Los custodios de la Amazonia viven en permanente estado de alerta. El Gobierno brasileño invierte, cada año, cerca de 500 millones de dólares, unos 424 millones de euros, en el mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Amazonia (SIVAM), que dispone de un satélite, lanchas, hidroaviones y un contingente de 30.000 hombres.
El Gobierno de Lula justifica estos gastos en la necesidad de imponer la ley y preservar la soberanía en un territorio de más de cinco millones de kilómetros cuadrados de caudalosos ríos e impenetrables bosques, donde proliferan todo tipo de aventureros: desde el solitario garimpeiro (buscador furtivo de oro) hasta las grandes empresas-corsarias, dedicadas a la explotación ilegal de maderas nobles.
Según varios expertos, los peligros que se avecinan son mayores que las corrientes prácticas depredadoras, ya que se viene gestando una conspiración para despojar a Brasil de sus recursos estratégicos.
«En el período de entreguerras, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra se disputaban el monopolio del caucho brasileño. Ahora, el tesoro más codiciado por los países desarrollados es el agua. La clave para lograrlo es forzar a Brasil a que renuncie a su jurisdicción en la Amazonia», dice Marcio Marques, ex asesor del Consejo Nacional de Defensa.
Los rivales de Lula en las elecciones presidenciales del próximo uno de octubre coinciden en líneas generales con los planteamientos de Marques y, desde esa perspectiva, critican la gestión del actual presidente. Para Heloísa Helena, abanderada del frente de izquierda, el Gobierno «dejó en el cajón» los planes de ayuda a las comunidades indígenas y, por ello, perdió al mejor aliado que puede tener en la defensa de la soberanía, sobre todo en zonas limítrofes de Amazonia.
Geraldo Alckmin, del Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB), considera que los recursos destinados a SIVAM «se extravían en los laberintos de la burocracia, igual que el presupuesto para combatir el hambre». ¿Por qué el agua de la Amazonia es tan apetecida? Un estudio realizado por el Departamento de Hidrología de la Universidad de Berlín señala que el déficit mundial de agua es de un 20%. Y, proyectado a 2025, puede ascender a un 35%.
En la actualidad, un 25% de la población del planeta subsiste con un volumen inferior a los 1.000 metros cúbicos por habitante, mientras que, hace medio siglo, el volumen por persona era de 2.700 metros cúbicos. El 50% de los países del orbe, entre ellos Estados Unidos y la pujante China, padece de algún problema derivado de la escasez del vital elemento.
Ante la inminencia de una catástrofe mundial es lógico que los países sedientos pongan el ojo en los prodigiosos manantiales de la Amazonia brasileña, donde se concentra el 20% del agua dulce del planeta.
El río Amazonas y sus 7.000 afluentes conforman una cuenca de seis millones de kilómetros cuadrados, que descarga en el Océano Atlántico entre 84 millones y 121 millones de litros por segundo. Vale decir que la quinta parte de agua que fluye por la superficie terrestre no está siendo aprovechada.
En su intervención ante la conferencia de los países del G-7, en abril de 2004, Lula reconoció que Brasil no dispone de la tecnología ni de los capitales necesarios para atrapar los caudales que se desperdician y propuso crear un fondo -el Banco del Agua- a fin de construir cinco embalses en el curso inferior del Amazonas.
Según la revista Newsweek, los representantes de Estados Unidos mostraron un vivo interés por la propuesta, pero la insistencia de enlazar el plan hidrológico con la instalación de una base militar en el Estado de Mato Grosso abortó las negociaciones.
Otro de los factores que impiden la explotación del río Amazonas es la presión de los grupos ecologistas, para quienes los tesoros del bosque, desde la vetas auríferas hasta las plumas de los papagayos, y desde luego los últimos ríos no contaminados del planeta, pueden ser vistos, pero no tocados.
Son ilustrativas, en este contexto, las declaraciones de Peter Mandelson, comisario europeo de Comercio: «Es duro tener que recordarle a este gran amigo [Brasil] que la Amazonia no le pertenece como propiedad privada. Brasil es el responsable de preservar semejante patrimonio. No tiene derecho a enajenarlo ni a contaminarlo». De este tipo de enunciados surgen los fantasmas que espantan el sueño de los brasileños.