M. B.

MURCIA. Siempre aparece una disposición adicional en toda ley que pone los puntos sobre las íes e invita a la controversia. En este caso, el real decreto ley que regula los llamados bancos de agua señala que todos los caudales que compren los regantes murcianos «se computarán como volúmenes trasvasados a todos los efectos». El Sindicato Central de Regantes, que ayer empezó a pedir explicaciones al Ministerio de Medio Ambiente, considera que con esta disposición no se podrán comprar más de los 440 hectómetros cúbicos anuales estipulados para los regadíos en la Ley del Tajo-Segura; y que aquellos caudales que se compren se restarán de esta asignación.

El presidente del Sindicato, Francisco del Amor, manifestó ayer que los bancos de agua «no tienen por qué ir a cuenta del Trasvase Tajo-Segura. No nos gusta esta parte y se lo hemos dicho al director general del Agua, Jaime Palop». Este último le explicó que el real decreto no tendría sentido si hubiera excedentes de sobra en la cabecera del Tajo para enviar al Segura (Entrepeñas y Buendía almacenan ahora 299 hectómetros, tres más que la semana pasada), puesto que es una medida de urgencia para aliviar el estrés hídrico que padecen los cultivos.

Los regantes, por otra parte, esperan que este decreto se pueda prorrogar si persiste la actual sequía, ya que tiene una vigencia que acaba el 30 de noviembre del año que viene. Francisco del Amor indicó que ve muy limitado el alcance del decreto; y que el Ministerio no ha incluido a la cuenca del Júcar, como propuso el Sindicato.

Sí considera positivo que, al margen del precio que fijen comprador y vendedor de derechos de uso del agua, la Administración supervise las transacciones para evitar un mercado negro, algo que se ve como imposible dado que la partes deben tener inscritos sus derechos en el Registro de Aguas.

Asimismo, el real decreto declara la urgente ocupación de terrenos para las desalinizadoras de Torrevieja y Águilas, la desalobradora de El Mojón y modernización de regadíos en Ojós-Contraparada.