El debate sobre el Tajo-Segura, que está monopolizando la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, dio ayer un nuevo giro de tuerca al proponer el PSOE que el trasvase deje de existir en el año de 2015. En concreto, planteó ayer al PP introducir en el Estatuto de Autonomía castellano-manchego una disposición en la que se establezca la disminución progresiva del agua que se trasvasa al Segura desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a partir de 2007 hasta su extinción definitiva en 2015.
Así lo expuso a Efe el portavoz parlamentario del PSOE, José Molina, al término de la reunión que mantuvo el grupo de trabajo formado entre ambas formaciones para negociar la reforma del Estatuto de Autonomía. La propuesta exige que los recursos hídricos que obtengan las comunidades del Levante español gracias a las nuevas infraestructuras proyectadas por el Gobierno central sustituyan progresivamente a los que ahora se trasvasan desde la cabecera del Tajo.
Asimismo, plantea la presencia con voz y voto de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión y la obligatoriedad de que el Gobierno regional emita un informe «preceptivo y determinante» antes de cualquier trasvase.
La propuesta, dijo Molina, busca también una mejora de las condiciones del río Tajo mediante la revisión del Plan de Cuenca en 2009, en la que se deben establecer medidas para garantizar la prioridad de la cuenca a la hora de disfrutar de los recursos.
En contraposición a esta propuesta, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dejó claro días atrás que el Gobierno central garantiza el agua a la cuenca del Segura y que, en todo caso, las «decisiones sobre los trasvases entre cuencas diferentes son y seguirán siendo objeto de decisión» del Estado, y no de las comunidades autónomas.
Ayer, el diputado regional del PP Leandro Esteban consideró que la propuesta del PSOE de poner fin al trasvase Tajo-Segura en 2015 «no es demasiado ambiciosa», aunque reiteró la voluntad de su partido de consensuar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Los populares castellano-manchegos pidieron tiempo para analizar la propuesta en profundidad, pero mostraron su sorpresa por la inclusión de la fecha de 2015, alejada, a su juicio, de las «declaraciones grandilocuentes» del PSOE y del Gobierno regional sobre la caducidad del trasvase.
Las reacciones desde Murcia no se hicieron esperar. Así el consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aseguró que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, «han pactado la caducidad del trasvase Tajo-Segura con la complicidad del secretario regional del PSOE, Pedro Saura». El consejero señaló que esta propuesta es «un paso más de la política anárquica a la que nos está sometiendo el Gobierno de Zapatero y de los pactos ocultos entre la ministra de Medio Ambiente y José María Barreda».
Además, Cerdá destacó «la complicidad y el servilismo de los socialistas murcianos» que, añadió, «dentro de este caos, paso a paso, han ido apoyando todas las iniciativas parlamentarias que, desde la derogación del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional, han puesto en cuestión el futuro del Tajo-Segura».
Cerdá insistió en que «el Gobierno de Castilla-La Mancha no puede poner fecha de caducidad a ningún trasvase, ni nadie puede blindar los ríos y los acueductos porque esta competencia es del Estado». El titular de Agricultura dijo, asimismo, que «la sustitución de caudales del Tajo por agua desalada no resuelve el déficit de 450 hectómetros cúbicos que padece la cuenca del Segura». Además,destacó la necesidad de que desde el Gobierno central «se ponga en práctica el sentido común», y de que el presidente Zapatero «llegue a un pacto hidráulico para que los caudales excedentarios de otras cuencas puedan venir a las regiones con escasez de agua».

«Contra la solidaridad»
El secretario general del PSOE murciano, Pedro Saura, aseguró que el Gobierno central rechazará cualquier reforma de Estatuto que implique «ir contra los intereses generales o contra la solidaridad entre regiones», al tiempo que señaló que «ningún Estatuto de Autonomía puede regular un río que discurre por varias comunidades».
En este sentido, Pedro Saura invitó al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, a que apoye su moción para «blindar los derechos de los regantes y de todos los usuarios del Trasvase Tajo-Segura».