Valencia- La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L' Alacantí y la Marina Baja ha enviado un manifiesto a la subdelegación del Gobierno para solicitar que no se realice el trasvase Júcar- Vinalopó tal y como está previsto, es decir, con la toma en la desembocadura del río y no en el embalse de Cortes de Pallás, como constaba en el proyecto que elaboró el Gobierno popular.
El motivo de esta reivindicación no es otro que la calidad que presenta el río Júcar en el punto de toma, en el azud de la Marquesa. El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, afirmó que la provincia de Alicante necesita un trasvase digno, tal y como se solicitó en la manifestación que convocó el año pasado a 100.000 personas, y no un «trasvase impuesto» que no vale para beber, y que no cumplirá uno de las principales finalidades con la que se diseñó, frenar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó.
Martínez considera que el actual proyecto de transferencias no soluciona los problemas de Alicante. Además, recordó que los usuarios enviaron informes en los que se constataba el alto nivel de conductividad y la baja calidad del agua en el lugar en el que se había escogido para iniciar la toma del trasvase, y que incluso se indicaron otros puntos del bajo Júcar- próximos también a la desembocadura- y que presentaban parámetros de calidad mucho mejores y con costes inferiores a la propuesta del Gobierno, pero no los aceptaron.
Aseguró que con este modo de obrar, se está demostrando que el Ejecutivo central se empeña en poner un trasvase que no le interesa a la provincia de Alicante.
En cualquier caso, recordó que la intención de la Junta Central de Usuarios, ha sido siempre conseguir un acercamiento de posturas. El pasado mes de febrero se reclamó una mesa de concertación con el Gobierno central para tratar este tema, y aunque la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aceptó la propuesta, todavía no se ha producido ninguna reunión.
En este sentido, Martínez afirmó que el Ministerio lo único que ha hecho ha sido intentar dividir a los usuarios e ignorar a la Junta Central que es la que representa a todos los consumidores. Así, afirmó que lo único que aporta el Gobierno es una «política partidista, algo que «sobra mucho a la situación del agua».
Meses de polémica.
El trasvase Júcar- Vinalopó estaba ya en ejecución cuando la ministra de Medio Ambiente, accedió a su cartera. Desde el primer momento, Narbona reconoció que si las obras no hubiesen estado tan avanzadas hubiera paralizado este trasvase, tal y como hizo con el Ebro. Sin embargo, las indemnizaciones a las constructoras y el coste social que podía suponer una nueva derogación, hicieron que la ministra optase por revisarlo.
Para este cometido reunió a un comité de expertos en el que estaban representados usuarios, regantes y ecologistas de ambas provincias. El proceso fue lento y en el camino se habló incluso de extraer 55 hectómetros cúbicos del acuífero de la Plana de Valencia para poder enviar agua al Vinalopó. Sin embargo, los regantes de la Ribera se mostaron en contra de esta actuación porque les impediría disfrutar de esta reserva de agua en caso se sequía.
Finalmente, se optó por cambiar la toma del trasvase. La explicación del Ministerio se centró en que de esta manera se tenían garantizados los usos tradicionales del Júcar y defendió que si la calidad del agua era mala solo había que tratarla, sin tener en cuenta el coste.