Narbona has transacted fifteen fines to set an example for water robberies and illegal irrigations
Fri, 26/05/2006
El informe de la Inspección General de Servicios remitido al fiscal señala, no obstante, un «descenso significativo del número de denuncias» debido al mayor control de la CHS
MANUEL BUITRAGO/ALICANTE
DE VISITA. La ministra Narbona, entre Fuentes Zorita y Ángel González, junto al trasvase del Tajo. / J. LEAL
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A la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no le ha temblado el pulso a la hora de tramitar en estos dos años quince expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves debidas a la realización de extracciones ilegales y usos abusivo del agua en distintas zonas de la cuenca del Segura.
De estos expedientes, todos ellos dirigidos contra determinadas empresas agrícolas y sociedades agrarias de transformación, que fueron remitidos por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, seis coleaban desde la etapa de Gobierno del Partido Popular, y tienen multas que ascienden hasta los 450.000 euros. Todos los denunciados han recurrido el expediente sancionador, realizando las correspondientes alegaciones en su descargo.
Así aparece reflejado en el último informe realizado por la Inspección General de Servicios sobre la gestión del dominio público hidráulico en la cuenca del Segura, y al cual ha tenido acceso este periódico.
El informe en cuestión ha sido remitido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que estudie si estas infracciones detectadas encajan en algún tipo penal.
El rigor sancionador y ejemplarizante sobre los casos graves y muy graves ha dado un giro de 180 grados, ya que en el periodo que va desde el año 1999 al 2004 el Consejo de Ministros sólo impuso dos sanciones, ambas por la realización de vertidos. Sin embargo, en estos dos años el Gobierno central ha impuesto -en función de la elevada cuantía de las multas- cuatro sanciones, tres de ellas por usos abusivos de caudales de agua. Los casos que han sido descubiertos en esta etapa son importantes, pero no lo son tanto en número como habían denunciado algunos grupos.
Control
El mayor control que viene realizando al respecto la Confederación Hidrográfica del Segura ha conseguido que se pusiera el marcador a cero, en el sentido de que el organismo de cuenca ya está al día con los expedientes de infracción.
El informe que ha sido elaborado por el personal adscrito a la Inspección General de Servicios destaca, en este sentido, que se ha producido un «descenso significativo» en el número de denuncias por derivación de aguas, pozos ilegales y vertidos, si se compara la situación actual con la existente en los dos últimos años de Gobierno del Partido Popular. Así, el ejemplo más llamativo son los expedientes por uso ilegal de agua, que han descendido de 151 a sólo 39. Asimismo, el número de expedientes incoados ha experimentado un leve descenso del 2,8% entre los dos periodos.
Entre sus principales conclusiones, el informe señala además que la tendencia en la tramitación de los expedientes tuvo una mejora sustancial a partir del año 2002, etapa bajo el mandato de Juan Cánovas Cuenca (PP), lo que no le ha librado de estar siendo investigado por la Fiscalía de Madrid y de Murcia desde ese año.
Por otro lado, el mayor reproche que hace la Inspección General de Servicios afecta al periodo comprendido entre los años 1999 al 2001, en el que caducaron aproximadamente cuarenta de cada cien expedientes sancionadores tramitados. A día de hoy, ninguno ha caducado.
MANUEL BUITRAGO/ALICANTE
DE VISITA. La ministra Narbona, entre Fuentes Zorita y Ángel González, junto al trasvase del Tajo. / J. LEAL
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A la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no le ha temblado el pulso a la hora de tramitar en estos dos años quince expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves debidas a la realización de extracciones ilegales y usos abusivo del agua en distintas zonas de la cuenca del Segura.
De estos expedientes, todos ellos dirigidos contra determinadas empresas agrícolas y sociedades agrarias de transformación, que fueron remitidos por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, seis coleaban desde la etapa de Gobierno del Partido Popular, y tienen multas que ascienden hasta los 450.000 euros. Todos los denunciados han recurrido el expediente sancionador, realizando las correspondientes alegaciones en su descargo.
Así aparece reflejado en el último informe realizado por la Inspección General de Servicios sobre la gestión del dominio público hidráulico en la cuenca del Segura, y al cual ha tenido acceso este periódico.
El informe en cuestión ha sido remitido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que estudie si estas infracciones detectadas encajan en algún tipo penal.
El rigor sancionador y ejemplarizante sobre los casos graves y muy graves ha dado un giro de 180 grados, ya que en el periodo que va desde el año 1999 al 2004 el Consejo de Ministros sólo impuso dos sanciones, ambas por la realización de vertidos. Sin embargo, en estos dos años el Gobierno central ha impuesto -en función de la elevada cuantía de las multas- cuatro sanciones, tres de ellas por usos abusivos de caudales de agua. Los casos que han sido descubiertos en esta etapa son importantes, pero no lo son tanto en número como habían denunciado algunos grupos.
Control
El mayor control que viene realizando al respecto la Confederación Hidrográfica del Segura ha conseguido que se pusiera el marcador a cero, en el sentido de que el organismo de cuenca ya está al día con los expedientes de infracción.
El informe que ha sido elaborado por el personal adscrito a la Inspección General de Servicios destaca, en este sentido, que se ha producido un «descenso significativo» en el número de denuncias por derivación de aguas, pozos ilegales y vertidos, si se compara la situación actual con la existente en los dos últimos años de Gobierno del Partido Popular. Así, el ejemplo más llamativo son los expedientes por uso ilegal de agua, que han descendido de 151 a sólo 39. Asimismo, el número de expedientes incoados ha experimentado un leve descenso del 2,8% entre los dos periodos.
Entre sus principales conclusiones, el informe señala además que la tendencia en la tramitación de los expedientes tuvo una mejora sustancial a partir del año 2002, etapa bajo el mandato de Juan Cánovas Cuenca (PP), lo que no le ha librado de estar siendo investigado por la Fiscalía de Madrid y de Murcia desde ese año.
Por otro lado, el mayor reproche que hace la Inspección General de Servicios afecta al periodo comprendido entre los años 1999 al 2001, en el que caducaron aproximadamente cuarenta de cada cien expedientes sancionadores tramitados. A día de hoy, ninguno ha caducado.