El Ministerio de Medio Ambiente cede, por primera vez, al sector privado los servicios de explotación, mantenimiento y conservación de sus 300 presas. La inversión podría acercarse a los cien millones de euros.
C.
MORAN. Madrid
El Gobierno ha decidido hacer un importante lavado de cara a las 300 presas y embalses titularidad del Estado apoyándose en la iniciativa privada. Para conseguirlo, el Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado un plan que contempla la licitación de una treintena de concursos públicos que ha despertado el interés de los grandes grupos constructores y de las principales compañías especializadas en el sector de la conservación de grandes infraestructuras.
La inversión prevista por el Gobierno podría acercarse a los cien millones de euros.
Se trata de una iniciativa novedosa, ya que, hasta ahora, este tipo de actividad estaba encomendada a los profesionales y funcionarios enmarcados en las plantillas de las distintas cuencas hidrográficas.
Según el sector, el Ministerio ha optado por la misma fórmula elegida por el departamento de Fomento hace diez años para la conservación y mantenimiento de la red estatal de carreteras.
El proyecto se enmarca dentro del proceso de desarrollo de la Ley de Aguas en el que, entre otros objetivos, se pretende aumentar los indicadores de seguridad de estas infraestructuras.
Medio Ambiente ha agrupado los contratos en lotes de cuatro o cinco presas. Actualmente, ya están presentados unos 19 concursos y se espera que, antes del verano salgan otros doce, de los que cinco corresponden a la Confederación Hidrográfica del Duero.
En principio, la duración de los contratos será de dos años, ampliables a otros dos. En el pliego de condiciones de los concursos, la Administración recomienda la presencia en la Unión Temporal de Empresas (UTE) de una compañía de conservación, de una empresa local especializada en mecanismo de presas y de una empresa de ingeniería.
El plan, encomendado a la Dirección General del Agua, supone un paso más en el proceso iniciado por el Gobierno de trasladar a la iniciativa privada las actividades vinculadas a la conservación y el mantenimiento de las grandes infraestructuras de transporte y también hidráulicas.
Dentro de los proyectos más ambiciosos para esta legislatura, destaca el plan de modernización de las autovías de primera generación, la red de alta capacidad que en estos momentos se encuentra en peor estado y con uno de los mayores índices de accidentalidad.

Según las fuentes consultadas, el departamento que dirige Magdalena Alvarez ya ha sacado a información pública entre siete y nueve trazados de los 18 contratos que contempla el plan.

El proyecto, que conlleva un inversión de unos 2.000 millones de euros, se desarrolla a través del denominado peaje en la sombra, es decir, las empresas adjudicatarias se encargan del buen estado de las carreteras durante un plazo cercano a los 20 años, a cambio de un canon que paga la Administración en función de unos índices de demanda de tráfico.
El pliego de condiciones de estos concursos ya está ultimado y las principales empresas del sector ya están confeccionando la UTE que finalmente constituirán las sociedades concesionarias.
Los contratos en juego
Plazo de explotación: 24 meses
Lugar Importe (e)
Castellón, Valencia y Teruel 2.777.354
Alicante, Cuenca 2.843.285 y Valencia
Ciudad Real 2.775.227
Badajoz 1.813.580
Albacete y Murcia 2.390.593
Albacete y Murcia 2.049.417
Albacete y Murcia 2.050.986
Cáceres 962.824
Lugar Importe (e)
Badajoz 3.169.600
León, Lugo y Asturias 2.777.354
Cantabria, La Rioja y Asturias 1.240.299
Navarra 801.607
Huesca 1.397.430
Avila, Cáceres y Madrid 1.800.314
Lérida 708.169
Murcia y Alicante 1.465.561
Teruel 605.759
El Gobierno quiere que en cada UTE haya una empresa de conservación, una local y una ingeniería
El objetivo es licitar una treintena de concursos públicos con 4 ó 5 presas
en cada lote
Cursos acelerados para formar profesionales
Uno de los handicaps con el que se encuentran la empresas privadas para acceder a este tipo de contratos es la selección de personal cualificado, ya que, hasta ahora, era una actividad desarrollada por el cuerpo de funcionarios del Estado. Para paliar este déficit, Acex, la patronal que representa los intereses de las empresas de conservación de infraestructuras, ha puesto en marcha un curso para responsables de conservación de presas que será oficialmente presentado el próximo 8 de mayo. La iniciativa, que surge al calor del plan del Ministerio de Medio Ambiente, pretende que, al finalizar el curso, los 35 alumnos seleccionados (ingenieros de caminos) cuenten con la formación más avanzada del sector.
Más negocio
Para ello, el profesorado está integrado por profesionales del Ministerio de Fomento y de Medio Ambiente, de las Confederaciones Hidrográficas, de las empresas constructoras, de las ingenierías y de la propia patronal. La demanda es tal que Acex ha tenido que asignar a un alumno por cada una de las 28 empresas asociadas a la patronal.
Según Acex, la conservación se va a convertir en uno de los segmentos de mercado de mayor crecimiento en el sector de la construcción. Además de las carreteras y, ahora, de las presas, las compañías confían en que, a corto plazo, se desarrollen iniciativas similares en otro tipo de infraestructuras como, por ejemplo, los aeropuertos.