Las presiones de las comunidades autónomas para conseguir una mayor cuota de poder y de representación en los futuros órganos de gobierno de las demarcaciones hidrográficas, con el objetivo de ejercer un control más eficaz sobre los ríos acorde con sus intereses políticos y territoriales, ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a aplazar hasta después de Semana Santa el Pleno del Consejo Nacional del Agua que debía aprobar, el próximo jueves, la nueva reforma de la Ley de Aguas.
Aunque la voluntad del departamento de Cristina Narbona es que esta reforma se apruebe por el Consejo Nacional del Agua antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas, de momento no hay fecha para volver a reunir a sus miembros. En este escenario preelectoral, el Gobierno no quiere crear más conflictos entre las comunidades, aunque no ha podido evitar que el borrador de la reforma haya suscitado discrepancias en varios gobiernos regionales.

Conflicto con los regantes

El Ministerio quiere introducir en esta reforma un «cambio radical en la concepción de los ríos, que ya no pertenecerán sólo de los usuarios, como hasta ahora, sino que pasan a ser patrimonio de todos los ciudadanos. Esto puede generar lógicamente algunos conflictos con los regantes, que son los principales usuarios, ya que consumen más del 70 por ciento del agua disponible», explican desde el Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido, el equipo de Cristina Narbona está manteniendo negociaciones con los representantes de los agricultores, además de los debates que se han planteado en la Permanente del Consejo Nacional del Agua. En los últimos días, precisan, han llegado a algunos acuerdos. Los regantes, sobre todos los del Sindicato del Tajo-Segura, no aceptan quedarse fuera del nuevo Comité de Autoridades Competentes de las futuras demarcaciones, que será el principal órgano de gestión. A los regantes no se les considera autoridades, puesto que no tienen competencia de gestión, razón por la cual a esta instancia sólo pertenecerán representantes del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Los agricultores han reclamado más tiempo para estudiar la amplia reforma y para coordinar su estrategia a nivel nacional entre las numerosas asociaciones y comunidades de regantes. Otra de sus quejas es el canon medioambiental que se quiere implantar y cuya cuantía no se ha fijado todavía, así como el incremento de las tasas de regulación y la creación de otras nuevas que a juicio de éstos encarecerán el precio final del agua.

Los mayores reparos, no obstante, los están planteamiento algunos gobiernos regionales, que quieren conseguir la mejor posición relativa en todos los órganos de gestión de las nuevas demarcaciones, aunque se trate de instancias con poca o nula capacidad de decisión. En este sentido, algunas comunidades cuyo territorio abarca la casi totalidad de una demarcación, como puede ser el caso del Guadalquivir, no entienden del todo que otras regiones limítrofes tengan también representantes en los órganos de gestión de este río.

El Guadalquivir dispone de 57.527 kilómetros cuadrados de cuenca, de los que 51.000 están en Andalucía, 1.411 en Extremadura, 4.100 en Castilla-La Mancha y 116 en Murcia. En otro caso, como el Castilla-La Mancha, el Gobierno de Barreda ha planteado que, además de la población y el territorio, se tenga en cuenta además los kilómetros de río que discurren por su comunidad a la hora de determinar su cuota en el Comité de Autoridades.

La reforma de la Ley de Aguas prevé que el Estado tenga la mitad más uno de los miembros de este órgano en cada demarcación hidrográfica, por lo que ninguna región tendrá capacidad de decidir. Sin embargo, y en aras al consenso y la cooperación, el Ministerio de turno siempre ha tenido en cuenta la opinión de los representantes autonómicos, y más a partir de ahora. Esto hace que, de hecho, las decisiones sí se vean condicionadas por las reivindicaciones territoriales.