El efecto de los plaguicidas en los embalses andaluces se ha convertido en una prioridad para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Así lo demuestra el anuncio hecho público por el organismo regulador de la cuenca, por el que se licita la asistencia técnica para un estudio piloto "de la afección por plaguicidas a embalses como base para la valoración de presiones e impactos" en el ámbito de actuación de la CHG. Y es que, al margen del episodio de la contaminación hace ahora 13 meses del pantano cordobés de Iznájar por terbutilazina, los responsables de la CHG han reconocido en varias ocasiones que la presencia de plaguicidas en las aguas almacenadas de Andalucía es un problema que hay que atajar.

En cuanto al estudio, el presupuesto estimado es de algo más de 406.000 euros y las consultoras interesadas tienen de plazo hasta el 11 de septiembre para presentar sus ofertas. De cumplirse los plazos, para finales de este ejercicio podrían ya iniciarse la redacción de un documento que deberá estar listo en un tiempo máximo de 18 meses, explicaron desde la entidad gestora que depende del Ministerio de Medio Ambiente.

Éste es el segundo plan relacionado con los plaguicidas en los embalses que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pone en marcha a lo largo de este año. Como ya adelantó este diario, la CHG ha encargado la realización de controles en más de 60 puntos de almacenamiento de agua, incluidos la decena de embalses existentes en Córdoba, a una empresa especializada: Agriquem SL, que ganó el concurso de este proyecto por un importe de 188.500 euros. Se trata de un plan coordinado con las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía, ya que a raíz de lo ocurrido el pasado verano en Iznájar se detectó que la presencia de plaguicida no es aislada, sino que existe un problema en toda la cuenca.

Hasta ahora, la metodología que se seguía en este sentido era la ejecución de análisis que anualmente daban a conocer los valores de contaminación de las reservas. Ahora, la CHG tiene datos de cada uno de los pantanos cada 15 días, pero análisis individualizados para llevar un control más exhaustivo. En caso de detectar alguna sustancia prohibida se pondrán en marcha todos los controles recogidos en la legislación y se aplicarán medidas como la aplicación de carbono activo, como se utilizó en la zona sur de Córdoba el verano pasado para potabilizar el agua.

No obstante, desde la Confederación se ha insistido en que los niveles de plaguicidas detectados no entrañan riesgos para la salud. Precisamente, en esta idea abundó hace unos días, en los curso de verano Corduba en Lucena, el profesor Diego Santiago Laguna, para quien una legislación extremadamente exigente y estricta hizo que se creara una alarma desmesurada por el caso Iznájar. Para el académico, "los niveles de terbutilazina del agua nunca pusieron en peligro la salud de los habitantes de la comarca" y añadió que "es cierto que los niveles de toxicidad del agua estaban por encima de lo que establece la legislación y que la Administración tiene que velar por que se cumplan, pero esos niveles estaban 100 veces por debajo de la ingesta diaria admisible", sentenció Laguna.