El periodo de sequía que vive España desde 2005 el más grave registrado hasta ahora en el sudeste resulta muy útil para reconocer el verdadero valor del agua: nos ha enseñado que el agua es un bien escaso que hay que proteger si queremos que haya suficiente.
Numerosas voces internacionales tanto en la Declaración de Dublín de 1992 como en el II Foro Mundial del Agua del año 2000 exigen cambios rotundos en la política del agua para responder a exigencias ambientales, sociales y económicas.

En España se ha considerado el agua un bien básico, que debería ser, por lo tanto, prácticamente gratuito. Los sistemas de subvención y el diseño de las tarifas del agua han contribuido a consolidar este planteamiento. No obstante, los organismos internacionales y en particular la Comisión Europea impulsan una gestión del agua que entienda que poner a disposición de los ciudadanos y de las actividades económicas este recurso tiene un coste y que éste debe reflejarse en los precios. El desarrollo en España ha comportado una demanda creciente de servicios de agua suficiente y con la calidad adecuada. La Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea establece, en el horizonte fijado en 2010, que los Estados miembros establezcan tasas, tarifas u otros instrumentos para que el precio asignado a cada uso del agua cubra su coste y, además, incentive un consumo y una asignación más eficiente del recurso; ayude a la recuperación de la inversión y de los costes de operación y mantenimiento de las infraestructuras que garantizan su disponibilidad y calidad; y refleje los costes ambientales asociados a la escasez del agua.
Esta directiva marca el camino para que los países miembros establezcan las medidas concretas que consideren viables; por lo tanto, el principio general de repercusión de costes admite excepciones justificadas. En el caso de España, se deberán plantear algunas excepciones temporales en el ámbito de determinados cultivos agrícolas poco rentables.
Los especialistas apuntan que los precios realistas permiten al operador que gestiona el agua ser autosuficiente, aumentar su eficiencia y extender sus infraestructuras para dar mayor y mejor servicio. El equilibrio entre oferta y demanda es más sencillo con un sistema de precios adecuado, y asegura la sostenibilidad ambiental a largo plazo. La demanda de agua mejor dicho, la satisfacción de esta demanda en la economía tiene una serie de condicionantes.
El primero y más importante es la capacidad de los ecosistemas hídricos, para satisfacer las demandas de manera sostenida en el tiempo. Todo ello sin perjudicar el ecosistema, es decir, potenciando los denominados 'servicios ambientales' que, al contrario de los usos económicos, no están asociados a la modificación de la naturaleza, sino a su buen estado de conservación. La conservación del buen estado ecológico de los recursos hídricos es, precisamente, el objetivo principal de la Directiva marco del Agua.
El reparto
Para entender el caso español debemos tener en cuenta algunos datos. Del total de agua disponible, la agricultura usa el 63,3%; el sector industrial y energético, el 24,5%; y el consumo doméstico, el 7,8%. Por otra parte, en el periodo 1997-2003 el consumo de agua ha experimentado un crecimiento medio de un 8,1% siendo el uso doméstico el que mayor incremento ha sufrido en este periodo, creciendo en un 23%, mientras que los usos industriales y energéticos sólo han crecido un 10,8% y los agrícolas un 4,5%. En España se consumen en media 171 litros por habitante y día (son cifras del INE del año 2004), muy por encima de la cantidad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como óptimo y que se cifra en cien litros por habitante y día. Con este consumo, la OMS considera cubiertas todas las necesidades básicas de consumo y las higiénicas con un nivel suficiente de protección a la salud, a partir de las tecnologías eficientes hoy existentes.
Ante el reto de poner en marcha, conforme a la Directiva Europea, el principio de recuperación de costes, el Ministerio de Medio Ambiente entiende el agua en su triple valor: económico, social y ambiental y, como tal, todas las medidas deben incidir en ello.
El Estado debe asumir, con mayor racionalidad económica y sostenibilidad ambiental, las inversiones necesarias para garantizar este triple valor del agua, optimizando las infraestructuras existentes y mejorando su gestión.
Los precios actuales del agua no transmiten señales suficientes para incentivar un control de gasto por parte de los consumidores y de los que la utilizan como factor productivo. El recibo familiar en 2002 suponía una media de 102 euros por habitante y año, que equivale a un 1% del gasto de los hogares españoles. Es decir, una familia gasta en agua cinco veces menos que en teléfono móvil.
En la agricultura se situaba en 263 euros por hectárea al año, una media del 15% de los márgenes netos medios de los regantes.
Sin duda, al ser el gasto en agua una cantidad marginal en los presupuestos de las familias y de las empresas, el precio apenas actúa como incentivo para el ahorro y el uso racional. Por ello, son necesarias medidas adicionales, como el importante volumen de inversión pública destinada a la modernización de regadíos, o la regulación contenida en el Código Técnico de la Edificación (2006), que impone la instalación de tecnologías eficientes en el uso del agua en las nuevas edificaciones. No se trata, por tanto, de encarecer el agua hasta niveles inasumibles para las familias o para las actividades económicas. El precio del agua es una herramienta más para favorecer el uso responsable del agua; pero no la única. Junto con las actuaciones inversoras de modernización de regadíos ya mencionados prioritarias en el Programa A.G.U.A. , el Ministerio de Medio Ambiente considera imprescindible el esfuerzo de todas las Administraciones en la información y concienciación ciudadana sobre el valor del agua, así como la apuesta por la I+D+i en materia de agua, de forma que cada vez podamos disponer de más agua de calidad utilizando menos recursos superficiales y subterráneos, a partir de la depuración, reutilización y desalinización de agua de mar.