El Ministerio de Medio Ambiente presentó ayer al Consejo Nacional del Agua el borrador de la Ley de Aguas. Entre las principales novedades destaca la creación de tasas sobre el uso del agua y para los titulares de las presas. Los afectados por los nuevos gravámenes serán el sector hidroeléctrico y los regantes.
El director general del Agua, Jaime Palop, fue el encargado de explicar las principales novedades del borrador, que previsiblemente será elevado a Consejo de Ministros en el mes de abril. En su opinión, esta norma cambia por completo la legislación en materia de aguas y pretende acabar con la visión de que el agua es un recurso natural disponible e ilimitado "para el cual solo hace falta hacer infraestructuras".
A pesar de ello, el borrador establece por primera vez un mínimo de agua para residentes y turistas de 60 litros por día y persona, como principio ético. Este principio viene recogido en la Directiva Marco del Agua, que deberá estar transpuesta en 2010, en la que también se establece la obligatoriedad de que el precio del agua en España suba para que las administraciones recuperen el 100% de los costes derivados de extraer, depurar y abastecer de agua a los núcleos urbanos y rurales. Sin embargo, la repercusión de los costes no se hará finalmente en los ciudadanos, tal y como se preveía en un principio al no figurar en el borrador ninguna penalización por consumo excesivo o gasto suntuoso (llenado de piscinas o riego de jardines), y sí sobre las empresas, especialmente las hidroeléctricas, y los regantes, para los que se ha creado una tasa por la prestación de servicios de los usos de agua. "Con esta tasa se dará respuesta a unos gastos, a través de los que algunas personas están obteniendo beneficios de un agua que es pública, y que estamos pagando todos vía impuestos", dijo Palop. Esta tasa, que se impondrá sobre cualquier persona o empresa que capte aguas, ya sean superficiales o subterráneas, tiene una parte fija (33,5 euros por el título para captar aguas) y una variable con tres modalidades diferentes, según el uso que se haga del agua (energía hidroeléctrica, energía o refrigeración). A las empresas hidroeléctricas les obligará a pagar 0,0002 por cada kilovatio producido en régimen ordinario y 0,00013 euros en régimen especial, mientras que a los regantes les impone una tasa de 0,002 euros por metro cúbico de agua consumido. Para usos de refrigeración, el coste será de 0,0001 euros por metro cúbico. Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), calculó ayer que esta tasa supondrá un coste anual de 30 millones para el regadío y denunció que con este gravamen se rescatan las subidas del precio del agua que tanto Medio Ambiente y Agricultura se habían comprometido a no aplicar hasta 2010. Del Campo calificó la adopción de esa medida como inoportuna en un momento en el que el sector atraviesa graves pérdidas por la sequía. Según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente, los regantes consumen el 63% del agua en España, aunque tan sólo suponen el 20% de los costes de gestión y abastecimiento del agua.
Seguridad en embalses
La segunda tasa que contempla la ley pretende recuperar los costes que la Administración hace para el registro y control de seguridad de presas públicas y privadas, que a partir de ahora deberán ser abonados por los titulares de las que superen los cinco metros de altura o los 100.000 metros cúbicos de capacidad (unas 1.300, según Medio Ambiente).
La tasa será de 300 euros y servirá para sufragar parte de las tareas previstas en el programa de seguridad de embalses, que prevé un gasto cercano a 555 millones de euros entre 2006 y 2010 para las labores de conservación y mantenimiento, seguridad y planes de emergencia. El borrador de la ley también establece la ampliación de la zona de servidumbre de los ríos, de cinco a diez metros, y la obligación de que los promotores realicen un deslinde previo a las obras para demostrar que las construcciones no invadirán el dominio público.

Agua.
l El borrador incluye la creación de Bancos Públicos de Agua, que estarán tutelados por el Gobierno, a través de los que se podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de usos de agua, para asegurar su buen estado y la constitución de reservas.

Más poder para las comunidades.
Otra de las grandes novedades del borrador es que establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, que se convertirá en el órgano superior de dirección y cooperación de las demarcaciones hidrográficas, que es como van a pasar a denominarse las actuales confederaciones hidrográficas.
Las comunidades autónomas participarán en la gestión de las cuencas hídricas en función de su territorio y población en los futuros Comités de Autoridades Competentes que creará la reforma de la Ley de Aguas. Así, la Administración General del Estado tendrá la mitad más uno de los miembros de estos Comités, por lo que se respeta la competencia establecida en la Constitución en la que le corresponde al Gobierno la última palabra sobre los ríos que pasan por más de una comunidad. Por otra parte, las comunidades autónomas que forman parte total o parcial de una cuenca hídrica o demarcación hidrográfica tendrán un representante en el Comité de Autoridades Competentes, y su voto se ponderará entre 0,10 y 1, en función de su superficie y población. El director general del Agua, Jaime Palop, también anunció que se creará un nuevo Consejo Nacional del Agua, distinto al que existe en la actualidad, en el que tendrán cabida asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales y representantes del mundo científico.