La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, consideró hoy que se abre una "nueva perspectiva muy interesante" para la Junta con el inicio de la vista de la demanda planteada por Boliden contra las empresas constructoras de la balsa que provocó el vertido de lodos en Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, sobre todo, por las declaraciones de responsables de la empresa sueco-canadiense de que, si finalmente ganaran el pleito, podrían abonar entre otros gastos los costes de la limpieza que asumió la Administración andaluza en la restauración de la cuenca del Guadiamar.
En declaraciones a los periodistas tras presentar la nueva página web de su departamento, Coves detalló que la Junta continuará con el procedimiento abierto para conseguir el embargo de los bienes que Boliden tiene en Holanda o Suecia por valor de 90 millones de euros y que aún debe tramitar la Consejería de Economía pero subrayó que la apertura de esta instancia se seguirá con atención desde la Administración.
La consejera aseguró por tanto que "haremos un seguimiento constante de la demanda presentada por Boliden", una denuncia cuya audiencia previa se celebra hoy en el Juzgado Número 9 de Madrid y que se plantea contra Geocisa, Intecsa, Dragados --hoy ACS--, Banco Vitalicio (aseguradora) y Zurich (aseguradora de Intecsa), a los que Boliden culpa de la rotura el 25 de abril de 1998 de la balsa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
Según informó a Europa Press un portavoz de Boliden Apirsa, Antonio Fernández, si la sentencia fuera favorable a Boliden en primera instancia, se habría acabado el proceso paralelo de liquidación de los activos de Boliden para pagar a los acreedores y abonar los costes de la limpieza, "porque habría dinero para pagar a todo el mundo de sobra". Previó, en base a la fecha que se ha fijado para la audiencia previa, que "probablemente el juicio comenzará antes de que acabe el año y tendremos sentencia dentro de 2006".
La Junta de Andalucía presentó una demanda contra la compañía minera sueca para exigirle el pago de unos 90 millones de euros por los costes de limpieza, mientras que Boliden Apirsa hizo lo mismo contra las mencionadas compañías, a quienes considera los verdaderos culpables del accidente.
Boliden estima que no es responsable del accidente porque, a su juicio, ningún tribunal español ha demostrado responsabilidad directa alguna de la empresa en el accidente de la balsa minera. Es más, insiste en que lo son aquellas compañías responsables del diseño y la construcción de la balsa.
250 MILLONES DE EUROS
Por todo ello, Boliden reclamó en un primer momento a estas empresas 115 millones de euros, cifra que posteriormente ha aumentado hasta 250 millones de euros.
La rotura de la balsa provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas; la mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.