La Junta de Castilla-La Mancha volvió a exigir hoy al Gobierno central el control estricto del uso del trasvase Tajo-Segura, al tiempo que avanzó que las reglas de funcionamiento de esta infraestructura se modificarán con la revisión de los planes de cuenca, cuyos grupos de trabajo comenzarán a trabajar desde el año que viene y hasta el 2009.
Esta postura del Gobierno regional fue defendida en las Cortes regionales por la consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez, en el debate sobre política regional solicitado por el Consejo de Gobierno y por el PP sobre esta materia. Álvarez inició su exposición afirmando que "si hoy se habla de trasvase" es "gracias" al presidente regional, José María Barreda.
"No se entiende una política del agua sin la defensa de los intereses de la región por el fin del trasvase, y a través de la demanda y exigencia de la ejecución de las obras prioritarias para Castilla-La Mancha", puntualizó.
Recordó así que el acuerdo alcanzado con el Gobierno central incluía una disposición adicional a la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) , que instauró que "algo que tenía vocación de permanencia se haya convertido en un elemento vulnerable a la razón", en referencia al trasvase. Según dijo, desde entonces el Ejecutivo regional, además de demandar el fin del trasvase, ha presentado al Consejo de Ministros expedientes que justifican "lo innecesario" de atender a los riegos de socorro reclamados por la cuenca del Segura.
TRANSFERENCIAS INNECESARIAS.
Dijo que por tales motivos se han recurrido ante el Tribunal Supremo las dos derivaciones aprobadas en julio y en octubre, ambas "innecesarias", y no "prudentes" ni "justificadas".
Ello le llevó a afirmar que el Gobierno regional "no ha perdido una sola ocasión" para manifestar su rechazo al trasvase, para adoptar decisiones legales y para solicitar siempre prudencia en las decisiones que dañen la disponibilidad de recursos hídricos en la región para el futuro más inmediato.
Destacó la situación de excepcionalidad en los embalses de cabecera de la cuenca del Tajo, que mantienen reservas de 286 hectómetros cúbicos, cuando tienen una capacidad para 2.400 y mostró la preocupación de la Junta por el control del agua que Castilla-La Mancha comparte con la cuenca del Segura. "La realidad avala la acción del Gobierno, y es necesario controlar el uso estricto de esa agua", recalcó, tras asegurar que el trasvase, al que llamó "lacra", es una infraestructura "denostada por la opinión pública a nivel nacional".
Concluyó afirmando que al Gobierno central "cada vez le resulta más difícil" aprobar transferencias de agua hacia el Segura para regar, y aprovechó para dejar claro que se ha puesto una "cuenta atrás" al trasvase por la vía de sustituir los cauces con infraestructuras alternativas. Según remarcó, las reglas del mismo se van a reformar con la revisión de los planes de cuenca, cuyos trabajos de revisión comenzarán el próximo año y culminarán en 2009.
PP DENUNCIA "TRIQUIÑUELAS"
Por su parte, el portavoz del PP, Lucrecio Serrano, denunció primero las "triquiñuelas filibusteras" de José María Barreda al no comparecer en las Cortes para hablar de trasvases, acusándole de "esconderse" para no someterse al control de la oposición del gobierno.
Dicho esto, remarcó que tras siete debates parlamentarios sobre esta cuestión "seguimos sin agua y sin infraestructuras", y criticó que el Gobierno regional transmita una "falsa euforia" y haya "vendido acuerdos históricos" que son "papel mojado".
Habló incluso de un engaño permanente del "presidente ausente" --le llamó así hasta en veinte ocasiones-- a los castellano-manchegos, hablando continuamente de una "fecha de caducidad" del trasvase "en todos los sitios menos en el Parlamento" y sin plantearlo seriamente "donde tiene que plantearlo".
Finalmente, señaló como causas de esta situación el "sometimiento" de la política de la región a la actitud "radical de izquierdas que está imperando en toda España". Exigió a Barreda que le diga "a los suyos" que este año se podrían haber trasvasado 1.500 hectómetros desde el río Ebro y que "el mayor disparate" protagonizado por el PSOE ha sido aprobar el blindaje de este río tal y como figura, a su juicio, en la reforma del Estatut catalán.
LAMATA DEFIENDE GESTIÓN BARREDA.
Tras la intervención de Serrano, tomó la palabra el vicepresidente primero de la Junta, Ferando Lamata, quien le replicó que Barreda se encuentra regresando de un viaje oficial a México, "representando los intereses de Castilla-La Mancha en el extranjero". Negó así que existan "triquiñuelas" a este respecto, y le recordó que los miembros del Gobierno regional acuden a las Cortes siempre "con serenidad y buscando conseguir el acuerdo".
"El presidente Barreda no se esconde", le espetó, alegando que "este Gobierno habla muy claro del agua", como recientemente en las Cortes regionales y en el Senado, y que si los ciudadanos identifican a alguien con la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua, "ese es el presidente, José María Barreda Fontes".
Dicho esto, intervino el diputado del PSOE Francisco Moya, quien defendió la gestión realizada a este respecto por el Gobierno regional y su respuesta a las afirmaciones realizadas en las últimas semanas por representantes del Gobierno murciano en relación a la libertad de esta Comunidad para el uso del agua.
En su turno de réplica, Serrano aprovechó para reprochar al PSOE las enmiendas del Senado a los Presupuestos Generales para 2006, donde se recogen compromisos para Cataluña, Galicia, País Vasco y Canarias. "?Dónde está Castilla-La Mancha?", se preguntó, insistiendo en acusar a los socialistas de ofrecer "verdades a medias" y pidiéndoles que "vigilen los dineros que vienen a esta región".
Moya zanjó esta cuestión preguntándole al portavoz 'popular' "?dónde está su candidato?" y aseguró que Castilla-La Mancha está en los Presupuestos Generales reflejada en las obras hidráulicas contempladas en las partidas del Ministerio de Medio Ambiente.
Concluyó el debate la consejera de Obras Públicas quien aseguró que el PP se "desautoriza a sí mismo" e insistió en que el trasvase está "más cerca de su fin gracias a la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha".