New statute will include mesaures and rights to avoid future transfers
Wed, 03/05/2006
El nuevo Estatuto de Autonomía regulará el derecho de los aragoneses sobre el agua, en relación a garantizar la disposición de caudales suficientes para atender las demandas presentes y futuras que sean necesarias para el abastecimiento y el desarrollo económico y social, así como para evitar la posibilidad de trasvases a otras cuencas.
La ponencia especial de las Cortes de Aragón que está elaborando la reforma estatutaria incorporó ayer, con el acuerdo de los grupos parlamentarios, un artículo expreso de derechos sobre el agua. El portavoz Chesús Bernal (Chunta) explicó al término de la reunión que la citada regulación "viene a ser un contrapeso" a las disposiciones y competencias en materia de agua (que afectan al caudal del Ebro y a posibles transferencias) que contienen las reformas estatuarias catalana y valenciana.
En concreto, Bernal indicó que el citado artículo establecerá que los aragoneses tienen derecho a disponer de "abastecimiento de agua en condiciones suficientes y seguras para el consumo y para impulsar las actividades económicas y productivas que permitan vertebrar y reequilibrar el territorio de la Comunidad Autónoma". Asimismo, la norma incluirá la obligación de las Administraciones públicas de velar por el estado y calidad de los recursos hídricos de Aragón y, conforme al principio de la unidad de cuenca, "evitar cualquier transferencia de caudales de agua".
Además del reconocimiento de estos derechos, los grupos parlamentarios están debatiendo incluir competencias propias de la Comunidad Autónoma en materia de aguas. Esta cuestión podría tratarse en la reunión que hoy mantendrá la ponencia especial del Parlamento aragonés.
En la sesión de ayer, los partidos también debatieron el tratamiento estatutario para las lenguas. El portavoz Chesús Bernal destacó "los esfuerzos de todos los grupos parlamentarios para acercar posturas", pese a que "no hay un acuerdo suficientemente sólido y cerrado hasta el momento, pero está abierta la negociación y hay que seguir en está línea para ver si es posible el consenso".
Otra de las novedades que tuvo lugar en la reunión de ayer fue incluir en el nuevo Estatuto de Autonomía la mención expresa al Derecho Foral aragonés. Bernal manifestó que esta incorporación permitirá que los extranjeros que adquieran la nacionalidad española y residan en la Comunidad Autónoma queden sujetos a lo dispuesto en el Derecho Foral (o Civil) de Aragón y puedan beneficiarse de sus ventajas.
Respecto a las Comunidades Aragonesas en el exterior, los grupos parlamentarios mejoraron por consenso lo previsto durante la primera lectura, reforzando las relaciones y los vínculos con las instituciones autonómicas.
De hecho, añadió el portavoz de la ponencia, con el nuevo texto se logra un "mayor compromiso de los poderes públicos para impulsar y apoyar a las comunidades aragonesas en el extranjero; un derecho que será regulado por una ley que deberán aprobar las Cortes de Aragón".
Bernal destacó principalmente que el Estatuto contemplará que el Gobierno aragonés suscriba acuerdos y convenios de colaboración y de cooperación con los territorios en los que existan estas comunidades, incluso la posibilidad de solicitar al Ejecutivo central que formule tratados y convenios con los países donde residan aragoneses.
La ponencia especial de las Cortes de Aragón que está elaborando la reforma estatutaria incorporó ayer, con el acuerdo de los grupos parlamentarios, un artículo expreso de derechos sobre el agua. El portavoz Chesús Bernal (Chunta) explicó al término de la reunión que la citada regulación "viene a ser un contrapeso" a las disposiciones y competencias en materia de agua (que afectan al caudal del Ebro y a posibles transferencias) que contienen las reformas estatuarias catalana y valenciana.
En concreto, Bernal indicó que el citado artículo establecerá que los aragoneses tienen derecho a disponer de "abastecimiento de agua en condiciones suficientes y seguras para el consumo y para impulsar las actividades económicas y productivas que permitan vertebrar y reequilibrar el territorio de la Comunidad Autónoma". Asimismo, la norma incluirá la obligación de las Administraciones públicas de velar por el estado y calidad de los recursos hídricos de Aragón y, conforme al principio de la unidad de cuenca, "evitar cualquier transferencia de caudales de agua".
Además del reconocimiento de estos derechos, los grupos parlamentarios están debatiendo incluir competencias propias de la Comunidad Autónoma en materia de aguas. Esta cuestión podría tratarse en la reunión que hoy mantendrá la ponencia especial del Parlamento aragonés.
En la sesión de ayer, los partidos también debatieron el tratamiento estatutario para las lenguas. El portavoz Chesús Bernal destacó "los esfuerzos de todos los grupos parlamentarios para acercar posturas", pese a que "no hay un acuerdo suficientemente sólido y cerrado hasta el momento, pero está abierta la negociación y hay que seguir en está línea para ver si es posible el consenso".
Otra de las novedades que tuvo lugar en la reunión de ayer fue incluir en el nuevo Estatuto de Autonomía la mención expresa al Derecho Foral aragonés. Bernal manifestó que esta incorporación permitirá que los extranjeros que adquieran la nacionalidad española y residan en la Comunidad Autónoma queden sujetos a lo dispuesto en el Derecho Foral (o Civil) de Aragón y puedan beneficiarse de sus ventajas.
Respecto a las Comunidades Aragonesas en el exterior, los grupos parlamentarios mejoraron por consenso lo previsto durante la primera lectura, reforzando las relaciones y los vínculos con las instituciones autonómicas.
De hecho, añadió el portavoz de la ponencia, con el nuevo texto se logra un "mayor compromiso de los poderes públicos para impulsar y apoyar a las comunidades aragonesas en el extranjero; un derecho que será regulado por una ley que deberán aprobar las Cortes de Aragón".
Bernal destacó principalmente que el Estatuto contemplará que el Gobierno aragonés suscriba acuerdos y convenios de colaboración y de cooperación con los territorios en los que existan estas comunidades, incluso la posibilidad de solicitar al Ejecutivo central que formule tratados y convenios con los países donde residan aragoneses.