New ecological canon for water law will take effect in January 2008
Sun, 02/07/2006
Los consumos domésticos superiores a 130 litros por habitante y día pagarán seis céntimos de euro Fuentes oficiales calculan que la repercusión del nuevo tributo por ciudadano será de 3 euros anuales BELÉN ELGUEA/ No se podrá malgastar el agua porque supondrá un canón por exceso de consumo en los domicilios.
. Los consumidores vascos que no quieran ver incrementada la factura del agua deberán acostumbrarse a cerrar el grifo a fin de no superar los 130 litros por persona y día, una cifra que ronda el consumo medio de los ciudadanos y que ha sido fijado como límite por la Ley vasca de Aguas. A partir de esa cantidad, los usuarios deberá abonar un canon ecológico de seis céntimos de euro por metro cúbico que se sumará a los otros conceptos recogidos en la factura del agua.
No obstante, el canon no se aplicará hasta enero de 2008, pues la ley aprobada el 23 de junio no entrará en vigor hasta dentro de seis meses. A partir de esa fecha el texto concede un plazo de un año para la puesta en funcionamiento de la Agencia Vasca del Agua que será la encargada de vehiculizar el dinero recaudado.
La implantación de este nuevo tributo, que será recurrido por el PP, es una de las principales novedades de una ley que era una de las 'asignaturas pendientes' del Gobierno Vasco desde que en 1994 fuera transferida a la CAV la competencia de obras hidráulicas y tras la aprobación de varios borradores que no llegaron a pasar el trámite parlamentario.
La repercusión del canon para el consumo doméstico, que se liquidará a los que sobrepasen el umbral de los 130 litros diarios por habitante, rondará, según las estimaciones del Departamento de Medio Ambiente, los tres euros anuales por ciudadano, si bien la cuantía ascenderá para los consumos industriales y agrícolas.
«El umbral de los 130 litros por habitante y día viene a corresponder al del ciudadano medio, por lo que sólo aquellos que usen más agua que la media de sus conciudadanos se verán abocados a pagar el canon», indicó la viceconsejera de Medio Ambiente, Ana Oregi.
En un principio, el proyecto de ley no contemplaba la exención del canon para los hogares con consumos inferiores sino que dicha modificación fue introducida en el trámite parlamentario por el PSE, lo que posibilitó que los socialistas pactarán con el tripartito la Ley de Aguas.
Gestión del canon
Los ayuntamientos vascos que, en la actualidad, liquidan la factura del agua en base a los contadores de las viviendas, sin diferenciar el número de miembros, han manifestado las dificultades técnicas para aplicar las exenciones. «Por el momento desconocemos cómo se va a aplicar el canon para repercutirlo únicamente a los que consumen más de 130 litros por persona y día», indicó el gerente de Aguas Municipales de Vitoria, Jose Antonio Zabala. Asimismo, un portavoz del Ayuntamiento de Vitoria expresó su temor a que esta ley, al igual que la horarios comerciales o el decreto del tabaco, «sea una más de las que aprueba el Gobierno Vasco y después deben aplicar los ayuntamientos».
El presidente de la la Mancomunidad del Añarbe, Enrique Noain, reconoce que existe una «preocupación importante» entre los suministradores de agua por no saber cómo se va a realizar el cobro que, a su juicio, «va a requerir una cierta complejidad informática».
Sin embargo, Noain confía en que el problema pueda ser resuelto a través de un reglamento que regule la fórmula para cruzar datos del padrón con las facturas del agua.
Desde el Ejecutivo vasco se entiende que esta cuestión no está todavía cerrada y deberá ser dilucida con los ayuntamientos, si bien, considera que una solución podría ser cruzar las bases de datos. «Estamos en la era de la información que permite cruzar los datos del padrón municipal con los de consumo de agua», señaló Oregi que recordó que este sistema ya se utiliza en el Departamento de Vivienda para la adjudicación de pisos protegidos. «Son cosas que ya están inventadas», indicó la viceconsejera.
La ley determina que sean las sociedades anónimas, consorcios y suministradores los que se encarguen de recaudar esta cuota a través de los recibos, si bien, será la Agencia Vasca del Agua, el encargado de gestionar los cerca de nueve millones de euros al año que el Gobierno Vasco estima recaudar y cuyo principal objetivo será, además de conseguir un uso más racional del agua, financiar las obras hidraúlicas y de recuperación ambiental.
