El agua es desde tiempo inmemorial un bien calificado de dominio público por su especial importancia estratégica tanto para el consumo humano, como para el agrícola y, más modernamente, para el industrial y de servicios. El crecimiento demográfico y del propio consumo hacen que las reservas naturales se vean cada más reducidas y la presión rebase en muchos puntos las disponibilidades. Las voces de alarma sobre este hecho son crecientes hasta el punto de que para muchos analistas será, junto con el suministro energético, el principal motivo de las guerras del siglo XXI.

Como en el caso energético, a nivel español no parece que se haya hecho mucho en este sentido para mejor afrontar el futuro del agua en nuestro país. De hecho, da toda la impresión de que se ha territorializado (por las dificultades para explicar y convencer de otra cosa) su dominio, y lo cierto es que está mal repartida. La nueva política parece ser controlar el consumo, y no actuar sobre un suministro y reparto más equitativo.

Aunque antes o después habrá que poner sobre el tapete este hecho, entre tanto cabe replantearse el uso de los propios recursos y afinar sobre los diferentes consumos para optimizar el empleo que se hace de lo que, en definitiva, es un bien escaso y muy valioso.

Desde el Gobierno de Francisco Camps parece haberse entendido así, por fin, lanzando una campaña informativa y un Plan de Saneamiento con el doble objetivo, por un lado, de evidenciar el despilfarro y la falta de solidaridad por parte de otras comunidades autónomas mediante una campaña informativa masiva que recuerda que en dos semanas vierte el Ebro más agua de la reclamada en el trasvase (350 hectómetros cúbicos), y por otro, fijándose como objetivo del Plan de Saneamiento, reutilizar en 2010 una cantidad de agua similar, esto es, 360 hectómetros cúbicos de agua. Y para lograrlo anuncia inversiones por valor de casi 1.900 millones de euros.

Al margen de lo dudosas que suelen ser las campañas institucionales, por lo que tienen de partidistas en general, nos parece mucho más centrada y posibilista esta posición que la anterior de empecinamiento en el trasvase, confrontación con el Gobierno Central y manifestaciones en la calle.

Una campaña de concienciación sobre la importancia del agua y la pérdida de solidaridad y dominio público sobre su uso es necesaria para tratar de invertir en el futuro una situación que pone en cuestión la capacidad de las instituciones del Estado español para hacer política de interés general en algo tan elemental. Habrá que ver las bondades de la misma, pero ese es el camino, junto con el de la colaboración y aprovechamiento de las oportunidades que se presenten, vía Programa Agua (y las desalinizadoras). Pero quedaría coja la actuación si no fuese acompañada de iniciativas propias que contribuyan, contra toda objeción, a paliar o solucionar en la medida posible el problema por nuestros propios medios.

Y esta es quizá la novedad que introduce el nuevo Plan de Saneamiento. El objetivo es ambicioso y tiene presupuesto y plazos claros. Pero es imprescindible su cumplimiento para estar en situación de reclamar con la razón de los hechos.

Entre tanto, no estaría de más complementar esa iniciativa con otras que posibilitaran una todavía más espectacular consecución de objetivos. Nuestra agricultura consume el 80% de nuestros recursos hídricos. Aunque a nivel nacional esa cifra sea del 70%, y la diferencia se explique por el tipo de cultivos, terrenos y climatología, reducirlo sería un objetivo importante. La implantación de sistemas de riego por goteo y aspersión o la introducción de técnicas de control de riego, como el desarrollado y presentado hace unos días por técnicos de la Universidad Politécnica de Valencia, que permiten ahorros del 20% mediante la utilización de ordenadores con programas que evalúan las necesidades concretas de cada parcela, servirían para ello. Y lo mismo cabe decir del consumo humano: convencer al ciudadano de que puede consumir menos agua con el mismo nivel de bienestar tampoco sería tan complicado por la falta de costumbre de hacerlo.

Todo ello nos dejaría en mejor situación para el presente inmediato, y con mayores argumentos para plantearse debates de fondo, como el del dominio público de este bien, de cara al futuro.