La Federación de Comunidades de Regantes, Feragua, acordó en su junta general extraordinaria, celebrada la semana pasada, la ampliación de su ámbito territorial al resto de Andalucía, refrendando así la decisión adoptada el pasado 29 de septiembre en Jerez de la Frontera. En la actualidad, Feragua asocia a unas 250.000 hectáreas distribuidas por las provincias de Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz.
La superficie controlada por Feragua es el 42% de toda la zona regable de las Cuencas del Guadalquivir, Guadalete y Barbate y más del 60% de la superficie adscrita a comunidades de regantes. Tras la decisión tomada en su última junta general extraordinaria, Feragua espera sumar en menos de un año 100.000 nuevas hectáreas de regadío.
En este momento, más de 50.000 hectáreas de riego de la cuenca Mediterránea andaluza han mostrado interés en adherirse a Feragua. Asimismo, Feragua indica que se encuentran muy avanzadas las negociaciones con distintas comunidades de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga que permitirán alcanzar en muy poco tiempo el objetivo deseado. Se materialicen o no esas gestiones, Feragua es ya la principal Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía.
La ampliación del ámbito territorial de actuación de Feragua se produce como consecuencia del traspaso a la Junta de Andalucía de las competencias hidrográficas de las cuencas intra-comunitarias andaluzas.
Feragua entiende que esta concentración hacía aconsejable la unión de todo el regadío andaluz en torno a una entidad fuerte y representativa, 'que canalice con criterios profesionales los intereses colectivos del sector, y que sea capaz de ser un interlocutor válido para colaborar con la administración en la resolución de los problemas y retos que plantea la política de regadíos, en una región seca como la andaluza', explica su presidente, José Fernández de Heredia.
Tras la decisión de su junta general, Feragua va a dirigirse a la Junta de Andalucía para solicitarle políticas hidráulicas que favorezcan el desarrollo sostenible del regadío. Es decir, políticas que faciliten una mayor garantía de agua para el riego e infraestructuras modernas y eficientes que faciliten el ahorro del recurso, y al mismo tiempo, que permitan el aumento de la competitividad en los mercados agrarios, con productos de calidad producidos con técnicas de riego respetuosas con el medio ambiente.