Homologación
El texto aprobado contempla el agua como un recurso natural limitado, al tiempo que recoge la directriz europea que, a partir de 2010, obligará a repercutir todos y cada uno de los costes de los servicios del agua, incluidos los medioambientales.
La nueva ley no busca unificar el precio de metro cúbico de agua en las distintas localidades de Euskadi ya que éste varía en función de la detracción del agua del medio natural, sino que pretende homologar las distintas estructuras tarifarias. «A partir de la aprobación de la ley las tarifas deberán incorporar conceptos como el de abastecimiento, mantenimiento de las infraestructuras, saneamiento y el denominado canon ecológico», indicó Oregi.
Además, el proyecto de ley contempla la obligatoriedad de cuantificar todos los consumos de agua lo que implicara que los consumidores deberán instalar un contador. «La inmensa mayoría de la población que se concentra en las tres capitales y en los restantes núcleos mayores, dispone de contadores. Otra cosa sucede en buena parte de los núcleos menores, que suponen un porcentaje exiguo de la población, pero son numerosos y dispersos», señalan desde Medio Ambiente. Además, esta novedad afectará especialmente a los titulares de concesiones como agricultores e industrias que toman directamente el agua de los ríos, si bien, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava se insiste en que es una minoría.
Los regadíos pagan de 2 a 20 céntimos de euro por metro cúbico en función de donde captan el agua, si es una balsa de la comunidad de regantes o del río, y tienen un consumo medio que oscila entre los 2.000 y los 3.000 metros cúbicos. A dicha factura hay que sumar el canon ecológico, que en estos casos no contempla exenciones por bajos consumos, sino bonificaciones de hasta un 95% si, por ejemplo, se hace un consumo sostenible y se utilizan las mejores técnicas disponibles.
Los agricultores ponen en tela de juicio estas bonificaciones que deberán regularse, con posterioridad, mediante un desarrollo reglamentario que deberá especificar qué porcentaje se aplicará en cada caso.
Los sindicatos agrarios han cuestionado la Ley Vasca de Aguas porque, a diferencia de la estatal, no diferencia entre los diferentes usos y no tiene en cuenta las prioridades de uso agrario sobre el industrial.
Critican que la ley deje entrever prejuicios hacia la agricultura. «Hay referencias explícitas a la afección contaminante que no se hacen para ningún otro sector y entendemos que los agricultores no son los mayores causantes de los problemas ni de los vertidos. Choca que esa referencia se dirija únicamente a nosotros», coincidieron en señalar la UAGA como desde el sindicato agrario EHNE.
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. Los consumidores vascos que no quieran ver incrementada la factura del agua deberán acostumbrarse a cerrar el grifo a fin de no superar los 130 litros por persona y día, una cifra que ronda el consumo medio de los ciudadanos y que ha sido fijado como límite por la Ley vasca de Aguas. A partir de esa cantidad, los usuarios deberá abonar un canon ecológico de seis céntimos de euro por metro cúbico que se sumará a los otros conceptos recogidos en la factura del agua.
No obstante, el canon no se aplicará hasta enero de 2008, pues la ley aprobada el 23 de junio no entrará en vigor hasta dentro de seis meses. A partir de esa fecha el texto concede un plazo de un año para la puesta en funcionamiento de la Agencia Vasca del Agua que será la encargada de vehiculizar el dinero recaudado.
La implantación de este nuevo tributo, que será recurrido por el PP, es una de las principales novedades de una ley que era una de las 'asignaturas pendientes' del Gobierno Vasco desde que en 1994 fuera transferida a la CAV la competencia de obras hidráulicas y tras la aprobación de varios borradores que no llegaron a pasar el trámite parlamentario.
La repercusión del canon para el consumo doméstico, que se liquidará a los que sobrepasen el umbral de los 130 litros diarios por habitante, rondará, según las estimaciones del Departamento de Medio Ambiente, los tres euros anuales por ciudadano, si bien la cuantía ascenderá para los consumos industriales y agrícolas.
«El umbral de los 130 litros por habitante y día viene a corresponder al del ciudadano medio, por lo que sólo aquellos que usen más agua que la media de sus conciudadanos se verán abocados a pagar el canon», indicó la viceconsejera de Medio Ambiente, Ana Oregi.
En un principio, el proyecto de ley no contemplaba la exención del canon para los hogares con consumos inferiores sino que dicha modificación fue introducida en el trámite parlamentario por el PSE, lo que posibilitó que los socialistas pactarán con el tripartito la Ley de Aguas.
