España no depura todas sus aguas. Solo uno de cada tres grandes municipios lo hace, incumpliendo el plazo fijado por las autoridades comunitarias, que establecieron el 31 de diciembre de 2005 como límite para transponer la directiva 91/271. Este texto fijaba la obligación de que todas las aglomeraciones urbanas que superaran los 2.000 habitantes en zonas de interior y las 10.000 en costeras depurarán sus aguas residuales desde el 1 de enero de 2006.
Tal y como reconoce Jaime Palop, director general del Agua, desde esa fecha España está fuera de la norma por lo que se le ha abierto un expediente sancionador y se le ha enviado recientemente una carta de emplazamiento, en la que se le exigía documentación para ver si se habían completado avances desde la apertura del expediente. Ante ese requerimiento, el Ejecutivo español ha contestado con un primer informe en el que intentan demostrar los grandes esfuerzos realizados en los últimos años. "En 1995 solo un 40% del agua que se vertía estaba depurada; ahora, con las actuaciones en ejecución, el porcentaje se eleva al 92%", asegura Palop. No obstante, reconoce que han pedido una moratoria de las sanciones hasta que no este culminado el nuevo Plan Nacional de Calidad de Aguas 2006-2015, cuyo primer borrador será enviado a las comunidades autónomas a lo largo de este mes, y que cuenta con un presupuesto inicial de 19.645 millones de euros. La moratoria no es un asunto menor, según Palop, ya que los países que han incumplido alguna vez una transposición de directivas (Francia, Grecia y España) se han enfrentado a fuertes sanciones económicas. El caso más representativo es el de Francia, acusado en 1991 de vender entre 1984 y 1987 peces más pequeños de lo permitido por la directiva que regulaba las capturas. Tras sucesivas inspecciones en los puertos franceses, la Comisión dictaminó que Francia seguía incumpliendo la ley, por lo que el Tribunal de Luxemburgo estableció el 12 de julio de 2005 una fianza de 20 millones de euros y una sanción de 320.000 euros diarios por cada día que se incumpliera la directiva. Por su parte, el vertido incontrolado de residuos le costó a Grecia una sanción diaria de 20.000 euros hasta que pusiera en práctica las medidas para evitar daños sobre la salud y el medio ambiente de la región de Chania. En el caso de España, la Comisión le impuso una sanción de 624.150 euros anuales por incumplir la directiva en materia de aguas de baño, que finalmente ha quedado en suspenso a la espera de que España demuestre que ha hecho los deberes en esta materia. No obstante, el expediente en el asunto de las aguas depuradas parece que no se va a resolver con tanta rapidez como el de las aguas de baño. De los 2.356 municipios que deberían contar con instalaciones de depuración, todavía hay 800 que no cuentan con ellos, y en algunos casos, como algunas localidades de Andalucía, el plazo fijado para su construcción no baja de ocho años. Por comunidades autónomas, solo hay tres (Navarra, Baleares y Madrid) que depuran la totalidad de sus aguas. Palop justifica este retraso por las peculiaridades geográficas y demográficas de España. "Tenemos, al igual que Inglaterra y Francia, un ámbito rural disperso, con poblaciones pequeñas que no pueden gestionar sus infraestructuras hidráulicas y que pagan un precio muy bajo por el agua que consumen. La puesta en marcha de las obras hidráulicas de saneamiento va a provocar una fuerte subida en la tarifa del agua en el ámbito rural", señala.