España celebra hoy el Día Mundial del Agua bajo la influencia de la próxima reforma legislativa que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente para ceder a las comunidades autónomas capacidad de decisión en las confederaciones hidrográficas. El Gobierno quiere compartir así con los Ejecutivos regionales capacidad de decisión sobre un bien escaso que ha generado en los últimos años mucha crispación política, sobre todo a raíz de que en 2004 el Ejecutivo entrante decidiera suprimir el trasvase del Ebro y lanzar un plan de construcción de desaladoras en las islas, Levante y sur de la península. El Día Mundial del Agua se originó en 1992 durante la celebración en Río de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Desde entonces, el 22 de marzo quedó instaurado como Día Mundial del Agua.
El borrador de la reforma de la Ley de Aguas fue estudiado por la comisión permanente del Consejo Nacional del Agua el pasado martes, que lo ha remitido al pleno de este organismo para su análisis el próximo 29 de marzo. El objetivo de los cambios es modificar el régimen de las confederaciones hidrográficas para "establecer mecanismos de corresponsabilidad de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que son las administraciones que deciden cuánta agua se necesita en cada territorio, y así si la comunidad decide multiplicar por 20 sus campos de golf o por 100 el número de viviendas, eso significa una demanda de agua", según palabras de la propia ministra Cristina Narbona en la III Conferencia de Presidentes celebrada en enero. No obstante, el Gobierno cede a las comunidades capacidad para elaborar los planes de cuenca y sobre los bancos públicos de agua, aunque "la última responsabilidad de cualquier decisión en materia de planificación y de gestión sigue siendo y seguirá siendo absolutamente del Ejecutivo central". La pretensión del Ministerio de Medio Ambiente es crear un consejo supremo en las confederaciones hidrográficas, que pasarán a denominarse demarcaciones, y que contarán con representación de los municipios. El Gobierno se reserva el 51% de los votos en el organismo de cuenca y la representación de las comunidades será proporcional al número de personas que beban de ese río. Es decir, se pretende que por ejemplo Murcia tenga voto en las decisiones de la demarcación del Guadalquivir, pero que sea Andalucía la comunidad con mayor presencia a la hora de decidir. La reforma de la Ley de Aguas no se queda ahí. Además, el Gobierno quiere establecer que el agua desalinizada sea pública y que las infraestructuras que ejecuten las comunidades autónomas para extraer esa agua tengan el visto bueno del Ejecutivo central. Además, se quiere obligar a cerrar los pozos abandonados o en desuso y que el Gobierno tenga que autorizar su recarga. También se pretende cambiar el sistema de concesiones para la sobreexplotación de los acuíferos. Con los bancos de agua, que habrá uno por cuenca, el Gobierno central podrá realizar ofertas públicas de compra de derechos de agua para mantener el caudal de los ríos, cederlos a las comunidades, venderlos a otros usuarios o posibilitar trasvases. Medio Ambiente ha hecho de las desaladoras el eje principal de su política para solucionar el problema del agua en las cuencas mediterráneas. Alguna de las comunidades del litoral, como es Murcia, ha acusado a Narbona de mentir a los ciudadanos sobre el coste real del agua desalada. Esta comunidad sostiene que ni el agua es más barata en comparación con un eventual trasvase del Ebro ni las obras de las desaladoras previstas van a estar listas antes de que finalice la legislatura. Según los datos que maneja Murcia, las obras contenidas en el derogado Plan Hidrológico habrían estado terminadas en 2009 y el coste del agua hubiera sido de 0,32 céntimos de euro por metro cúbico mientras el de la desalada es de 0,50, a lo que habría que sumar el coste energético y el de las infraestructuras para trasladar el agua.
Veolia, Sando e Inipsa La inversión prevista en plantas desaladoras en esta legislatura (2004-2008) asciende a 1.945 millones de euros, que se inscriben en el desarrollo del Programa AGUA, lo que supondrá pasar de una capacidad de desalinización de 140 hectómetros cúbicos a más de 700 más allá de 2008. De esta cifra, en los años 2005 y 2006 se han puesto en marcha plantas desanilizadoras con una capacidad de 176 hectómetros cúbicos anuales y están en construcción otras con 135 hectómetros de capacidad. La última desaladora en ser adjudicada por Medio Ambiente ha sido en Almería (Campo de Dalías) y ha recaído en Veolia, Sando e Inipsa. El contrato incluye la construcción y la explotación de la planta por 15 años. pasa a página 4 viene de la página 2 El horizonte legislativo de los próximos años está marcado también por la Directiva Marco del Agua, que ha de estar traspuesta en 2010 y que obligará a España a subir el agua para que las administraciones españolas recuperen el 100% de los costes que supone extraer, depurar y abastecer con este recurso a municipios rurales y urbanos. El borrador de la reforma de la Ley de Aguas no recoge que ese incremento de costes vaya a tener que ser asumido por los ciudadanos (no se penaliza el consumo excesivo, como se barajó en un momento), aunque sí establece medidas para incrementar lo que pagan los titulares de las presas y los regantes. Para éstos últimos se crea una nueva tasa por prestación de los servicios de gestión, registro, control e inspección.
Esta idea no ha gustado nada a los regantes. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha advertido de que esta nueva tasa supondrá para los agricultores en torno a 30 millones de euros en su primer año de aplicación. El canon será de 0,0002 euros por metro cúbico consumido. La agricultura es el principal consumidor de agua en España, con el 63% de la demanda total, mientras que el doméstico representa el 25%. Según las cifras presentadas recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, a las Administraciones les cuesta llevar el agua a las ciudades y pueblos de España más de 6.300 millones de euros anuales, de los que solamente se recupera en torno al 80% de este coste por medio de cánones y tarifas. La Directiva Marco del Agua obligará en 2010 a recuperar la totalidad de los costes.
Hasta 3.200 millones de personas
Los problemas con el suministro de agua son de alcance mundial. El Grupo de Expertos de la ONU sobre el Cambio Climático (IPPC) auguran que el calentamiento de la Tierra provocará desajustes cuyos efecto será la escasez de agua para entre 1.000 y 3.200 millones de personas. Esta será una de las consecuencias del incremento previsto de entre 2 y 4,5 grados de la temperatura media de la Tierra respecto al nivel de 1990, de acuerdo con la última versión de trabajo del IPCC que se presentará en Bruselas en abril. Cientos de millones de personas se verán amenazadas por el aumento del nivel de mar y una quinta parte de la población mundial podría verse afectada por las inundaciones, de acuerdo con las conclusiones de este borrador del informe.
En el caso de Europa, los expertos prevén una disminución de los recursos de agua en los países del sur, lo que afectará a la producción agrícola, la de energía hidroeléctrica o la propagación de incendios. Para los países del norte, las lluvias podrían incorporarse del 10% al 20%, lo que provocará inundaciones frecuentes. Se trata de un nuevo informe del IPCC tras el que presentó a comienzos de febrero en París sobre la magnitud del cambio climático.