Las reservas de agua de los embalses se encuentran 7.000 hectómetros cúbicos por debajo de cualquiera de los diez últimos años y mil menos que en la misma fecha del año pasado, considerado como el año hidrológico más seco de la historia. El volumen de agua almacenada se sitúa en el 40,6% de la capacidad, un 0,8% menos que hace una semana, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. Los embalses cuentan con 21.624 hectómetros cúbicos. Durante la gran sequía de 1995, las presas sólo retenían a principios de octubre 13.350 hectómetros. Un año después, cuando acabó la sequía, se almacenaban en las cuencas más de 29.000.

Durante esta semana la reserva ha disminuido 546 hectómetros cúbicos respecto a la anterior. La cuenca que más agua ha perdido ha sido la del Ebro (172 hectómetros) y la que más ha aumentado es la de Castilla-La Mancha y Extremadura (11 hectómetros más). Sin embargo, los embalses de cabecera del Tajo, los que sirven para trasvasar agua al Levante, han seguido perdiendo. Entrepeñas tiene 101 hectómetros, y Buendía 140, en total 241. A partir de 240 hectómetros, la ley no permite los trasvases.

A este hecho se refirió ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien indicó que «hay una ley que establece que por debajo del límite de 240 hectómetros cúbicos no se puede trasvasar ni una gota de agua del Tajo hacia la cuenca del Segura», y «en esa situación -añadió- es en la que estamos ahora». La ministra avanzó que el Gobierno prepara un decreto de ayudas para los regantes de las zonas más afectadas por la sequía y que prolongará las medidas excepcionales para las cuencas del Segura y el Júcar.

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró que «en el trasvase Tajo-Segura hemos llegado al límite» y que en esta situación de sequía las comunidades afectadas, Valencia y Murcia, «deben tomar conciencia de que el trasvase se ha terminado, no es solución para Levante».

En la Comunidad Valenciana, su consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, aseguró que «la obligación del Gobierno central es garantizar el abastecimiento de los canales del Taibilla, en Murcia y Alicante». Según el consejero, «aunque la situación es precaria, el Tajo tiene agua para garantizar el abastecimiento durante septiembre y octubre, cuando es previsible que se produzcan precipitaciones», y recordó que «en circunstancias parecidas, los canales de Taibilla se han podido alimentar del Tajo». Respecto a la existencia de un límite legal, García Antón declaró que el reglamento que establece unas condiciones determinadas es consecuencia del actual Plan Hidrológico y recalcó que el anterior «hacía compatible el trasvase del Ebro».

El consejero de Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva, afirmó ayer que «las desaladoras podrán resolver una situación de suministro a la población, pero no solucionarán en ningún caso la situación del campo, no sólo de Murcia, sino de todo el Levante español». De la Cierva insistió en que «la derogación del trasvase del Ebro abrió la puerta de la insolidaridad en España», y «ahora vemos cómo el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere cerrar el grifo del Tajo para siempre, cuando es una infraestructura que está demostrado que funciona».