Los Gobiernos regionales tendrán representantes en la gestión
de las cuencas de forma proporcional
a su población

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió ayer que la nueva "tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua", que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas supondrá un coste anual de más de 30 millones de euros para el regadío español el primer año. Fenacore considera que esta nueva denominación es un "eufemismo" para rescatar la "controvertida 'ecotasa'", la cual rechazan.
Del Campo criticó la propuesta del ministerio de Medio Ambiente, incluida en el proyecto de Ley de Aguas, de gravar a los regantes con un nuevo canon de 0,0002 euros por metro cúbico de agua consumido al año, cuando, en realidad, esta tasa ya está incluida dentro de los costes del organismo de cuenca, presentada ayer en la reunión de Madrid del Consejo Nacional del Agua.
El borrador presentado por el Gobierno central sostiene que la nueva de Ley de Aguas cederá a las Autonomías una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel "claro" de arbitraje en los conflictos interterritoriales. De esta forma, Murcia tendrá representantes, en función de su población en la cuenca del Segura, y también en la del Guadalquivir.
Así lo manifestó el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en una rueda de prensa en la que explicó el borrador de la nueva Ley de Aguas, que el Gobierno someterá mañana al debate de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, y que pretende ser "una herramienta para la sociedad del nuevo milenio".

La ley garantiza que "nadie en España padezca el no tener agua que le permita llevar una vida digna", por lo se establece un suministro de agua potable de calidad mínimo de 60 litros por habitante y día, dijo.

El borrador establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, que es el órgano superior de dirección y cooperación de las demarcaciones hidrográficas, que es como se van a llamar las actuales Confederaciones Hidrográficas.

El Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aun no desarrollada.

También las corporaciones locales tendrán un representante en esos comités.

En atención a las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas, se crea una tasa para recuperar el coste de la prestación de ese servicio, que oscilará desde los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

Palop explicó que así se dará respuesta a la situación actual por la que "estamos pagando todos los españoles vía impuestos y algunas personas estén obteniendo beneficios de un agua que es de todos".

La nueva ley pretende resolver el problema de la seguridad jurídica de las más de 1.300 grandes presas que hay en España, para lo cual se establece la obligación de registrar todas aquellas que tengan más de cinco metros de altura o una capacidad de más de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas.

Se crea una tasa por clasificación y registro de 300 euros y otra por las actividades de control y vigilancia de la seguridad de la presa.

Palop matizó, que al margen de esas nuevas tasas, se mantiene el entramado que ya existe de tarifas, salvo las referidas a la recuperación de costes ambientales, que se introducirá a partir de 2010, de acuerdo con la normativa marco.

Otra de las novedades de la nueva Ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables, que realizarán las CCAA y los organismos de cuenca en un plazo previsiblemente de tres años.

Se creará una Conferencia Sectorial del Agua, que se complementará con un nuevo Consejo Nacional del Agua, distinto al actual, formado por asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales y representantes del mundo científico.

El borrador establece un Plan de Acción en materia de aguas subterráneas, de tal forma que se dará más competencias y más capacidad de actuación a las comunidades de usuarios.

Palop explicó que se trata de corregir una problemática que tiene mucho que ver con "un desenfoque legal", que ha generado que el 80 por ciento de esas aguas esté en manos privadas.

Agregó que, además, existen 450.000 expedientes de aguas subterráneas, cuya tramitación supondrá un coste de entre 15 y 20 millones de euros.

El representante del Ministerio aseguró que en el borrador "no se hace ninguna referencia a obras hidráulicas concretas ni a trasvases concretos".

En este sentido, y a preguntas de los periodistas, negó que la ley plantee una reserva de agua de 120 hectómetros para la provincia de Tarragona ni remite a la ley de 1981 que aprobó ese "minitrasvase del Ebro", con el consenso de todas las fuerzas políticas, según recordó Palop.