Castilla-La Mancha Government will appeal against the new divert for irrigation in the Supreme Court
Mon, 24/10/2005
«Ha quedado claro que al Gobierno de España le es cada vez más difícil aprobar un trasvase y justificarlo ante la opinión pública», dijo la consejera de Obras Públicas
MERCEDES VEGA
TOLEDO. El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá ante el Tribunal Supremo el trasvase de 18 hectómetros cúbicos para regadío aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Así lo anunció por la tarde la consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez, quien aseguró que la nueva derivación de agua de la cabecera del Tajo al Levante «ni es prudente, ni está justificada, pues pone en riesgo el abastecimiento de la población de Madrid, Castilla-La Mancha, Alicante, Murcia y Almería».
La consejera castellano manchega agregó que lo único que ha cambiado, desde que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo hace 15 días que no era prudente un trasvase para regadíos, es que los embalses de cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía- están todavía peor y se encuentran al 12,7 por ciento de su capacidad, con 315 hectómetros cúbicos. El saldo neto de los pantanos -con aportaciones casi nulas y transferencias o pérdidas- en las dos últimas semanas supone que han perdido 15 hectómetros cúbicos.
Presiones de los regantes
Álvarez recordó además que el 72 por ciento del agua que sale por los grifos de Alicante capital, la región de Murcia y Almería procede del Tajo, «y son las presiones irresponsables de los regantes de Murcia, apoyadas por el Gobierno murciano, las que ponen en peligro el abastecimiento a sus convecinos».
La titular regional de Obras Públicas señaló que tiene «un punto de tristeza» que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha el que está ejerciendo la responsabilidad de pedir que se garantice el abastecimiento de las personas.Sin embargo, afirmó, «las cosas están cambiando, y muy rápido» y ha quedado claro que al Gobierno de España le es cada vez más difícil aprobar un trasvase y justificarlo ante la opinión pública.
El trasvase Tajo-Segura, puntualizó Álvarez, «tiene cada vez menos viabilidad y es un sistema en crisis gracias a la disposición que introdujo el Gobierno castellano-manchego en la Ley del Plan Hidrológico Nacional», según la cual el volumen de agua trasvasable se irá reduciendo porque Castilla-La Mancha tiene prioridad en el uso del agua del Tajo y de la infraestructura.
«En Castilla-La Mancha necesitamos ese agua y la vamos a utilizar», aseguró Álvarez, quien añadió que así se reducirá el volumen trasvasable, como también a medida que se pongan en marcha recursos alternativos en la cuenca del Segura, como las desaladoras.
El desembalse de 18 hectómetros cúbicos forma parte de los 60 hectómetros cúbicos que como máximo podrían trasvasarse para riegos en el año hidrológico (octubre de 2005 a septiembre de 2006), y suponen el 20 por ciento de la cantidad para regadío derivada el año anterior.
En caso de ganar el recurso contra este nuevo trasvase, el Ejecutivo autonómico la restitución de los caudales cedidos a la cuenca del Segura, «sería una hipoteca sobre futuras transferencias», concluyó María Encina Álvarez, quien aprovechó la ocasión para culpar de nuevo al anterior Gobierno central del PP, «que si hubiera gestionado con prudencia las lluvias abundantes de otros años, la situación no sería ahora tan grave».
MERCEDES VEGA
TOLEDO. El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá ante el Tribunal Supremo el trasvase de 18 hectómetros cúbicos para regadío aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Así lo anunció por la tarde la consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez, quien aseguró que la nueva derivación de agua de la cabecera del Tajo al Levante «ni es prudente, ni está justificada, pues pone en riesgo el abastecimiento de la población de Madrid, Castilla-La Mancha, Alicante, Murcia y Almería».
La consejera castellano manchega agregó que lo único que ha cambiado, desde que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo hace 15 días que no era prudente un trasvase para regadíos, es que los embalses de cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía- están todavía peor y se encuentran al 12,7 por ciento de su capacidad, con 315 hectómetros cúbicos. El saldo neto de los pantanos -con aportaciones casi nulas y transferencias o pérdidas- en las dos últimas semanas supone que han perdido 15 hectómetros cúbicos.
Presiones de los regantes
Álvarez recordó además que el 72 por ciento del agua que sale por los grifos de Alicante capital, la región de Murcia y Almería procede del Tajo, «y son las presiones irresponsables de los regantes de Murcia, apoyadas por el Gobierno murciano, las que ponen en peligro el abastecimiento a sus convecinos».
La titular regional de Obras Públicas señaló que tiene «un punto de tristeza» que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha el que está ejerciendo la responsabilidad de pedir que se garantice el abastecimiento de las personas.Sin embargo, afirmó, «las cosas están cambiando, y muy rápido» y ha quedado claro que al Gobierno de España le es cada vez más difícil aprobar un trasvase y justificarlo ante la opinión pública.
El trasvase Tajo-Segura, puntualizó Álvarez, «tiene cada vez menos viabilidad y es un sistema en crisis gracias a la disposición que introdujo el Gobierno castellano-manchego en la Ley del Plan Hidrológico Nacional», según la cual el volumen de agua trasvasable se irá reduciendo porque Castilla-La Mancha tiene prioridad en el uso del agua del Tajo y de la infraestructura.
«En Castilla-La Mancha necesitamos ese agua y la vamos a utilizar», aseguró Álvarez, quien añadió que así se reducirá el volumen trasvasable, como también a medida que se pongan en marcha recursos alternativos en la cuenca del Segura, como las desaladoras.
El desembalse de 18 hectómetros cúbicos forma parte de los 60 hectómetros cúbicos que como máximo podrían trasvasarse para riegos en el año hidrológico (octubre de 2005 a septiembre de 2006), y suponen el 20 por ciento de la cantidad para regadío derivada el año anterior.
En caso de ganar el recurso contra este nuevo trasvase, el Ejecutivo autonómico la restitución de los caudales cedidos a la cuenca del Segura, «sería una hipoteca sobre futuras transferencias», concluyó María Encina Álvarez, quien aprovechó la ocasión para culpar de nuevo al anterior Gobierno central del PP, «que si hubiera gestionado con prudencia las lluvias abundantes de otros años, la situación no sería ahora tan grave».