Las confederaciones no incluyen medidas compensatorias para la restricción de los caudales en los planes enviados al Gobierno.
Los usuarios profesionales del agua denuncian que los proyectos no analizan el impacto económico.
LORENZO rAMIREZ. Madrid
Los Planes Especiales de Alerta de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía que las confederaciones hidrográficas han enviado al Ministerio de Medio Ambiente incumplen la Ley de Aguas, ya que no hacen referencia a las medidas compensatorias necesarias para paliar los perjuicios que ocasionan en las explotaciones agrícolas de regadío. La norma establece la necesidad de indemnizar a los usuarios afectados por estos planes, cuyo principal objetivo es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales derivados de la escasez de agua en las cuencas de los ríos.

Los documentos presentados por las confederaciones, que fueron remitidos a los Consejos del Agua de cada cuenca entre los días 12 y 14 de marzo de 2007, carecen de evaluación económica y son 'incompletos', según denuncian los usuarios profesionales de este recurso, fundamentalmente comunidades de regantes. De hecho, según explicó a EXPANSION el presidente de la federación que agrupa a este colectivo (Fenacore), Andrés del Campo, 'los planes carecen de los informes jurídicos, económicos, políticos y las reglas de explotación necesarias para abordar el problema de la sequía desde un punto de vista profundo y multidisciplinar'.
Los planes contemplan la definición de indicadores y umbrales de escasez de lluvias, programas de medidas a aplicar en relación con el uso del Dominio Público Hidráulico (DPH) según el estado de cada cuenca y la gravedad del periodo de sequía, así como un sistema de gestión y seguimiento de este fenómeno originado en el calentamiento global del planeta.
Pero los textos enviados a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no analizan los efectos de la aplicación de los planes en términos de coste beneficio sobre los usuarios profesionales del agua. Fenacore propone que se cuantifiquen las pérdidas que representa el 'lucro cesante para el sector agroalimentario y la sociedad' como consecuencia de las restricciones de caudales en etapas de sequía.
Las comunidades de regantes no critican la jerarquía que establece la Ley de Aguas entre todos los usos del recurso natural para fijar qué colectivo deberá cesar su utilización de agua en tiempos de escasez.
Otro de los problemas de los planes de las confederaciones es la sobrevaloración de los recursos. Los proyectos parten de una planificación hidrológica que utiliza una serie histórica de datos que comienza en 1940, por lo que no se valora el peso de la reducción del agua disponible en los últimos años. Los expertos consideran que se debería tomar como ejercicio de referencia 198 para optimizar la estimación de los volúmenes hídricos disponibles.
La sobrevaloración de los recursos, junto con el aumento de la demanda por el reconocimiento legal de los nuevos usos como el turístico podría ocasionar problemas de suministro y conflictos entre los afectados. Por otra parte, los usuarios profesionales consideran que las reformas estatutarias ponen de manifiesto la preocupación de las regiones para hacer más efectiva su participación en la gestión del agua asumiendo competencias estatales que no les corresponden, en lugar de ejercer plenamente su facultad: la gestión de la demanda, es decir, modernizar las redes de abstecimiento, rehabilitar regadíos y construir Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs).
Las confederaciones sobrevaloran los recursos, lo que puede generar problemas de abastecimiento
Nuevos protocolos de actuación
El Consejo de Ministros recibió el pasado 23 de marzo un informe de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sobre los planes de sequía elaborados por su departamento con los datos de las confederaciones. En el documento se detallan los protocolos de actuación ante un periodo de escasez de lluvias. La Oficina de Planificación Hidrológica de cada demarcación será la encargada de vigilar los indicadores de sequía. En caso de prealerta, el aviso se traslada a una Oficina Técnica, compuesta por expertos de la Administración. Superado el umbral de riesgo, la Comisión de Desembalse eleva a Moncloa la necesidad de que el Gobierno apruebe un Real Decreto de situaciones excepcionales.