The capital is still on the alert and needs transfers
Wed, 31/05/2006
Tras siete meses de aplicación taxativa, el decreto de medidas urgentes contra la sequía dejará de estar vigente en el litoral occidental de la provincia. El comité que arbitra la iniciativa decidió ayer que el buen nivel del pantano de La Concepción y la moderación de los usuarios son razones suficientes para atemperar las restricciones en esa franja de la Costa del Sol. Muy diferente es la situación en la capital y en el Valle del Guadalhorce, donde las reservas se sitúan 68 hectómetros cúbicos por debajo del umbral que prescribe el abandono del cuadrante de emergencia.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, resaltó la heterogeneidad del panorama malagueño y explicó las últimas iniciativas destinadas a paliar la carestía de recursos que padece la capital. En este sentido, anunció la construcción de una nueva estación de bombeo, que costará 4 millones de euros y permitirá trasladar el doble de agua desde La Viñuela, que en la actualidad suministra 250 litros por segundo. La actuación, aprobada por los integrantes del comité, pese al recelo de la Comunidad de Regantes del Guadalhorce, comenzará a funcionar dentro de tres meses y contribuirá a garantizar el consumo en la zona.
Junto a esta nueva infraestructura, se prevé un aporte extraordinario de agua a partir de la semana próxima, fecha en la que se iniciará el trasvase de recursos, a razón de 250 litros por segundo, procedentes del caudaloso embalse de La Concepción. "El Ayuntamiento de Málaga ha conseguido reducir el consumo un 14%, pero aún así la situación no es muy halagüeña", remachó Coves.
Tampoco quedará al amparo exclusivo de los consumidores el resto del litoral occidental, que, si bien abandona las consideraciones urgentes, seguirá regulado por una serie de medidas especiales. "Gracias a la desaladora, entre otras cosas, la zona no presenta problemas, pero hay que ser cautelosos cara al futuro", explicó la consejera.
La nueva regulación ampliará el consumo domiciliario a 250 litros por habitante y día, lo que supone veinte más de lo contemplado en el decreto. Además, se restringirá el abastecimiento para piscinas a un llenado anual y el riego de jardines a 500 metros cúbicos por hectárea y día, usos que el programa de urgencia prohibía expresamente. Por su parte, la irrigación con agua no potable de campos de golf se limitará a 700 metros cúbicos por hectárea y mes, lo que se traduce en 500 más de lo previsto en la normativa y 300 por debajo de lo tolerado en condiciones normales.
En cuanto a los agricultores, cuya paciencia fue elogiada por Coves, se verán beneficiados por la autorización de un riego de emergencia en la zona del Guadalhorce, donde se habilitarán tres hectómetros cúbicos en los próximos días y otros cinco posteriormente.
Por otro lado, el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, adelantó que en los siete meses de aplicación del decreto se han abierto 1.127 expedientes informativos, casi todos por extracción ilegal de recursos o por invasión de zonas de dominio público. No obstante, de todos estos procedimientos, únicamente 135 han derivado en procesos sancionadores.
Trillo también aludió a las causas abiertas contra los quince grandes consumidores de la provincia, a los que se unen ocho municipios, todos ellos por no trasladar los datos de consumo a las instancias autonómicas, como prevé el documento. En la actualidad, Coín es la única localidad que no ha corregido esta situación, si bien, según Trillo, se apronta a cumplir con el requisito.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, resaltó la heterogeneidad del panorama malagueño y explicó las últimas iniciativas destinadas a paliar la carestía de recursos que padece la capital. En este sentido, anunció la construcción de una nueva estación de bombeo, que costará 4 millones de euros y permitirá trasladar el doble de agua desde La Viñuela, que en la actualidad suministra 250 litros por segundo. La actuación, aprobada por los integrantes del comité, pese al recelo de la Comunidad de Regantes del Guadalhorce, comenzará a funcionar dentro de tres meses y contribuirá a garantizar el consumo en la zona.
Junto a esta nueva infraestructura, se prevé un aporte extraordinario de agua a partir de la semana próxima, fecha en la que se iniciará el trasvase de recursos, a razón de 250 litros por segundo, procedentes del caudaloso embalse de La Concepción. "El Ayuntamiento de Málaga ha conseguido reducir el consumo un 14%, pero aún así la situación no es muy halagüeña", remachó Coves.
Tampoco quedará al amparo exclusivo de los consumidores el resto del litoral occidental, que, si bien abandona las consideraciones urgentes, seguirá regulado por una serie de medidas especiales. "Gracias a la desaladora, entre otras cosas, la zona no presenta problemas, pero hay que ser cautelosos cara al futuro", explicó la consejera.
La nueva regulación ampliará el consumo domiciliario a 250 litros por habitante y día, lo que supone veinte más de lo contemplado en el decreto. Además, se restringirá el abastecimiento para piscinas a un llenado anual y el riego de jardines a 500 metros cúbicos por hectárea y día, usos que el programa de urgencia prohibía expresamente. Por su parte, la irrigación con agua no potable de campos de golf se limitará a 700 metros cúbicos por hectárea y mes, lo que se traduce en 500 más de lo previsto en la normativa y 300 por debajo de lo tolerado en condiciones normales.
En cuanto a los agricultores, cuya paciencia fue elogiada por Coves, se verán beneficiados por la autorización de un riego de emergencia en la zona del Guadalhorce, donde se habilitarán tres hectómetros cúbicos en los próximos días y otros cinco posteriormente.
Por otro lado, el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, adelantó que en los siete meses de aplicación del decreto se han abierto 1.127 expedientes informativos, casi todos por extracción ilegal de recursos o por invasión de zonas de dominio público. No obstante, de todos estos procedimientos, únicamente 135 han derivado en procesos sancionadores.
Trillo también aludió a las causas abiertas contra los quince grandes consumidores de la provincia, a los que se unen ocho municipios, todos ellos por no trasladar los datos de consumo a las instancias autonómicas, como prevé el documento. En la actualidad, Coín es la única localidad que no ha corregido esta situación, si bien, según Trillo, se apronta a cumplir con el requisito.