La escasez de agua que sufre la mayor parte de la geografía española se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de grandes complejos residenciales, especialmente en el sureste, donde el gran número de proyectos inmobiliarios incluidos en los correspondientes planes urbanísticos se topa con la falta de recursos hidrológicos.

Tal es el problema, que algunas promotoras han decidido construir desaladoras para garantizar el abastecimiento de agua a los nuevos pisos, iniciativa que se ha topado con la oposición de algunas autonomías y ayuntamientos.

Varias administraciones locales y autonómicas justifican la paralización de este tipo de proyectos de carácter privado por su alto coste energético y por las consecuencias negativas que suponen para el entorno, a pesar de que el Gobierno ha apostado firmemente por las plantas desaladoras como alternativa al derogado Plan Hidrológico Nacional (PHN) para llevar agua a Valencia, Murcia y Almería.

El caso más problemático se da en la Comunidad Valenciana, donde el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, acusa a la Generalitat de ‘irresponsabilidad’ por ‘bloquear proyectos vitales para resolver el problema del agua’ en la región, especialmente en la provincia de Alicante.

Moragues hace referencia a los informes remitidos por la consejera de Territorio y Vivienda de la comunidad autónoma que exigen cambios en siete proyectos de desalación por considerar que existe alguna afección a espacios naturales protegidos. Según la citada Consejería, el plan de desaladoras es ‘insostenible’, además, porque necesitan un consumo energético de 1.600 millones de kilovatios por hora, elevando la factura eléctrica autonómica un 10 por ciento.

Pero esta divergencia entre los intereses de las empresas y la Administración también afecta a los ayuntamientos. Un ejemplo es el caso de Murcia, donde el presidente regional, Ramón Luís Valcárcel, critica ‘las trabas y zancadillas’ del PSOE en los consistorios murcianos, y denuncia la existencia de una ‘mano negra’ que frena cualquier proyecto de desalación. ‘Hay quien zancadillea y bombardea, pero no pasa nada; que sigan haciendo lo que hacen, que es negar cualquier posibilidad, ya que nosotros seguiremos haciendo lo que hacemos, que es convertirnos en ese instrumento al servicio de los ciudadanos de la Región de Murcia para tener el agua que necesitamos para crecer’, indica Valcárcel.

La cuestión no se circunscribe a las provincias peninsulares, ya que en el Cabildo canario de Lanzarote, el pacto de gobierno insular (que incluye al local PIL, CC y PSOE) ha aprobado en comisión informativa de Aguas y Energías las alegaciones al anteproyecto de Ley que reforma la normativa sobre aguas. Entre sus aspectos más importantes destaca la oposición a las desaladoras privadas.

Precisamente, el responsable de la división de Water Management de Polaris World, Mariano Sánchez, compañía con un importante proyecto de desalación en Murcia, admitió que existe una excesiva burocracia para lograr la aprobación de los proyectos, así como una dura legislación que evita la posibilidad de que se produzcan vertidos ilegales.