Valencia
Un juzgado de Valencia ha respaldado la suspensión cautelar que decidió el 29 de julio de 2005 el consejo de administración de Aguas del Júcar de la ejecución de los tramos II, III y IV del trasvase del Júcar-Vinalopó hasta que la Administración se pronunciase sobre la idoneidad o no del mismo. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Marina Baixa impugnó la decisión y el juez no ha estimado la queja.
El titular del Juzgado de Lo Mercantil número uno de Valencia, Salvador Vilata, ha desestimado la impugnación de los usuarios y les ha condenado a pagar las costas del procedimiento, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia. El magistrado escuchó el pasado 22 de marzo las explicaciones sobre la decisión de la sociedad estatal Aguas del Júcar rechazada por los usuarios. El consejero delegado de la Confederación Hidrográfica del Júcar, José María Marugán, nombrado en 2004, compareció en la oficina judicial y durante una hora explicó las razones que ampararon la decisión.
Según Marugán, los tramos II, III y IV del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó fueron adjudicados in extremis en abril de 2004, con el gobierno del PP en funciones. El nuevo ejecutivo, una vez constituido, y tal como había anticipado con anterioridad, discutía dicho trazado y se proponía, como mínimo, revisar si constituía la mejor opción. Por tanto, y ante la previsible derogación de un trazado que presentaba cuanto menos algunas objeciones insalvables para el ministerio de Medio Ambiente, el consejo de administración de Aguas del Júcar, tras una recomendación verbal de quien ya era director general del Agua, Juan José López, decidió paralizar la ejecución de los tramos II, III y IV.
Marugán explicó en el Juzgado que la ejecución de los mismos en el momento en el que se decidió la paralización cautelar era mínima: del 1% en el caso de los tramos II y III; y del 0,5% del IV. El consejero delegado relató que la razón fundamental fue la de 'eficacia en favor del interés general'. Según dijo, el coste era mucho menor si se paralizaba cautelarmente un trazado que ya se presumía próximo a derogar -como luego ocurrió- que continuar con una ejecución que no llegaría a su fin porque no contaba con el respaldo del ministerio de Medio Ambiente.
Sin embargo, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Marina Baixa, que apoyó el trazado diseñado por el Gobierno del PP, entendió que el consejo de administración había tomado una decisión sin contar con los que consideraba preceptivos informes técnicos y económicos, y sin competencias para ello porque no había recibido encomienda del Ministerio. Así las cosas, el contencioso abierto entre ambos llegó al juzgado.
El juez, según consta en el fallo, ha considerado que el planteamiento de los demandantes es 'insostenible, precisamente en atención al interés tutelado, esto es, el interés social entendido como interés de la sociedad'. Más aún, añade el magistrado que 'tal planteamiento abstracto y sin mayor especificación no conforma supuesto de infracción alguno y como tal debe venir rechazado en esta sede, tanto más en cuanto que no aparece que se haya quebrantado en modo alguno el procedimiento hábil para la suspensión de las obras, levantándose las actas correspondientes con las empresas afectadas'.
Marugán manifestó ayer a través de un comunicado tras conocer el fallo judicial que 'la nueva conducción Júcar-Vinalopó recibe así el respaldo de los tribunales'. El consejero delegado añade que 'la sentencia confirma que la sociedad estatal ha actuado dentro de la más absoluta legalidad, defendiendo siempre el interés general por encima de intereses particulares o partidistas'. Marugán afirma que 'la demanda interpuesta respondía exclusivamente a un interés propagandístico'. Y concluye con un llamamiento a las comunidades de regantes de Alicante para que 'abandonen la estrategia de la crispación y el enfrentamiento'.