La mayoría parlamentaria aprobó esta tarde, en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, 20 propuestas de resolución que se incorporarán como anexo al documento de Bases de la Política del Agua de la Comunidad Autónoma en las que insisten en el derecho de Aragón a embalsar 6.550 hectómetros cúbicos y apuestan por el uso eficiente del agua.

Tras una sesión de más de tres horas, por la mañana, y una breve negociación por la tarde, la Comisión aprobó una propuesta de resolución de PSOE y PAR en la que establece que Aragón "tiene derecho previo y preferente al aprovechamiento de los recursos hídricos que discurran por su territorio, para lo que se estima necesaria una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos".

Otra propuesta señala que la Comunidad Autónoma debe ampliar las competencias en materia de aguas haciendo posible la ejecución de las inversiones y actuaciones que, fruto de la planificación estatal en materia de aguas, mediante convenio para las de titularidad estatal y respetando el principio de unidad de cuenca, se contemplen en los planes hidrológicos de las respectivas cuencas en las que se asienta el territorio aragonés.

La Comisión señala que la Comunidad debe ejercer las funciones de vigilancia y control de la calidad de las aguas y las de policía fluvial en los tramos de los ríos que discurren por el territorio aragonés, e impulsar en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración la reutilización de aguas residuales depuradas en las que la Comunidad tendrá preferencia en la asignación de usos de estos recursos.

Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente aprobó una propuesta de IU según la cual las Cortes consideran que las Bases posibilitan políticas de progreso y sostenibilidad medioambiental del recurso hídrico, marcan un nuevo horizonte en la gestión del agua y recogen una planificación de la obra hidráulica coherente con la previsión de necesidades sociales, económicas y ambientales que "reescriben" el Pacto del Agua de 1992.

Igualmente, consideran que el consenso, o el amplio y mayoritario acuerdo cuando no ha sido posible la unanimidad, ha sido un elemento importante y fundamental para convertir el agua en un asunto de interés general y facilitar la resolución de conflictos abiertos durante muchos años.

La segunda propuesta de resolución de IU también fue aprobada por la Comisión. Esta iniciativa pedía que se establezca un calendario que marque plazos claros y cercanos en el tiempo para la ejecución de todas las obras hidráulicas pendientes en Aragón y que acompañe a este calendario la correspondiente memoria económica.

Además, la Comisión aprobó 14 enmiendas de Chunta Aragonesista. Los nacionalistas apuestan por promover el uso eficiente del agua; salvaguardar el caudal ecológico de los ríos; crear una comisión mixta entre el Gobierno, la CHE y los Ayuntamientos para elaborar un catálogo de actuaciones; recuperar dominios hidráulicos en los núcleos urbanos para prevenir inundaciones; utilizar los residuos ganaderos como abono natural para cerrar el ciclo natural y revertir parte de los beneficios de los saltos hidroeléctricos a las comarcas afectadas.

También, proponen la pronta ejecución de los pantanos de regulación interna; elaborar una estrategia para el uso eficiente del agua en el sector industrial; establecer estrategias ante el envejecimiento de las redes urbanas de distribución de agua; situar el consumo de agua corriente por persona y día, en Zaragoza, en 270 litros; estudiar la influencia de los diversos usos del agua en el desarrollo rural; continuar la lucha contra la plaga del mejillón cebra y prevenir las avenidas de agua.

UNIDAD DE CUENCA

El documento de Bases de Política del Agua recoge el principio de unidad de cuenca como uno de los fundamentos de la política hidráulica de Aragón. Las Bases comienzan indicando que Aragón "y las otras comunidades autónomas con las que comparte recursos hídricos de unas mismas cuencas" tiene el derecho de disponer de ellos "en la medida requerida por sus respectivas necesidades de desarrollo y tienen la obligación de protegerlos y conservarlos".

Los recursos públicos a los que tiene derecho Aragón, según este documento, son "los que, fruto de una planificación democráticamente elaborada por las administraciones públicas contando con un amplio proceso de participación, están vinculados no sólo a las necesidades de agua de la población y economía aragonesas, sino también a la protección del medio acuático en el territorio aragonés".

Las Bases son el nuevo documento que recoge la planificación de la política del agua en Aragón y sirven para "dejar constancia" de todas las modificaciones que la sociedad aragonesa considere oportuno introducir. "El Pacto del Agua debe entenderse modificado de acuerdo con lo establecido en las presentes bases".

El documento, al igual que la normativa europea, señala que el agua y los sistemas acuáticos deben ser considerados como un patrimonio que debe protegerse; la planificación hidráulica debe realizarse de forma democrática y el principio de recuperación de costes y el de participación social deben ser garantía de un aprovechamiento sostenible del recurso. La aplicación de la Directiva Marco del Agua es "un elemento clave".

Las Bases señalan que "el regadío deben mantenerse como actividad para un desarrollo equilibrado de Aragón", aunque deben promoverse "otras formas de desarrollo rural menos consumidoras de agua, que permitan liberar recursos hídricos que puedan tener un aprovechamiento más productivo o que contribuyan a la mejora del medio acuático".

El texto apuesta por ejecutar el Plan Nacional de Regadíos, en lo que respecta a Aragón, de acuerdo con el calendario previsto, es decir, respetar el horizonte 2008, que las transformaciones pendientes se realicen "con la máxima rapidez posible".

La continuidad de la expansión del regadío después de 2008 debe llevarse a cabo, según el documento, con la participación de todos los implicados y priorizando criterios como el riesgo de desertización, la sostenibilidad social, territorial y medioambiental y la viabilidad socioeconómica.

Además, uno de los criterios fundamentales de uso del agua será la racionalidad, para lo cual la demanda que se haga debe respetar este principio. "Debe ser prioritaria la corrección de las situaciones de inadecuación en los usos del agua, mediante la aportación de recursos adicionales o mediante medidas de reducción y eficiencia del consumo".

Las políticas de gestión de la demanda "son necesarias", indican las Bases. A la vez, el documento se refiere a la demanda de agua para regadío y dice que "se considera preciso, en primer lugar, satisfacer adecuadamente y lo antes posible las demandas de los diferentes sistemas de riego mediante las acciones de regulación que sean necesarias". Se mantiene la reserva de 6.550 hectómetros de agua para Aragón