Brussels will only finance with 40 million the divert if the new course is approved
Fri, 11/11/2005
La UE indica a los usuarios del Júcar-Vinalopó que reclamará los otros 40 millones invertidos en el tramo desechado en caso de no aceptar el cambio
F. J. BENITO. ENVIADO ESPECIAL A BRUSELAS
La Unión Europea advirtió ayer de que si el nuevo proyecto del Júcar-Vinalopó no cumple las directrices comunitarias el Gobierno español no sólo no recibirá los 40 millones de euros que restan por llegar para financiar las obras del proyecto original, sino que tendrá que devolver los 40 millones que ya ha abonado en concepto de certificaciones de las obras ya realizadas. El anuncio fue hecho en la tarde de ayer por Rory Mackenna y Georgiuos Peroulakis, jefes de unidad de Política Regional y Medio Ambiente al presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, con el que mantuvieron una reunión en la capital de la UE.
En estos momentos, Aguas del Júcar ha pagado ya 126 millones de euros de las obras entre Cortes y Villena, de los cuales 40 millones han llegado de Bruselas, lo que representa el 40% del coste del tramo de Cortes. Un tramo que desde el pasado martes está fuera del proyecto original, ya que se quiere transformar en una central hidroeléctrica.
Los responsables de Medio Ambiente y fondos económicos apuntaron, no obstante, que el Gobierno central es soberano para modificar el proyecto pero apuntaron que la fecha límite para presentar el nuevo documento entre Cullera y Villena es el mes diciembre de 2006. A partir de ahí comenzará el proceso de estudio. Martínez trasladó, por su parte, que los usuarios rechazan la modificación acordada por el Ministerio de Medio Ambiente debido a que, según la Junta, no es viable económicamente, no garantiza más agua y el caudal del Azud de la Marquesa no sirve para el abastecimiento.
Andrés Martínez acudió ayer a Bruselas acompañado de sus dos vicepresidentes, Francisco Santiago y Luis Alted, quienes expusieron a Mackenna y Peroulakis su tajante negativa a aceptar el trazado del Júcar-Vinalopó que arranca en Cortes de Pallás. Los usuarios estiman que el coste se dispara a los 480 millones de euros -un presupuesto que duplica al actual- y, además, el precio del agua será de 0,40 euros, «insostenible completamente por lo que es imposible que podamos aceptar el cambio que plantea el Ministerio». Martínez estuvo acompañado también por Francisco Cabezas, autor del informe de los usuarios sobre la toma en Cullera, quien explicó a los técnicos de la UE que la cantidad de agua a trasvasar es similar en Cortes y el Azud de la Marquesa -unos 50 hm 3 al año- pero el caudal de la desembocadura tiene una calidad mucho menor.
Otro de los argumentos que trasladaron los usuarios es que el nuevo trazado atraviesa siete zonas declaradas Lugar de Interés Comunitario, por lo que «difícilmente podrá pasar una evaluación ambiental». Desde la Comisión Europea se transmitió que ellos no tienen ningún proyecto nuevo y por ello no pueden opinar sobre la intención del Ministerio de Medio Ambiente, pero sí alertaron de que el proyecto Cullera-Villena tiene que contemplar unos costes de amortización de las obras. De no ser así, se rechazaría su financiación. En este sentido, los usuarios advirtieron de que en el informe del que disponen el Ministerio ha calculado «coste de repercusión cero», lo que fue recibido con alarma por los rectores comunitarios.
El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, volvió a incidir ayer, por otro lado, en que «el proyecto que nos quieren imponer es ilegal por todos lados. No hay comunicación oficial y encima en la reunión del consejo de administración de Aguas del Júcar nos anunciaron que la transformación del tramo I -impulsión de Cortes- en una central hidroeléctrica incrementará el presupuesto en 64 millones de euros. Es de locos y además nos parece ilegal, ya que la empresa pública no deja de ser una sociedad instrumental que tiene que cumplir lo que le ordena el Ministerio de Medio Ambiente. Estamos esperando una comunicación oficial para analizarla desde el punto de vista jurídico». Fuentes cercanas a la Junta indicaron, por otra parte, que Iberdrola no contempla con buenos ojos la transformación de la impulsión de Cortes en una central hidroeléctrica. Al menos, la compañía no estaría interesada en contar con esa instalación que prácticamente representa un uno por ciento de la infraestructura que ya tiene».
La reunión en Bruselas fue posible gracias a la gestión de la oficina de la Generalitat Valenciana en la capital comunitaria. Un encuentro en el que la UE instó a la Junta Central a buscar un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y del que tampoco se pueden sacar muchas conclusiones, ya que la Comisión no tiene competencias para decidir sobre los proyectos de un estado miembro. Sin embargo, la financiación sí está en el aire dado que el tiempo pasa en contra de los intereses del Ministerio de Medio Ambiente, que ayer quedó demostrado que no tiene ninguna relación con los usuarios. La Junta Central denunció en Bruselas que todos los movimientos de Aguas del Júcar son ilegales y que ellos están fuera del proyecto. Además, Andrés Martínez trasladó a los responsables de Política Regional y Medio Ambiente el riesgo de quiebra de la sociedad estatal «porque se puede descapitalizar sin la subvención europea, sin nuestros 75 millones y teniendo que pagar, por tanto, 480 millones de euros».