Gestión del canon
Los ayuntamientos vascos que, en la actualidad, liquidan la factura del agua en base a los contadores de las viviendas, sin diferenciar el número de miembros, han manifestado las dificultades técnicas para aplicar las exenciones. «Por el momento desconocemos cómo se va a aplicar el canon para repercutirlo únicamente a los que consumen más de 130 litros por persona y día», indicó el gerente de Aguas Municipales de Vitoria, Jose Antonio Zabala. Asimismo, un portavoz del Ayuntamiento de Vitoria expresó su temor a que esta ley, al igual que la horarios comerciales o el decreto del tabaco, «sea una más de las que aprueba el Gobierno Vasco y después deben aplicar los ayuntamientos».
El presidente de la la Mancomunidad del Añarbe, Enrique Noain, reconoce que existe una «preocupación importante» entre los suministradores de agua por no saber cómo se va a realizar el cobro que, a su juicio, «va a requerir una cierta complejidad informática».
Sin embargo, Noain confía en que el problema pueda ser resuelto a través de un reglamento que regule la fórmula para cruzar datos del padrón con las facturas del agua.
Desde el Ejecutivo vasco se entiende que esta cuestión no está todavía cerrada y deberá ser dilucida con los ayuntamientos, si bien, considera que una solución podría ser cruzar las bases de datos. «Estamos en la era de la información que permite cruzar los datos del padrón municipal con los de consumo de agua», señaló Oregi que recordó que este sistema ya se utiliza en el Departamento de Vivienda para la adjudicación de pisos protegidos. «Son cosas que ya están inventadas», indicó la viceconsejera.
La ley determina que sean las sociedades anónimas, consorcios y suministradores los que se encarguen de recaudar esta cuota a través de los recibos, si bien, será la Agencia Vasca del Agua, el encargado de gestionar los cerca de nueve millones de euros al año que el Gobierno Vasco estima recaudar y cuyo principal objetivo será, además de conseguir un uso más racional del agua, financiar las obras hidraúlicas y de recuperación ambiental.
Homologación
El texto aprobado contempla el agua como un recurso natural limitado, al tiempo que recoge la directriz europea que, a partir de 2010, obligará a repercutir todos y cada uno de los costes de los servicios del agua, incluidos los medioambientales.
La nueva ley no busca unificar el precio de metro cúbico de agua en las distintas localidades de Euskadi ya que éste varía en función de la detracción del agua del medio natural, sino que pretende homologar las distintas estructuras tarifarias. «A partir de la aprobación de la ley las tarifas deberán incorporar conceptos como el de abastecimiento, mantenimiento de las infraestructuras, saneamiento y el denominado canon ecológico», indicó Oregi.
Además, el proyecto de ley contempla la obligatoriedad de cuantificar todos los consumos de agua lo que implicara que los consumidores deberán instalar un contador. «La inmensa mayoría de la población que se concentra en las tres capitales y en los restantes núcleos mayores, dispone de contadores. Otra cosa sucede en buena parte de los núcleos menores, que suponen un porcentaje exiguo de la población, pero son numerosos y dispersos», señalan desde Medio Ambiente. Además, esta novedad afectará especialmente a los titulares de concesiones como agricultores e industrias que toman directamente el agua de los ríos, si bien, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava se insiste en que es una minoría.
Los regadíos pagan de 2 a 20 céntimos de euro por metro cúbico en función de donde captan el agua, si es una balsa de la comunidad de regantes o del río, y tienen un consumo medio que oscila entre los 2.000 y los 3.000 metros cúbicos. A dicha factura hay que sumar el canon ecológico, que en estos casos no contempla exenciones por bajos consumos, sino bonificaciones de hasta un 95% si, por ejemplo, se hace un consumo sostenible y se utilizan las mejores técnicas disponibles.
Los agricultores ponen en tela de juicio estas bonificaciones que deberán regularse, con posterioridad, mediante un desarrollo reglamentario que deberá especificar qué porcentaje se aplicará en cada caso.
Los sindicatos agrarios han cuestionado la Ley Vasca de Aguas porque, a diferencia de la estatal, no diferencia entre los diferentes usos y no tiene en cuenta las prioridades de uso agrario sobre el industrial.
Critican que la ley deje entrever prejuicios hacia la agricultura. «Hay referencias explícitas a la afección contaminante que no se hacen para ningún otro sector y entendemos que los agricultores no son los mayores causantes de los problemas ni de los vertidos. Choca que esa referencia se dirija únicamente a nosotros», coincidieron en señalar la UAGA como desde el sindicato agrario EHNE.
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