La Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) exigió que las administraciones públicas, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía, "habiliten mecanismos que hagan efectivo el pago de compensaciones para los regantes en el caso de que llevaran acabo reasignaciones de recurso en el marco del Decreto de Sequía para la cuenca del Guadalquivir".
El presidente de Feragua, José Fernández de Heredia, presentó hoy las alegaciones que la federación ha realizado al borrador de Decreto de Sequía presentado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros, bajo el principio de que sea prioritario destinar agua para abastecimiento, algo apoyado por los regantes.
En ese sentido, indicó que el borrador de Decreto sí contempla el establecimiento de compensaciones, con cantidades acordadas entre la parte beneficiada y la parte perjudicada, aunque apuntó la necesidad de que "las administraciones habiliten mecanismos para hacer efectivo dicho pago y controlen que se efectúa el pago de dichas compensaciones, para evitar casos como ocurrió en 1995, cuando se produjo una cesión de recursos y no percibimos ninguna cantidad a cambio".
"La mayor garantía que debe conferirse al abastecimiento no exime a los beneficiarios de dicha garantía, de su obligación de indemnizar económicamente a los perjudicados por el lucro cesante, en el caso de que se produzcan las citadas reasignaciones", agregó Fernández de Heredia, que recordó que dichas indemnizaciones están recogidas en la Ley de Aguas y deben ser aprobadas por el organismo de cuenca.
De esta forma, los regantes podrán verse beneficiados por compensaciones procedentes de ayuntamientos o industrias necesitadas de agua. Aunque las compensaciones deben ser pactadas, Feragua apuntó que "ningún regante accedería a una cesión del recurso si percibe por debajo de 30-35 pesetas el metro cúbico".
Fernández de Heredia consideró "innecesario" dicho borrador de Decreto "que no es urgente, como sí lo era el decreto para la zona de Málaga", y precisó que actualmente "existe agua para abastecimiento de la población para dos años, mientras que con los actuales recursos hídricos destinados a regadíos se podrá abastecer al 50 por ciento de la superficie regable".
Apuntó que las razones que el propio Gobierno central y la Confederación Hidrográfica esgrimen para dotar de urgencia a su aprobación es la idea de que con esta norma "se pueden acometer obras de urgencia sin necesidad de una expropiación previa de terrenos, sólo actuando de forma directa".
MAYOR REPRESENTACION
Entre las alegaciones presentadas, los regantes pidieron que se activen y se pongan en marcha las dos figuras que la Ley de Aguas contempla para posibilitar el intercambio de recursos entre usuarios, con compensaciones económicas pactadas entre las partes cedentes y receptoras, como sería la cesión de derechos y el Banco Público de Aguas, mecanismos que permiten la cesión temporal de los derechos de las aguas entre concesionarios.
Además, tras recordar que la Cuenca del Guadalquivir "es la que mayor número de regantes aglutina", con 700.000 hectáreas, reivindicaron en sus alegaciones que se amplíe de uno a cuatro los miembros el número de representantes del regadío en el Comité Permanente de la Junta de Gobierno "al igual que se aprobó en la Cuenca del Segura", indicó el gerente de Feragua, Pedro Parias.
Fernández de Heredia recordó que el regadío del Guadalquivir genera más de 3.000 millones de euros anuales, más de 128.000 puestos de trabajo directos al año "y unos beneficios ambientales incalculables, en forma de aportación a la atmósfera, la lucha contra la erosión y conservación del paisaje". "El regadío del Guadalquivir transforma el agua que consume en un seis por ciento del Valor Añadido Bruto de la Cuenca y en un siete por ciento del empleo total".
En ese sentido, y ante la posibilidad de que se puedan establecer restricciones al empleo de agua para regadíos, Fernández de Heredia advirtió de que "si las restricciones impidieran a los regantes dejar de usar agua durante un año y no hubiera compensaciones, Andalucía perderá más de 5.000 millones de euros de facturación y 165.000 empleos directos y cientos de localidades que viven del regadío se verían abocadas a la pobreza y a la despoblación".
MULTAS "DESPROPORCIONADAS" POR NO TENER CONTADORES
Parias también se mostró en contra del "desproporcionado" régimen sancionador propuesto para aquellos que incumplan algunas de las condiciones del Decreto, como el establecimiento de contadores de agua, lo que permite multas de entre 300.000 y 600.000 euros.
Feragua también mostró su disconformidad, y así lo expuso en sus alegaciones, con otros aspectos del borrador de sequía para el Guadalquivir, concretamente con la facultad de que la Junta de Gobierno tenga capacidad para modificar los criterios de prioridad para la reasignación de recursos a los distintos usos del agua "algo contrario a la Ley de Aguas"; así como con el "escaso" plazo de audiencia de cinco días a los afectados por tramitación de procedimientos de modificación de condiciones de la utilización del recurso.
Pedro Parias además denunció el hecho de que "se haya tardado diez años en iniciar las obras de nuevos embalses, pantanos o infraestructuras en la Cuenca, cuando si se hubieran ejecutado los embalses previstos por el Plan Hidrológico Nacional y se hubieran paralizado las nuevas demandas de riego de los últimos años, en la actualidad no existiría debate alguno sobre restricciones, puesto que el agua para abastecimiento y regadío estaría garantizado para un mínimo de tres años".
Feragua se mostró contraria a que "se propicie el enfrentamiento y la confrontación de intereses entre el abastecimiento o el regadío". "Hay que evitar cualquier tipo de manifestación que pueda conducir a los ciudadanos a la conclusión injusta de que el regadío sustrae agua al abastecimiento, cuando quienes sufre más restricciones son los regantes en beneficio de los abastecimientos", añadió Fernández de Heredia.