En 2005, año de gran sequía, el Canal de Isabel II investigó más de 1.300 casos de fraude de agua. Como consecuencia de estos expolios la compañía reclama judicialmente más de 2 millones de euros a los ladrones hidráulicos. En estos hurtos no se incluyen manipulación de contadores y otras pequeñas estafas.
Los saqueadores son empresas, particulares, balnearios y urbanizaciones que realizan acometidas ilegales de agua que no pasan por el contador. Además, realizan un gasto innecesario y abusivo del agua para el llenado de piscinas, riego de jardines, obras y otras actividades lúdicas. Incluso, se dio el caso de una empresa de transportes madrileña que se dedicó a robar agua del Canal en Aranjuez para llenar un gran lago artificial en una nueva urbanización de Seseña, en el municipio de Toledo.
Del volumen total de 1.020 defraudadores descubiertos por la compañía destacan 27 casos en los que el robo de agua fue masivo, ya que abastecían a más de 50 chalés o viviendas. Estos 27 fraudes han acarreado 14 procesos judiciales en 10 municipios de la región.
Este tipo de acciones están tipificadas en el Código Penal vigente como Defraudación de Fluidos y son sancionables por la Ley de Aguas. Así lo especifica en su artículo 255, capítulo VI, sobre defraudaciones y delitos de orden socioeconómico.
Todos estos ladrones se enfrentan, por lo tanto, a multas de hasta 600.000 euros y a penas de cárcel que oscilan entre los tres y los 12 meses siempre que la estafa sea mayor a 400 euros.
Es llamativo pero en los años de mayor déficit de agua, un elemento tan vital, se produce más saqueo que nunca.
La unidad del Canal de Isabel II encargada de perseguir la pillería hidráulica es la Dirección de Seguridad que coordina Luis Miguel Garrido, un antiguo inspector de Policía con más de 30 años de experiencia en los cuerpos de Seguridad.
Garrido ha sido el impulsor de un Plan de Seguridad que pretende evitar, por un lado, que se malgaste el agua y, por otro, que haya entidades o personas que no abonen el agua consumida.
En la sección de Seguridad existe una división de Fraude que investiga en exclusiva los robos de agua que se producen en los 12.500 kilómetros de tuberías del Canal. Funciona desde hace año y medio.
Este grupo especializado trabaja conjuntamente con el Seprona de la Guardia Civil en la persecución del expolio de agua. Conjuntamente han descubierto un importante consumo con la utilización de procedimientos ilegales en urbanizaciones, obras y viviendas. «Nuestra misión es perseguir al pirata hidráulico», destaca Garrido. «Estamos ante un individuo que tiene conocimientos de fontanería y albañilería y conoce las redes del Canal. Sabe dónde pinchar o dónde están las tuberías. Para extraer agua de estos conductos hay que tener conocimientos amplios de fontanería, ya que a veces el agua va con mucha fuerza y normalmente actúan de noche», afirma Luis Miguel Garrido.
La mayoría de estos delincuentes acuáticos trabajan para urbanizaciones de la periferia madrileña. «Desvían el agua a una zona de pisos y dan agua a 300 o 400 chalés que roban el líquido. No son clientes del Canal y no pagan ningún tipo de recibo». Lo más curioso es que estas comunidades tienen una especie de contrato con los piratas hidráulicos y cuando tienen una avería deben recurrir a él, a quien ha montado la instalación clandestina.
Para destapar los pinchazos ilegales la compañía de aguas dispone de una moderna tecnología. El aparato más empleado para este tipo de pesquisas es el denominado georadar, una máquina capaz de encontrar una fuga o un pinchazo a varios metros de profundidad.
Los técnicos de Seguridad suelen emplear estos mecanismos allí donde surgen urbanizaciones ilegales en terrenos rústicos y sin licencia. En la región se contabilizan más de 120 núcleos clandestinos.De antemano, todas son sospechosas de apropiarse indebidamente de agua. La mayoría son focos de chabolismo pero a veces también se trata de chalés adosados o viviendas unifamiliares levantados en zonas rústicas.
Un caso llamativo fue el de Cabanillas de la Sierra, donde se descubrió una red de más de dos kilómetros de mangueras de polietileno que distribuía agua en viviendas unifamiliares desde hacía seis años. En la Cañada Real Galiana, entre Rivas y Madrid, también se han descubierto muchos de estos enganches ilegales.
Para averiguar cuánto tiempo llevan sustrayendo agua las urbanizaciones, la entidad madrileña solicita a la Comunidad las licencias de construcción. Así se averigua cuándo se edificaron las casas.
Luego existe una fórmula matemática para averiguar cuánta cantidad de agua sustrajeron. «En función del diámetro de la tubería y con arreglo a las tarifas existentes se cuantifica por parte de la Dirección Comercial del Canal lo que se ha robado. Eso luego se reclama a los usurpadores. Posteriormente, toda la documentación se envía a la Guardia Civil para redactar las diligencias de cada caso», detalla Garrido.
