El Gobierno planea una nueva reforma de la Ley de Aguas con el fin de regular la utilización y los controles de las aguas subterráneas, que abastecen a un tercio de los municipios españoles y riegan un millón de hectáreas de cultivo. El director general del Agua, Jaime Palop, destacó ayer que se trata de asegurar el uso sostenible de los acuíferos, y de evitar que de éstos se extraiga una cantidad de agua superior a la que reciben de forma natural.
El Ministerio presentará la reforma de la Ley de Aguas en la conferencia Sectorial de Medio Ambiente que se celebra a partir de hoy en Tenerife. Para garantizar el uso sostenible de los recursos subterráneos, Palop dijo que se podrán quitar o limitar concesiones y expropiar o comprar derechos, y subrayó que para evitar la sobreexplotación de los acuíferos se deben explorar nuevos modelos de desarrollo, como el turismo rural, o sustituir determinados cultivos que requieren grandes cantidades de agua por otros que necesitan menos.
Según los datos facilitados por Palop, además de las 38.000 concesiones de agua subterránea existentes en España, hay unos 400.000 expedientes administrativos reclamando nuevas concesiones.
Los principales problemas actuales de las aguas subterráneas son, según el Ministerio de Medio Ambiente, la legislación confusa , ya que coexisten aguas públicas y privadas; la insuficiente atención y control por parte de la administración, el abuso de los usuarios, el aumento insostenible de la demanda y la contaminación de los pozos.
Palop señaló, como ejes de la reforma, la potenciación de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas y que éstas sean también responsables de su gestión y cuidado, y que todos los usuarios de agua tengan sistemas de medición para controlar los consumos. Además, negó ninguna amnistía o legalización de pozos ilegales.