La severa sequía que ha padecido España durante los últimos meses, la más severa del último siglo, está detrás del aumento de incendios forestales registrados este año, que han dejado el trágico balance de diecisiete personas muertas, once de ellas en el siniestro ocurrido en julio en Guadalajara.
La escasez de precipitaciones ha contribuido además a alejar aún más a España de los compromisos que adquirió al ratificar el Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático.
Inmersos en plena batalla por controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera, y especialmente las de dióxido de carbono (principal responsable del cambio climático y del calentamiento global el planeta), España ha tenido que hacer frente a la sequía con las reservas de agua muy disminuidas.
Esa escasez de reservas ha impedido mantener el ritmo de producción hidroeléctrica (no contaminante) y recurrir en mayor medida a las energías "fósiles" como el gas o el carbón (más contaminantes) para asegurar la demanda de los ciudadanos y de las empresas.
La sequía obligó al Gobierno a agilizar muchas de las actuaciones previstas en el programa AGUA y reabrió el debate político, económico y social en torno al Plan Hidrológico Nacional y el derogado trasvase del Ebro.
Disminuidas también las reservas de los embalses castellanomanchegos de Entrepeñas y Buendía, de los que se abastece el trasvase Tajo-Segura, la decisión de traspasar agua de una a otra Comunidad correspondió al Consejo de Ministros y se reabrieron las viejas rencillas causadas por esta transferencia.
El año hidrológico (del 1 de octubre al 30 de septiembre) se cerró con los embalses peninsulares al 39,4 por ciento de su capacidad total, aunque octubre y noviembre fueron inusualmente lluviosos y propiciaron una recuperación de las reservas, que rondan ahora el 45 por ciento.
La extrema sequía que han padecido provincias como Madrid, Huesca, Soria o Albacete es inédita y no existen mediciones de lluvias tan bajas como las que se han registrado durante los últimos meses desde la segunda mitad del siglo XIX.
Tras procesar todos los datos, el Ministerio de Medio Ambiente ha concluido que este año pasará a la historia como el año más seco desde que se comenzaron a tomar registros de una forma sistemática en 1947, aunque las estaciones pluviométricas existentes en varias ciudades desde mediados del siglo XIX no habían registrado nunca precipitaciones tan bajas.
En materia de incendios forestales, el balance del año es especialmente trágico, y a las 180.000 hectáreas arrasadas por el fuego se suman las 17 personas fallecidas cuando participaban en labores de extinción del fuego.
Once de ellos perdieron la vida en julio en el incendio provocado por una barbacoa en la localidad guadalajareña de Riva de Salelices (otra persona falleció meses después en la misma zona cuando trabajaba en la limpieza de la zona).
El siniestro desencadenó la dimisión de la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, la creación de una Comisión de Investigación en el parlamento regional, que según la oposición no sirvió para depurar las responsabilidades, y una tormenta política nacional.
En plena lucha por reducir sus emisiones contaminantes y acercarse a los objetivos del Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático, el Gobierno puso en marcha el Primer Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, que limita las emisiones de un millar de instalaciones energéticas e industriales.
Al ratificar el Protocolo de Kioto, España se comprometió a que sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera no aumenten más del 15 por ciento con respecto a las emisiones de 1990 (año de referencia para el Protocolo), aunque en la actualidad esas emisiones superan en un 45 por ciento a las de aquel año.