Otra forma de combatir a los ladrones del agua es la revisión de las tuberías. «Llevamos casi 4.000 kilómetros de conductos analizados y en estas inspecciones se descubren pinchazos y también fugas», según Garrido. Sólo en este capítulo la compañía madrileña ha invertido más de 200 millones de euros.
En ocasiones los ladrones de agua no son tan mañosos. Sus acciones son burdas. Roban directamente el agua de las bocas de riego o de las tomas de incendios. Llenan sus camiones y venden el líquido para llenar piscinas o depósitos.
Garrido reconoce que ese agua de las bocas callejeras no se puede cortar. «Estos hidrantes tienen que tener agua permanentemente ya que los bomberos pueden utilizarlos en cualquier momento».En Colmenar Viejo, la Guardia Civil descubrió en un día seis camiones cisternas que llenaron hasta 10 veces el depósito con las tomas de agua.
Mejorada del Campo fue una de las localidades donde se descubrieron más robos de agua en 2005. Es el caso de la urbanización El Tallar, donde mangaban agua para 500 chalés desde una toma ilegal.
En la carretera de Andalucía, a la altura de Ciempozuelos, también se descubrieron siete industrias que timaban agua. Casi afanaron 400.000 euros, según fuentes del Seprona.
Luego existen las urbanizaciones y zonas residenciales que se dedican a llenar piscinas olímpicas cada 15 días durante la época veraniega. Completar un vaso de esa dimensión cuesta más de 6.000 euros. «La gente malgasta el agua, riega con exceso y eso no lo podemos consentir y por ese motivo se está potenciando la Unidad de Fraude», subraya Garrido.
Cuando la compañía hidráulica descubre un fraude en la red también tiene la opción de cortar el agua o condenar las tuberías para siempre. La experiencia de la división de Fraude ha servido para llevar a cabo ahora la clausura total de las tuberías. «Hemos aprendido que hay determinados sitios donde no se puede cortar el agua. Hay que condenar porque existen personas que tras la actuación del Canal vuelven a pinchar la tubería por otro sitio».
Asimismo, el Canal dispone de más de 70 pozos subterráneos. La sustracción de agua de estos niveles es imposible debido a que todos estos pozos están controlados por el Canal.
No obstante, la entidad dispone de un teléfono, 901 51 65 15, que puede utilizar cualquier persona que tenga la mínima sospecha de que se produce un uso fraudulento del agua.
El Canal de Isabel II tiene más de 300 instalaciones en la región entre pantanos, presas, laboratorios y estaciones de tratamiento de agua. La compañía también dispone de un gran centro de control que vigila todos estos lugares durante las 24 horas del día.Existe personal de seguridad cualificado en cada recinto.
Asimismo, el Canal posee centros sociales y culturales que poseen un exclusivo sistema de seguridad. Y muy pronto se inaugurará el Teatro del Canal, que contará con dispositivos de seguridad futuristas.
El Canal de Isabel II, entidad creada en 1851, abastece en la actualidad al 96% de los vecinos de la Comunidad de Madrid y a vecinos de ocho poblaciones de las provincias de Toledo, Guadalajara y Avila. Para proporcionar el volumen de agua necesario a este elevado índice de población, el Canal dispone de las aportaciones de siete ríos de la sierra de Guadarrama y de los principales acuíferos.

Un lago de Seseña, llenado con agua robada en Madrid
Una de los estafas más llamativas ocurridas el año pasado en la región se produjo en el municipio de Aranjuez. Hasta la localidad ribereña acudieron decenas de cisternas para robar el agua. La hurtaban desde los hidrantes situados en la calle. Pero el líquido que sustrajeron no era para consumo humano, sino para llenar un lago artificial de más de una hectárea de superficie.
Durante varios días las cisternas se llevaban el agua del Canal de Isabel II y la trasladaban hasta el estanque artificial en la localidad de Seseña, en Toledo.
Desde el Canal se calcula que los promotores robaron más de 600 cisternas de agua para colmar el cemento de la laguna. «Nos iban robando el agua periódicamente, pero encima también la cobraban.Estamos hablando de un montón de millones que pagaban los promotores para pagar el transporte del agua porque el agua no les costaba nada». Cada transporte de la cisterna le costaba a los constructores cerca de 180 euros. Este caso está en manos del juez y lo investiga un juzgado de Valdemoro. Además, esta investigación destapó un fraude fiscal ya que las empresas transportistas no declaraban sus ingresos a Hacienda.
Con todo, el director de Seguridad Luis Miguel aclara que lo que más vale no es el agua que se robaba, sino el transporte del líquido. «Una cisterna de agua vale 12 euros, lo que más vale es el transporte». En este caso el Seprona y el Canal han denunciado a los transportistas, a los que reclaman más de 100.000 euros.
Además, el año pasado se emprendieron investigaciones judiciales por defraudación de fluidos en Coslada, Aranjuez, Collado Villalba, Arganda, Colmenar Viejo y Madrid.
Se trata de atestados y diligencias tramitadas por la Guardia Civil en las que son puestas a disposición judicial todas aquellas personas responsables de los delitos tipificados en el Código Penal.