La organización agraria Asaja-A coincidió con las peticiones de la Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) y demandó que se establezcan instrumentos que hagan posible el establecimiento de compensaciones a aquellos agricultores que se vean obligados a ceder agua para facilitar el abastecimiento urbano.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Asaja Sevilla citó algunas de las alegaciones presentadas por la patronal agraria al borrador de decreto de sequía para el Guadalquivir que será aprobado en breve por el Consejo de Ministros.
Para Afán de Ribera "es importante el establecimiento de compensaciones para los que pierden el derecho de regar", tras lo que indicó que "no se puede utilizar este decreto, formulado en una situación de excepción como la actual, para dar manga ancha y carta blanca a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".
Lamentó que este decreto se elabore "en un marco donde no existe une equilibrio entre la oferta de infraestructuras y embalses en la cuenca y la demanda o el consumo existente". Además, denunció el hecho de que el decreto "no contemple ningún apartado sobre realización de nuevos embalses o agilización de los ya proyectados".
"Los actuales embalses existentes en la cuenca no son suficientes para todo el consumo que tenemos los agricultores y los consumidores urbanos", agregó Afán de Ribera, que, lamentó que el borrador de Decreto de sequía para la cuenca del Guadalquivir no contemple medidas para agilizar la construcción de los pantanos ya previstas, como Melonares o Breña II ni tampoco introduzca medidas para agilizar la construcción de pequeñas balsas o presas promovidas por particulares.
Reconoció que actualmente en Andalucía "no tenemos capacidad de almacenamiento y abastecimiento suficiente", tras lo que lamentó que "no exista una estrategia ni un plan de infraestructuras hidráulicas y no sea suficiente la apuesta del Gobierno para atajar la sequía".
Este portavoz precisó que, entre otras cuestiones, Asaja-A ha planteado alegaciones "a algunos aspectos que no están jurídicamente claras", como es el hecho de reducir el tiempo de audiencia de cinco días a los afectados por tramitación de procedimientos de modificación de condiciones de utilización del recurso.
"Esa reducción del período de alegaciones de diez a cinco días supone un menoscabo en los derechos de los agricultores para poder reclamar que está o no conforme con las modificaciones realizadas", apuntó el dirigente agrario.
Afán de Ribera mostró su deseo de que estos "déficits" sean corregidos "a través de una negociación con vistas a poder conseguir mejorar este decreto, que es necesario, entre todos".
Asaja-A también echa de menos que aparezca "más claramente" en el borrador la puesta en marcha del banco de aguas y la cesión de derechos "lo que sí aparece recogido en otros decretos similares