El nuevo decreto de demarcaciones hidrográficas presentado al Consejo Nacional del Agua recoge los principios de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló diversos preceptos del Plan Hidrológico del Júcar y posibilita la creación de una «nueva» Confederación Hidrográfica del Júcar en la que la Comunitat Valenciana perdería la posición mayoritaria que actualmente le corresponde por población y territorio en beneficio de Castilla-La Mancha, que podría reivindicar incluso la sede para Albacete.

cambios. La gestión del Júcar podría pasar a Castilla-La Mancha.

J. Sierra, Valencia

El borrador del Real Decreto sobre futuras demarcaciones hidrográficas presentado el pasado lunes a los miembros del Consejo Nacional del Agua obliga a la Generalitat Valenciana a asumir las competencias sobre los pequeños ríos y barrancos que nacen y desembocan dentro del territorio valenciano y posibilita la reivindicación de Castilla-la Mancha de crear una nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar en la que tendría una representación mayoritaria.

El borrador, que ahora debe ser revisado por los técnicos antes de su aprobación por el Gobierno, dejaría como exclusiva competencia de la Generalitat un gran número de pequeños cauces y los ríos Serpis, Palancia y Vinalopó, entre otros, cuyo peso en la aportación de recursos hídricos a la Comunitat Valenciana es mínimo.
Además, y pese a que formalmente podría mantenerse una única Demarcación Hidrográfica del Júcar con competencias reservadas para el Estado y que agrupara a los ríos Turia, Mijares y Júcar, la nueva organización que emanará del Real Decreto permite al Gobierno de Castilla La Mancha reivindicar una demarcación específica del río Júcar limitado a su cauce fluvial, sus afluentes y su cuenca vertiente y no como una delimitación administrativa tan amplia como la actual.
En el primer caso, según explicó Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), los vocales valencianos en el seno de la demarcación tendrían una mayoría «muy ajustada» fruto de una mayor peso territorial y poblacional en el conjunto de estas cuencas.
Sin embargo, «existe el riesgo», apuntó Juan Valero de Palma, de que desde Castilla-la Mancha se exija una demarcación exclusiva del Júcar «en la que tendrían una clara mayoría territorial y poblacional que se traduce en una mayoría también de vocales en los órganos de gestión del río Júcar».
Valencia capital quedaría fuera de esta delimitación y Albacete se convertiría, por población- del lado valenciano solo entrarían algunas poblaciones del Valle de Ayora-Cofrentes, Alzira y Cullera, como más relevantes-, en la ciudad más importante de la nueva demarcación. «De ahí a pedir la sede de la CHJ solo habría un paso y los valencianos habrían perdido el agua y también la gestión del río. Incluso cualquier recurso judicial contra las decisiones del organismo se fallaría en el TSJ de Castilla-La Mancha y no en el TSJCV», advirtió Juan Valero.
El secretario general de USUJ, que forma parte del Consejo Nacional del Agua, desveló que hace meses y antes de que el Ministerio de Medio Ambiente cambiara el borrador inicial de Real Decreto para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2004 que anuló diversos artículos del Plan Hidrológico del Júcar, advirtió a representantes del Gobierno de la Generalitat y de la oposición socialista de que Valencia podría perder su posición de dominio en el Júcar.
«Incluso ofrecí una fórmula legal: suprimir del nuevo Estatut el párrafo en el que se atribuye a la Generalitat la gestión de las cuencas internas. Si se renuncia a esa competencia, la gestión del Estado, de acuerdo al artículo 149 de la Constitución, se habría mantenido sobre todos los cauces haciendo inaplicable la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba los artículos del Plan Hidrológico del Júcar. Habríamos perdido unos barranquitos pero conservado el río en un contexto de territorialización creciente de los recursos hídricos en España», declaró.
La respuesta, según Valero de Palma, fue que el argumento era legalmente incuestionable pero «políticamente inasumible: nadie quería pasar como el proponente de una pérdida, mínima, de competencias que, sin embargo, hubiera garantizado el mantenimiento de la situación actual».
En la vigente estructura administrativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar la Comunitat representa el 90% de la población y algo más del 50% del territorio, lo que le otorga una mayoría en el tercio de vocales representantes de Comunidades Autónomas.
Valero de Palma advierte de otros problemas derivados de la nueva demarcación hidrográfica. «Si se llega hasta el final, en la nueva demarcación única las canalizaciones Júcar-Vinalopó y Júcar-Sagunto (cuenca del Palancia) requerirían de una ley aprobada en el Congreso para poder transferir agua entre cuencas distintas, un requisito que podría encontrar dificultades de tramitación y provocar nuevos enfrentamientos políticos y territoriales», afirmó.