Las empresas demandadas por Boliden Apirsa --Geocisa, Intecsa, Dragados (hoy ACS), Banco Vitalicio y Zurich--, no han aceptado hoy las causas del siniestro que se establecieron en el juicio penal que se celebró en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y han rechazado indemnizar a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) porque consideran que ambas instituciones han impuesto una sanción que debe pagar Boliden.
Según informó a Europa Press el portavoz de Boliden Apirsa, Antonio Fernández, en la Audiencia que se ha celebrado esta mañana en el Juzgado Número 9 de Madrid, como paso previo al juicio de la empresa minera contra las citadas sociedades, las demandadas aseguraron que las causas que se establecieron en su momento no provocaron el vertido, exculpándose con ello del mismo.
Indicaron ante el juez que fueron las filtraciones de la balsa las que provocaron el accidente y uno de sus peritos agregó que el 80 por ciento de estos sucesos se produce por el descoronamiento de la balsa, es decir porque el agua rebosa.
Fernández señaló que esta explicación es "absurda" porque, según recordó, en el juicio penal ya quedó establecido que el muro se desplazó con una lengua de tierra de 14 metros y quedó intacto. "Quieren confundir al juez cuando sacan estas teorías después de tres años de investigaciones de peritos independientes nombrados por el juez en el caso penal", aseguró.
Además, las empresas impugnaron el informe de daños presentado por Boliden, que cifra estos en 115 millones de euros, alegando que muchas de las partidas incluidas no están lo suficientemente justificadas.
En cuanto a la segunda parte de la petición económica que Boliden realiza, unos 135 millones de euros, para hacer frente a la indemnización que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha solicitado de la empresa minera, las sociedades demandadas alegaron que es una sanción y rechazan pagarla.
Dijeron que esa cifra no es repercutible por ser una sanción y señalaron que es Boliden quien debe hacer frente a la misma, pero esta empresa apuntó ante el juez que la sanción sólo es el 1 por ciento de la cantidad pedida por la Junta y la CHG, mientras que el 99 por ciento es una indemnización por los costes registrados como consecuencia del vertido.
Mañana continuará la Audiencia previa al juicio con la aportación de pruebas periciales por parte de cada una de las partes, y el juez concretará la fecha de inicio del juicio, que, según indicó Fernández, podría comenzar en enero o febrero del próximo año.
La rotura de la balsa provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas; la mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.