F. J. BENITO. ENVIADO ESPECIAL A BRUSELAS
La Unión Europea advirtió ayer de que si el nuevo proyecto del Júcar-Vinalopó no cumple las directrices comunitarias el Gobierno español no sólo no recibirá los 40 millones de euros que restan por llegar para financiar las obras del proyecto original, sino que tendrá que devolver los 40 millones que ya ha abonado en concepto de certificaciones de las obras ya realizadas. El anuncio fue hecho en la tarde de ayer por Rory Mackenna y Georgiuos Peroulakis, jefes de unidad de Política Regional y Medio Ambiente al presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, con el que mantuvieron una reunión en la capital de la UE.
En estos momentos, Aguas del Júcar ha pagado ya 126 millones de euros de las obras entre Cortes y Villena, de los cuales 40 millones han llegado de Bruselas, lo que representa el 40% del coste del tramo de Cortes. Un tramo que desde el pasado martes está fuera del proyecto original, ya que se quiere transformar en una central hidroeléctrica.
Los responsables de Medio Ambiente y fondos económicos apuntaron, no obstante, que el Gobierno central es soberano para modificar el proyecto pero apuntaron que la fecha límite para presentar el nuevo documento entre Cullera y Villena es el mes diciembre de 2006. A partir de ahí comenzará el proceso de estudio. Martínez trasladó, por su parte, que los usuarios rechazan la modificación acordada por el Ministerio de Medio Ambiente debido a que, según la Junta, no es viable económicamente, no garantiza más agua y el caudal del Azud de la Marquesa no sirve para el abastecimiento.
Andrés Martínez acudió ayer a Bruselas acompañado de sus dos vicepresidentes, Francisco Santiago y Luis Alted, quienes expusieron a Mackenna y Peroulakis su tajante negativa a aceptar el trazado del Júcar-Vinalopó que arranca en Cortes de Pallás. Los usuarios estiman que el coste se dispara a los 480 millones de euros -un presupuesto que duplica al actual- y, además, el precio del agua será de 0,40 euros, «insostenible completamente por lo que es imposible que podamos aceptar el cambio que plantea el Ministerio». Martínez estuvo acompañado también por Francisco Cabezas, autor del informe de los usuarios sobre la toma en Cullera, quien explicó a los técnicos de la UE que la cantidad de agua a trasvasar es similar en Cortes y el Azud de la Marquesa -unos 50 hm 3 al año- pero el caudal de la desembocadura tiene una calidad mucho menor.
Otro de los argumentos que trasladaron los usuarios es que el nuevo trazado atraviesa siete zonas declaradas Lugar de Interés Comunitario, por lo que «difícilmente podrá pasar una evaluación ambiental». Desde la Comisión Europea se transmitió que ellos no tienen ningún proyecto nuevo y por ello no pueden opinar sobre la intención del Ministerio de Medio Ambiente, pero sí alertaron de que el proyecto Cullera-Villena tiene que contemplar unos costes de amortización de las obras. De no ser así, se rechazaría su financiación. En este sentido, los usuarios advirtieron de que en el informe del que disponen el Ministerio ha calculado «coste de repercusión cero», lo que fue recibido con alarma por los rectores comunitarios.
El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, volvió a incidir ayer, por otro lado, en que «el proyecto que nos quieren imponer es ilegal por todos lados. No hay comunicación oficial y encima en la reunión del consejo de administración de Aguas del Júcar nos anunciaron que la transformación del tramo I -impulsión de Cortes- en una central hidroeléctrica incrementará el presupuesto en 64 millones de euros. Es de locos y además nos parece ilegal, ya que la empresa pública no deja de ser una sociedad instrumental que tiene que cumplir lo que le ordena el Ministerio de Medio Ambiente. Estamos esperando una comunicación oficial para analizarla desde el punto de vista jurídico». Fuentes cercanas a la Junta indicaron, por otra parte, que Iberdrola no contempla con buenos ojos la transformación de la impulsión de Cortes en una central hidroeléctrica. Al menos, la compañía no estaría interesada en contar con esa instalación que prácticamente representa un uno por ciento de la infraestructura que ya tiene».
La reunión en Bruselas fue posible gracias a la gestión de la oficina de la Generalitat Valenciana en la capital comunitaria. Un encuentro en el que la UE instó a la Junta Central a buscar un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y del que tampoco se pueden sacar muchas conclusiones, ya que la Comisión no tiene competencias para decidir sobre los proyectos de un estado miembro. Sin embargo, la financiación sí está en el aire dado que el tiempo pasa en contra de los intereses del Ministerio de Medio Ambiente, que ayer quedó demostrado que no tiene ninguna relación con los usuarios. La Junta Central denunció en Bruselas que todos los movimientos de Aguas del Júcar son ilegales y que ellos están fuera del proyecto. Además, Andrés Martínez trasladó a los responsables de Política Regional y Medio Ambiente el riesgo de quiebra de la sociedad estatal «porque se puede descapitalizar sin la subvención europea, sin nuestros 75 millones y teniendo que pagar, por tanto, 480 millones de euros».