzalo Arguilé aclaró que todos los agricultores van a recibir ayudas, también aquellos que no tenían suscrito un seguro, aunque a estos últimos se les pedirá que se comprometan a hacer el seguro el año que viene. Según precisó, los agricultores asegurados y aquellos que el año pasado sí tuvieron un seguro recibirán una indemnización por el 80 por ciento del margen bruto de la cosecha, mientras que los que no tienen seguro por decisión propia o porque poseen un cultivo que no se asegura percibirán el 60 por ciento.

Arguilé indicó que cuando se produjeron las avenidas del Ebro no había finalizado el plazo para asegurar los cultivos y por eso se indemnizará con el mismo porcentaje a los que ya habían hecho el seguro para este año y a los que lo hicieron el año pasado.

Estos últimos serán indemnizados por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), mientras que las que sí tenían el seguro hecho recibirán la indemnización de la Agrupación Española de los Seguros Agrarios Combinados, AGROSEGURO S.A. Si esta entidad no paga el 80 por ciento del margen bruto de la cosecha, el Gobierno de Aragón asumirá el porcentaje restante para alcanzar esa cifra.

Gonzalo Arguilé precisó que de las 19.210 hectáreas afectadas por la riada, 15.000 estaban cultivadas, y de ellas unas 3.500 son de cereales de invierno, asegurados en un 90 por ciento, y más de 9.000 de alfalfa, planta que no se puede asegurar hasta que no adquiere vuelo, es decir, comienza a levantarse del suelo.

AYUDAS PARA LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras dañadas por las riadas también recibirán ayudas públicas. El Gobierno de Aragón y el Gobierno central están reparando las infraestructuras públicas de riego. SIRASA, dependiente del Departamento aragonés de Agricultura, de las ubicadas en el tramo del Ebro que va de Zaragoza hasta Novillas, y TRACSA, dependiente del Ministerio de Agricultura, del tramo que discurre entre Zaragoza y Escatrón.

Ambas administraciones darán también ayudas de hasta el 60 por ciento para los gastos de restauración de parcelas agrícolas y de las infraestructuras permanentes de las explotaciones agrarias. El 40 por ciento restante de las reparaciones podrán recibir préstamos sin intereses gracias a un convenio que está previsto se firme entre el Gobierno aragonés y las entidades financieras. Las administraciones públicas también se van a hacer cargo del pago del gasto de la evacuación de 15.000 cabezas de ganado y su mantenimiento.

Gonzalo Arguilé mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzando con el Ministerio de Agricultura que permitirá que el gasto público se reparta a partes iguales entre la Administración General del Estado y la Administración autonómica, extremo que se plasmará en un convenio.

Además, el consejero precisó que tanto el real decreto aprobado hoy como el real decreto ley aprobado por el Gobierno central en Consejo de Ministros el 13 de abril declaran la riada como desastre natural lo que hace posible que los agricultores perciban ayudas directas.

RÁPIDA ACTUACIÓN

El consejero de Agricultura de Aragón estimó que se ha actuado "con rapidez e inmediatez" como era necesario puesto que la riada se produjo en una época del año en la que "las plantas despegan con velocidad".

Al respecto, comentó que hay agricultores que van a levantar la cosecha sembrada antes de la riada y van a plantar otra por lo que el Departamento está atendiendo con rapidez las 1.500 solicitudes de levantamiento de acta que plasme los daños sufridos, realizando hasta ahora 600 visitas.

El Gobierno de Aragón recordó hoy que el temporal de lluvia y nieve que tuvo lugar la última semana de marzo y la primera de abril, tanto en Aragón como en comunidades limítrofes, produjo el desbordamiento del río Ebro y algunos de sus afluentes, originando inundaciones en municipios afectados de la cuenca del Ebro.

La crecida trajo consigo la inundación de infraestructuras públicas y privadas, principalmente de riego, así como cuantiosas pérdidas en las explotaciones agrarias y daños al medio natural y a sus infraestructuras de gestión y uso público.

El consejero de Agricultura coincidió con los alcaldes de las localidades ribereñas del Ebro en que es preciso acondicionar el río Ebro para que cuando se produzcan avenidas ordinarias éstas puedan ser asumidas por el propio cauce del río sin afectar a la ribera.

APLICACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA

El vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, José Ángel Biel, precisó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ésta es la primera vez que el Ejecutivo autonómico utilizada la figura del decreto-ley, gracias a la entrada en vigor el pasado 23 de abril del nuevo Estatuto de Aragón.

El Estatuto establece en su artículo 44 que en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Ejecutivo autonómico puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley, que posteriormente, en el plazo de 30 días, debe ser ratificados por las Cortes de Aragón, lo que no impedirá que entre en vigor antes de esa ratificación.