La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) podrá imponer multas de entre 300.506,06 y 601.012,1 euros a quienes no respeten las modulaciones y reasignaciones de caudales ordenadas por el organismo de cuenca para paliar la escasez de agua por la sequía. Esta será una de las facultades excepcionales que el Consejo de Ministros dará a la CHE dentro de unas semanas para combatir la escasez de agua.
Ayer, la Junta de Gobierno de la CHE aprobó un informe para solicitar al Gobierno que apruebe un decreto específico para la cuenca del Ebro, similar a los emitidos para el Júcar, el Segura y el Tajo, en aplicación del artículo 58 de la Ley de Aguas. Este precepto permite a la Administración cambiar los usos del agua ante sequías excepcionales.
El decreto, que no incluirá ayudas económicas --reguladas por el aprobado en junio--, facultará a la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno para, tal como adelantó EL PERIODICO, "modificar concesiones y cambiar la prioridad de usos", aunque siempre con el abastecimiento en primer lugar. El presidente del organismo de cuenca, José Luis Alonso, anotó que "nos dará capacidad real de intervenir sobre los derechos de los usuarios". En la comisión, que tendrá representantes de las comunidades autónomas y de los usuarios --un regadío, un abastecimiento y una hidroeléctrica--, habrá, con voz pero sin voto, un vocal ecologista, otro municipal, otro sindical y otro empresarial.
El borrador del decreto autoriza a la CHE a reducir las dotaciones de los usuarios, modificar los criterios de prioridad --aunque siempre con el abastecimiento humano en primer lugar-- o alterar las asignaciones de caudales del Plan Hidrológico del Ebro. También podrá reformar autorizaciones de vertido, lo que puede incidir en el funcionamiento de las industrias contaminantes si los ríos en los que deponen bajan secos y obligarles a intensificar su depuración, y readaptar el régimen de explotación de las centrales hidroeléctricas. Además, el organismo de cuenca estará facultado para exigir a los usuarios la instalación de aparatos de medición y modulación de caudales. Vulnerar la orden de colocarlos y no respetar las modificaciones de caudal será considerado ahora falta grave, lo que conlleva multas de entre 50 y 100 millones de las antiguas pesetas.
La CHE aplicará estas medidas por zonas según la delimitación que acuerde la Comisión Permanente tras la aprobación del decreto y en función del balance hídrico que registre cada una de ellas. Será el primer decreto de sequía que afecte a toda la cuenca.
La Confederación podrá declarar de oficio obras de urgencia, al tiempo que agilizará hasta apenas unos días la tramitación de sus expedientes y la ocupación de los terrenos.
Alonso destacó que la lluvia de octubre ha paliado la sequía en algunas zonas y ha permitido la siembra, aunque no soluciona la situación de escasez de recursos.