Paralysation in the Ebro plan created to mitigate drought
Mon, 13/11/2006
El Plan Ambiental del Ebro elaborado por el Gobierno de Aragón para minimizar el impacto de las crecidas sigue sin aprobarse casi cuatro años después de la última gran avenida. El Departamento de Medio Ambiente anunció la redacción de este documento en febrero de 2003, tras las inundaciones que obligaron a desalojar Pradilla. Sin embargo, sus responsables reconocen que las primeras actuaciones se pondrán en marcha, como pronto, a partir del 2007.
Durante la primera semana de febrero de 2003, todos los municipios aragoneses situados a orillas del Ebro vivieron pendientes del aumento del nivel del río. Las aguas alcanzaron una altura máxima de 5,73 metros, lo que hizo que numerosos diques reventaran anegando miles de hectáreas agrícolas y el casco urbano de Pradilla. Días después, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, anunció en las Cortes que se iba a elaborar un ambicioso proyecto para evitar que ese desastre volviera a repetirse. El propio Boné bautizó a esa iniciativa como Plan Ambiental del Ebro.
Según la información facilitada por la propia Consejería de Medio Ambiente, el documento persigue un triple objetivo: prevenir y minimizar los efectos de las riadas, favorecer el desarrollo socioeconómico de los municipios situados en zona inundable y proteger y mejorar los ecosistemas fluviales. Además de las riberas del Ebro -64.470 hectáreas-, el Plan también prevé actuar en el tramo bajo del Cinca -4.450 hectáreas entre la desembocadura del Alcanadre y la del Segre-.
En un principio se formó un grupo de trabajo en el que estaban representados varios Departamentos de la DGA, la CHE, la DPZ, las comarcas implicadas, la Universidad, el Instituto Pirenaico de Ecología... Sin embargo, la amplitud de las tareas hizo que se acordara por unanimidad contratar una asistencia técnica.
Los trabajos no salieron a concurso hasta un año después de las riadas, y fueron adjudicados a la consultora Ibérica de Estudios e Ingeniería (Iberinsa). La empresa los entregó a Medio Ambiente a comienzos de 2006, pero meses después el Plan sigue sin ser presentado o aprobado.
Según la DGA, los 47 tomos que componen el documento están siendo repasados con la Confederación -la titular de las competencias sobre el dominio público hidráulico- para ver si las medidas propuestas son viables y para estudiar cómo ejecutarlas.
El Departamento de Medio Ambiente siempre ha mantenido que la complejidad del Plan obligará a desarrollarlo en 15 años. En total, se proponen 87 actuaciones de todo tipo -deslindes, limpiezas de cauces, modificaciones en motas...- que se encuentran en fase de anteproyecto, por ni siquiera se han calculado el coste total de esos proyectos. En cualquier caso, se da por hecho que ascenderá a varios cientos de millones de euros.
Desde Medio Ambiente se recuerda que la mayoría de los trabajos propuestos son competencia del Gobierno central, que será quien deberá llevarlos a cabo -muchos podrían incluirse en el nuevo plan de cuenca-. En cualquier caso, asegura que el Plan no va a ser un brindis al sol.
Durante la primera semana de febrero de 2003, todos los municipios aragoneses situados a orillas del Ebro vivieron pendientes del aumento del nivel del río. Las aguas alcanzaron una altura máxima de 5,73 metros, lo que hizo que numerosos diques reventaran anegando miles de hectáreas agrícolas y el casco urbano de Pradilla. Días después, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, anunció en las Cortes que se iba a elaborar un ambicioso proyecto para evitar que ese desastre volviera a repetirse. El propio Boné bautizó a esa iniciativa como Plan Ambiental del Ebro.
Según la información facilitada por la propia Consejería de Medio Ambiente, el documento persigue un triple objetivo: prevenir y minimizar los efectos de las riadas, favorecer el desarrollo socioeconómico de los municipios situados en zona inundable y proteger y mejorar los ecosistemas fluviales. Además de las riberas del Ebro -64.470 hectáreas-, el Plan también prevé actuar en el tramo bajo del Cinca -4.450 hectáreas entre la desembocadura del Alcanadre y la del Segre-.
En un principio se formó un grupo de trabajo en el que estaban representados varios Departamentos de la DGA, la CHE, la DPZ, las comarcas implicadas, la Universidad, el Instituto Pirenaico de Ecología... Sin embargo, la amplitud de las tareas hizo que se acordara por unanimidad contratar una asistencia técnica.
Los trabajos no salieron a concurso hasta un año después de las riadas, y fueron adjudicados a la consultora Ibérica de Estudios e Ingeniería (Iberinsa). La empresa los entregó a Medio Ambiente a comienzos de 2006, pero meses después el Plan sigue sin ser presentado o aprobado.
Según la DGA, los 47 tomos que componen el documento están siendo repasados con la Confederación -la titular de las competencias sobre el dominio público hidráulico- para ver si las medidas propuestas son viables y para estudiar cómo ejecutarlas.
El Departamento de Medio Ambiente siempre ha mantenido que la complejidad del Plan obligará a desarrollarlo en 15 años. En total, se proponen 87 actuaciones de todo tipo -deslindes, limpiezas de cauces, modificaciones en motas...- que se encuentran en fase de anteproyecto, por ni siquiera se han calculado el coste total de esos proyectos. En cualquier caso, se da por hecho que ascenderá a varios cientos de millones de euros.
Desde Medio Ambiente se recuerda que la mayoría de los trabajos propuestos son competencia del Gobierno central, que será quien deberá llevarlos a cabo -muchos podrían incluirse en el nuevo plan de cuenca-. En cualquier caso, asegura que el Plan no va a ser un brindis al sol.