MEDIO AMBIENTE

La nueva ley del Suelo obligará a elaborar
un informe sobre
los recursos hídricos
de las zonas en las que se proyecten urbanizaciones


ANTONIO CERRILLO
barcelona. - Las nuevas urbanizaciones, recalificaciones y demás cambios de uso del suelo en España requerirán un examen del agua disponible mediante un informe a cargo de la administración competente en la materia. El informe será uno de los nuevos elementos que se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación ambiental global que debe conducir (o no) a la autorización de estos cambios de planeamiento. La exigencia de incorporar este informe es una de las aportaciones del Ministerio de Medio Ambiente a la nueva ley del Suelo actualmente en fase de elaboración.
El objetivo de esta iniciativa es asegurar que las nuevas urbanizaciones tengan garantizado el abastecimiento de agua sin dañar los recursos existentes, según afirmó Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, en declaraciones a La Vanguardia. La previsión legal de este informe ya estaba recogida en una modificación de la ley del Plan Hidrológico, 'pero lo que se hace ahora es reforzarla en una ley básica, como es la ley del Suelo'.
Con esta medida se quiere también aplicar mejor la nueva directiva europea sobre impacto ambiental -que entró en vigor este año- y que exige una evaluación global para los grandes planes (nuevas urbanizaciones, modificación del planeamiento y demás).
'El informe sobre la disponibilidad de agua será preceptivo pero no vinculante y se integrará en el análisis del impacto ambiental. Es una medida lógica también desde el punto de vista de la participación ciudadana', explica Narbona. 'Pero esto no significa paralizar nada porque no nos atribuimos competencias urbanísticas. En cambio, avanzamos en racionalidad. Y gana también la ciudadanía en capacidad para valorar si el uso del agua que se plantea con fondos públicos es asumible'. Ahora, esta decisión la tomaba unilateralmente la Administración, mientras que a partir de ahora -una vez se apruebe la ley- 'todos los ciudadanos podrán ver esa información en el proceso de evaluación ambiental', manifiesta la ministra.
A partir de la ley del PHN, la Administración ya ha venido emitiendo una docena de informes negativos sobre nuevas urbanizaciones en el litoral mediterráneo y en Madrid. Narbona señala que el hecho mismo de exigir este tipo de informes permite lanzar una señal inequívoca de que se va a evaluar y clarificar qué uso se hace de las reservas subterráneas de agua o si es necesario plantear una desalinizadora para garantizar el abastecimiento. 'No podemos perder de vista que una reserva de agua no puede sobreexplotarse y que los acuíferos tienen una capacidad y un ritmo para recuperarse', dice la ministra.
La ministra reiteró su opción política en favor de las desalinizadoras, la reutilización de las aguas residuales y la modernización de regadíos. 'Hemos resuelto el año más seco de la historia de España sin cortes de suministro en las zonas que han tenido más problemas', declaró. La previsión es que a finales del 2008 estén todas las desalinizadoras, incluida la de El Prat.
Narbona defendió además a los gobiernos de Aragón y Catalunya frente a las críticas del PP, que acusa a los nuevos estatutos de estas comunidades de tener la llave del agua del Ebro. 'Ésa es una mentira para atacar a Catalunya y Aragón. En estos estatutos se habla de un informe preceptivo pero no vinculante. La decisión sobre una eventual utilización del agua del Ebro vendrá del Gobierno de la nación y no de ningún estatuto', agregó.
Narbona ultima la redacción de la nueva ley que regula el derecho al acceso a la información y la participación en materia de derechos de medio ambiente. 'Recibo cada día en el ministerio denuncias y quejas sobre actuaciones en las que no tengo competencia. Y hay una sensación de indefensión ciudadana. Existe una absoluta desidia de los poderes públicos, excepto en honrosas excepciones, hacia el cumplimiento de las normas ambientales. Ése en un gran reto para España'.


'Hay una desidia absoluta de los poderes públicos hacia el cumplimiento de las normas ambientales', dice la ministra Narbona