José Chamizo se muestra «preocupado» por la «gran incidencia» de urbanizaciones irregulares en un informe remitido al Parlamento Las fugas provocan que el 35% del suministro para uso doméstico se pierda QUICO CHIRINO/GRANADA
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El Defensor del Pueblo ha salido en defensa del agua cuando el líquido elemento más escasea. Las conclusiones, sus recomendaciones y sugerencias, aparecen en un informe especial remitido al Parlamento sobre 'Los servicios domiciliarios de agua en Andalucía'. En el documento se recogen también otras consecuencias colaterales, como la llamada de atención que hace José Chamizo sobre «el significativo número de asentamientos residenciales al margen del planeamiento urbanístico» y que, en el caso de Granada, en los años noventa ya rondaban el centenar, según datos de la consejería de Obras Públicas. Lo más grave es que, además de que estos chalés están fuera de los mapas, se abastecen de «corrientes o balsas de agua sin control de potabilidad alguno y a los que tampoco se les realiza tratamiento», fundamentalmente de pozos. Estas captaciones de agua «minoran sin control los yacimientos acuíferos existentes y suponen un riesgo para la salud de las personas que se abastecen de ella».
Estas urbanizaciones -prosigue en su informe el Defensor- carecen también de «sistemas de desagüe o de conducciones de saneamiento, por lo que suelen verter de manera indiscriminada (.) sin depuración». Chamizo insiste en que son los titulares de estos inmuebles los que tienen que asumir los costes de regularizar el suministro de agua en las urbanizaciones.
La cantidad de urbanizaciones ilegales es un misterio sin contabilizar. «Es un aspecto que preocupa a esta institución por la gran incidencia que tiene en el territorio», señala el informe. Entre los ayuntamientos encuestados -43 en Granada-, el 14% admite conocer la existencia de asentamientos irregulares, la mitad lo niega y -un detalle importante- el 30% no contesta.
Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, aproximadamente 5.400 hectómetros cúbicos -el 32% de las reservas- se destinan al consumo doméstico y actividades económicas, con una media de 80 metros cúbicos por habitante. Pero no todo el líquido que entra en las tuberías y en la red de suministro de aprovecha. «Las pérdidas o fugas más optimistas declaradas se sitúan en torno al 35%. En las ciudades grandes, con medios más avanzados, llegan al 20%», expresa el informe de la oficina del Defensor. Un porcentaje revelador: por cada diez litros de agua potable que se ponen en circulación, tres se pierden por el camino. El Defensor apremia a poner en marcha «mecanismos de control de los flujos, absolutamente imprescindibles».
La red que duerme en el subsuelo de pueblos y ciudades hay que renovarla. Empezando desde los detalles más nimios. Por ejemplo, la vida de un contador no alcanza más de ocho años. Después hay que abrirlo, revisarlo y, cuando se haya sometido a dos reparaciones generales, «debe quedar fuera de servicio». «La provincia de Granada destaca por ser la que mayor porcentaje de municipios reconoce que la situación de los equipos de medida es muy deficiente. (.) Y sólo un 5%, el porcentaje menor de todas las provincias, considera que la situación es muy buena», agrega el estudio.
Otro aspecto sobre el que el Defensor pide una regulación urgente es para los usos agropecuarios del agua. «De poco sirve tener más medios de captación y embalse de agua a través de enormes obras de gran impacto si luego nos mostramos incapaces de una gestión eficaz y razonable», apunta. Se refiere a que el uso urbano apenas supone el 15%, mientras el sector agrario consume cinco veces más agua (81%). «Cualquier política seria de ahorro no tendrá más remedio que abordar de una vez por todas la situación de los usos agropecuarios y, en particular, los sistemas de regadíos», concluye el informe remitido al Parlamento.
Quejas
La gestión del agua no es una desconocida en las oficinas del Defensor del Pueblo de Andalucía. José Chamizo ha tenido que atender en numerosas ocasiones protestas de los vecinos que no están satisfechos con el servicio que pagan para abrir el grifo y tener agua. Las quejas más habituales se refieren a la «pésima calidad, a las interrupciones o escasa presión en el suministro, o a los daños que en el patrimonio de los ciudadanos causan las averías de las redes de conducción de agua». En el sustrato de la experiencia acumulada, José Chamizo apunta: «Hemos llegado a advertir una negligencia de los servicios municipales o de las empresas que asumen la gestión en la sustitución de los contadores averiados y en el cumplimiento de las obligaciones de verificación y renovación periódica de los equipos de medidas».